NUEVO PRÓLOGO ACTUALIZADO DEL AUTOR(1)
Que El precio de la desigualdad había conectado con el sentir de la gente estaba claro por la acogida que tuvo el libro. No solo en Estados Unidos, sino también en todo el mundo, existe una preocupación cada vez mayor por el aumento de la desigualdad y la falta de oportunidades, y por la forma en que esas dos tendencias, que van de la mano, están cambiando nuestras economías, nuestras políticas democráticas y nuestras sociedades. Durante mis viajes por Estados Unidos y Europa, al hablar de la desigualdad, de sus causas y consecuencias, y de lo que podía hacerse al respecto, muchas personas me contaban sus historias personales sobre la forma en que todo lo que está pasando les estaba afectando a ellos, a sus familias y a sus amigos. Sin embargo, tras esas historias había un montón de nuevos datos que también tienen mucho que ver con los argumentos de este libro. En este nuevo prólogo, quisiera compartir con los lectores algunos de los momentos más reveladores de todas esas charlas sobre la desigualdad, así como aportar algunos datos nuevos que reafirman mis conclusiones originales, y examinar otros cambios que se han producido en el panorama político y económico. En Estados Unidos, el acontecimiento más importante ha sido la enconada contienda electoral de 2012 y la posterior reelección de Barack Obama; en Europa ha sido la prolongación de la crisis del euro y sus profundos efectos en la desigualdad.
Muy al principio de mi gira de promoción del libro, en Washington, me di cuenta de la magnitud de la crisis de los créditos para estudiantes. Uno tras otro, los estudiantes me describían el dilema que tenían ante sí: no había trabajo, así que la mejor forma de invertir su tiempo —y de mejorar sus perspectivas— era hacer cursos de posgrado. Pero, a diferencia de los hijos de padres acomodados, esos estudiantes tenían que pagarse los cursos de posgrado de su propio bolsillo, a través de un crédito. Ya les estaba dando miedo su actual estado de endeudamiento, porque los estudiantes eran conscientes de la práctica imposibilidad de cancelar esas deudas incluso en el peor de los escenarios posibles(2). No querían pedir más préstamos, y su sensación de desilusión, de falta de esperanza, daba que pensar y resultaba muy triste. Su amargura aumentaba cuando esos estudiantes veían a su alrededor a compañeros con padres adinerados que podían aceptar prácticas no remuneradas para engordar sus currículos. Los hijos de los estadounidenses corrientes no pueden permitirse ese lujo. No tienen más remedio que aceptar cualquier trabajo temporal que les surja, por muy pocas salidas que ofrezca. Los datos que han ido apareciendo posteriormente no han hecho más que confirmar esas impresiones. Aunque las matrículas y las tasas de las universidades públicas han aumentado, como media, un 16 por ciento entre 2005 y 2010(3) —lo que es comprensible, teniendo en cuenta los recortes en los presupuestos públicos—,(4) la mediana de ingresos ha seguido disminuyendo(5). (En algunos Estados, como California, las cosas están todavía peor: el coste de la matrícula en las universidades públicas, descontando la inflación, ha aumentado en un 104 por ciento en los grados bianuales, y en aproximadamente un 72 por ciento en los cursos cuatrienales, entre el curso académico 2007-2008 y el curso 2012-2013)(6). Salir adelante parecía una tarea casi imposible.
Tal vez las estadísticas que más repercusión habían tenido, a medida que fui reuniéndome con grupos de un extremo a otro de Estados Unidos —y las que más habían sorprendido a los asistentes a mis charlas en el extranjero—, eran las relativas a la falta de igualdad de oportunidades en el país. Todo el mundo, tanto en Estados Unidos como en el extranjero, había dado por sentado que esta era la tierra de las oportunidades. Una encuesta realizada por Pew revelaba que la inmensa mayoría de los estadounidenses —aproximadamente un 87 por ciento— estaba de acuerdo con que «nuestra sociedad debería hacer lo que sea necesario para garantizar que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de triunfar»(7). Pero era evidente que no lo estábamos haciendo.
LA CRISIS SIGUE PERJUDICANDO A LOS DE EN MEDIO Y A LOS DE ABAJO
Han transcurrido más de cinco años desde que empezó la recesión. El déficit de puestos de trabajo —la diferencia entre el número real de empleos y el que existiría si la economía estuviera funcionando normalmente— sigue aumentando. Y los ingresos de los estadounidenses corrientes siguen disminuyendo. Mientras prosigue el azote de la crisis económica —al cierre de este texto, más de cinco años después del comienzo de la Gran Recesión— se deja sentir cada vez más la suma de las consecuencias de una desigualdad persistente, de una red de seguridad deficiente y de un aumento de la austeridad.
Por supuesto, la Reserva Federal ha seguido ayudando a los más ricos. Los reducidos tipos de interés vigentes se concibieron para contribuir a una subida del precio de las acciones. Actualmente, esos precios han vuelto a sus niveles de antes de la crisis (aunque, si se descuenta la inflación, siguen siendo inferiores). Quienes tuvieron los recursos económicos y las agallas de permanecer en la Bolsa se han recuperado totalmente. El 5 por ciento más rico de la población estadounidense, que posee más de dos tercios de la riqueza en acciones, en manos de familias, vuelve a ir por el buen camino(8). Los de más arriba han seguido cosechando para sí una enorme proporción de los ingresos del país. Como observaba incluso la revista The Economist, cuya orientación habitual suele ser a favor del «libre mercado», «en Estados Unidos, la proporción de la renta nacional que va a parar al 0,01 por ciento más alto (aproximadamente 16.000 familias) ha aumentado desde poco más de un 1 por ciento en 1980 a casi un 5 por ciento hoy en día: una porción de la tarta todavía mayor que la que se llevaba el 0,01 por ciento en la Edad Dorada(*)»(9). El propio Warren Buffett, que pertenece a la élite de los superricos, y que ha reconocido lo dañina que resulta la atroz desigualdad de Estados Unidos, recurrió a las páginas del New York Times en otoño de 2012 para destacar esa divergencia mediante otro indicador diferente: en 2009 (el último año para el que la Agencia Tributaria ha publicado datos) los 400 estadounidenses más ricos se llevaban a casa un «salario» de 97.000 dólares por hora(10) —una cantidad que ha aumentado a más del doble desde 1992—(11).
A los que están en la parte media y baja, y que tienen una gran parte de su patrimonio en la vivienda, no les ha ido tan bien. Los últimos datos revelan que durante el periodo de la recesión, de 2007 a 2010, la mediana de riqueza —la riqueza de los que están en medio— disminuyó en casi un 40 por ciento(12), hasta unos niveles parecidos a los de comienzos de la década de 1990. Toda la acumulación de riqueza en Estados Unidos ha ido a parar a los de arriba. Si los de abajo hubieran participado de una forma equitativa en ese aumento, su patrimonio a lo largo de las dos últimas décadas habría aumentado aproximadamente un 75 por ciento. Además, los últimos datos disponibles muestran que los de más abajo sufrieron mucho más que los de en medio. Antes de la crisis, la riqueza media del cuartil inferior era de menos 2.300 dólares. Después de la crisis, el saldo negativo se había multiplicado por 6, hasta 12.800 dólares en números rojos(13).
No es de extrañar que la persistente crisis económica haya provocado una disminución sostenida de los salarios: los salarios reales han bajado en casi un 1 por ciento para los hombres y en más de un 3 por ciento para las mujeres, tan solo entre 2010 y 2011(14). Y lo mismo ha ocurrido con los ingresos del estadounidense medio. Descontando la inflación, la mediana de ingresos de las familias en 2011 (el último año para el que disponemos de datos) era de 50.054 dólares, menos que en 1996 (50.661)(15).
Mi libro (capítulo 1) describe cómo a las familias formadas por personas de un nivel educativo limitado las cosas les están yendo peor todavía, ya que han sufrido una acusada disminución de su calidad de vida(16).
Esas alarmantes tendencias de la desigualdad de ingresos y de patrimonio se quedaban pequeñas frente a los indicios aún más perturbadores de la desigualdad en materia de salud. A medida que ha ido mejorando la asistencia médica, la esperanza de vida ha aumentado —como media, en Estados Unidos, en aproximadamente dos años entre 1990 y 2000—. Sin embargo, en el caso del sector más pobre de la población estadounidense, no ha habido ninguna mejora, y de hecho, entre las mujeres pobres la esperanza de vida ha disminuido(17).
Hoy en día, las mujeres de Estados Unidos tienen, como media, la esperanza de vida más baja de entre todos los países desarrollados(18). El nivel de estudios, que a menudo va asociado a los ingresos y a la raza, es un factor cada vez más importante de predicción de la esperanza de vida. Las mujeres blancas no hispanas con un título universitario tienen una esperanza de vida aproximadamente diez años mayor que la de una mujer negra o blanca que no tenga el título de bachillerato. Las mujeres blancas no hispanas que no tienen el bachillerato perdieron aproximadamente cinco años de esperanza de vida entre 1990 y 2008(19). En ese mismo periodo, la disminución en tres años de la esperanza de vida de los varones blancos que no tienen el diploma de bachillerato ha sido tan solo un poco menos dramática(20).
La disminución de los ingresos y del nivel de vida a menudo viene acompañada por toda una serie de manifestaciones sociales —malnutrición, consumo de drogas y deterioro de la vida familiar— que repercuten negativamente en la salud y en la esperanza de vida. De hecho, a menudo esa disminución de la esperanza de vida se considera más reveladora que las propias cifras sobre ingresos. En Rusia, durante los años posteriores a la caída del Telón de Acero, los ingresos disminuyeron, pero tal vez el indicador más fiable de lo mal que estaban las cosas lo aportaban los datos que revelaban una drástica disminución de la esperanza de vida. No es de extrañar que los expertos en salud pública hayan establecido un paralelismo entre el declive que se ha producido últimamente en Estados Unidos y lo que ocurrió en Rusia. Michael Marmot, director del Institute of Health Equity de Londres, y uno de los mayores expertos en la relación entre ingresos y salud, observaba que «la disminución en cinco años de la esperanza de vida de las mujeres rivaliza con la catastrófica reducción de siete años en el caso de los varones rusos durante los años posteriores a la caída de la Unión Soviética»(21).
Aunque no hay acuerdo sobre las causas de esos grandes cambios, un factor importante (que no se refleja adecuadamente en las estadísticas sobre ingresos) es la imposibilidad cada vez mayor de acceder a un seguro médico para los sectores de la parte más baja de la población(22). Uno de los principales objetivos del «Obamacare» (la ley de atención sanitaria asequible) era poner remedio a esa situación, pero el reciente fallo del Tribunal Supremo(23) que concedía a los estados de la Unión el derecho a renunciar a la expansión de Medicaid, sin perder la financiación, hace más probable que un importante sector de la población siga sin tener cobertura.
EL «DEBATE» DE LA DESIGUALDAD
El año pasado, durante mis viajes por todo el mundo, y al leer las críticas del libro que iban apareciendo, me alentó ver lo poco que se refutaban sus tesis centrales(24). Era difícil negar la magnitud de la desigualdad y la falta de oportunidades. Como es habitual, los catedráticos de las universidades ponen objeciones: es posible que los niveles de desigualdad no parezcan tan graves dependiendo de cómo se valoren las prestaciones que ofrecen Medicare, Medicaid y el seguro médico que aporta el empleador(25). Aunque ha aumentado el gasto en todos ellos, gran parte de esa subida puede atribuirse a un incremento en los costes médicos. No es que hayan aumentado las prestaciones en sí (26). Por otra parte, las cifras parecerían considerablemente peores si tuviéramos en cuenta el aumento de la inseguridad económica. Resultaba igualmente difícil negar que Estados Unidos había de dejado de ser la tierra de oportunidades que describían las historias «de los harapos a la riqueza» de Horatio Alger. Ni tampoco hubo intento alguno de negar que gran parte de la concentración de la riqueza de Estados Unidos en manos de los más ricos era una consecuencia de la búsqueda de rentas, como los beneficios monopolistas y la excesiva remuneración de algunos máximos directivos, y sobre todo, la del sector financiero. Como era de esperar, unos pocos críticos (incluido un antiguo presidente de la Confederación de la Industria Británica)(27) sugerían que yo prestaba menos atención de la debida a las fuerzas del mercado y que, por consiguiente, daba demasiada importancia a la búsqueda de rentas. Como explico en el texto, básicamente resulta imposible delimitar la contribución relativa de un factor individual cualquiera, teniendo en cuenta lo entremezcladas que están las distintas fuerzas que provocan la desigualdad; pueden existir honestas diferencias de opinión. Pero, como subrayo en el capítulo 2, los mercados no existen en un vacío. Están condicionados por nuestra política, a menudo en un sentido que beneficia a los de arriba. Por añadidura, aunque probablemente podamos hacer muy poco para cambiar la dirección de las fuerzas del mercado, sí podemos poner límites a la búsqueda de rentas. O por lo menos podríamos, si lográramos poner cierto orden en nuestra esfera política.
Me resultó muy alentador el hecho de que al debate se incorporara un número aún mayor de publicaciones conservadoras. The Economist, en un excelente reportaje especial, destacaba la magnitud del aumento de la desigualdad y de la disminución de la igualdad de oportunidades, y se mostraba de acuerdo con la mayoría de nuestros diagnósticos y de muchas de nuestras recomendaciones(28). Tras señalar, igual que lo había hecho yo, que gran parte de la desigualdad existente en Estados Unidos, sobre todo en la parte más alta, se debía a la búsqueda de rentas(29), The Economist concluía, en particular, que «la desigualdad ha llegado a un nivel en que puede resultar ineficiente y perjudicial para el crecimiento»(30). El reportaje, que comparte nuestra preocupación por la falta de oportunidades en Estados Unidos, cita unos resultados obtenidos por Sean Reardon, de la Universidad de Stanford(31), donde se aprecia que «la brecha entre la puntuación que obtienen en los exámenes los niños estadounidenses ricos y los niños pobres es aproximadamente entre un 30 y un 40 por ciento más amplia que hace veinticinco años»(32). No es de extrañar que las recomendaciones de The Economist comenzaran por una «ofensiva contra los monopolios y los intereses creados», para a continuación examinar las formas de mejorar la movilidad económica, donde el «objetivo sea la educación preescolar, así como más formación para el reciclaje profesional de los desempleados»(33). El reportaje incluso reconocía la necesidad de una fiscalidad más progresiva, incluyendo «estrechar la brecha que existe entre los tipos impositivos sobre las rentas de trabajo y sobre las rentas de capital; y de apoyarse más en unos impuestos eficientes, que sean pagados en su inmensa mayoría por los ricos, como por ejemplo los impuestos sobre bienes inmuebles».
No obstante, el debate fue más intenso en torno a un argumento (que se alegaba de forma explícita en un libro publicado poco tiempo después que el mío)(34) basado en otra variante de la teoría económica del goteo. En esta nueva versión de un viejo mito, los ricos son los creadores del empleo; si se da más dinero a los ricos, habrá más puestos de trabajo. Lo más irónico era que el autor de ese libro, al igual que el candidato presidencial al que apoyaba, procedía de una firma de capital riesgo dedicada a un modelo de negocio bien consolidado que consistía en comprar empresas, cargarlas de deudas, «reestructurarlas» a base de despedir a un gran número de trabajadores y vender la participación de la firma (por lo menos eso era lo que se pretendía) antes de que la empresa quebrara. Por supuesto, en la economía había innovadores de verdad, y esos sí creaban empleo; pero incluso la empresa que se había convertido en el emblema del éxito estadounidense, Apple, cuyo valor de mercado en 2012 era mayor que el de General Motors en su apogeo, tan solo tenía 47.000 empleados en Estados Unidos(35). En un mundo globalizado, crear valor de mercado había pasado a ser algo totalmente diferente de crear empleo. No había motivo para pensar que dando dinero a los ricos de Estados Unidos iba a aumentar la inversión en el país: el dinero va allí donde la rentabilidad es más alta, y con la crisis económica estadounidense, a menudo las rentabilidades más altas parecen estar en las inversiones en los mercados emergentes. E incluso cuando hay inversión en Estados Unidos, esta no conlleva necesariamente la creación de puestos de trabajo: gran parte de la inversión es en maquinaria destinada a sustituir la mano de obra, a destruir puestos de trabajo.
Llama la atención que, en el momento de máximo apogeo del capitalismo sin trabas, los primeros años de este siglo, un periodo en que la desigualdad en la parte más alta había aumentado a un ritmo sin precedentes, no hubiera creación de empleo en el sector privado. Y si excluimos el sector de la construcción —que se basaba en una burbuja inmobiliaria— las cifras parecen aún peores.
El dinero que se regala a los de arriba no solo no se dedica necesariamente a la «creación de puestos de trabajo» y a la innovación; una parte de ese dinero se dedica a distorsionar nuestra política, sobre todo en esta nueva era, inaugurada a raíz del caso Citizens United, donde no existen trabas a las contribuciones a las campañas. Lo que hemos presenciado muy claramente es que un uso frecuente de la riqueza es conseguir ventajas en la búsqueda de rentas y perpetuar las desigualdades a través del proceso político. Más adelante, en este mismo prólogo, describiré algunos de los ejemplos más reveladores de búsqueda de rentas que han salido a la luz tan solo en este último año.
El mismo viejo «mito» por el que deberíamos celebrar la riqueza de los de arriba, ya que todos salimos beneficiados de ella, se ha utilizado para justificar el mantenimiento de unos impuestos bajos sobre las plusvalías de capital. Sin embargo, la mayoría de estas se consiguen no a través de la creación de puestos de trabajo, sino de algún tipo de especulación. Una parte de esa especulación resulta desestabilizadora y desempeñó un papel importante en la crisis económica que ha costado tantos empleos.
LA CAMPAÑA PRESIDENCIAL
Durante la campaña, la palabra «desigualdad» no se escuchó muy a menudo. De hecho, teniendo en cuenta la atención que el movimiento Occupy Wall Street había concitado en torno al 1 por ciento, la falta de interés por la cuestión podría parecer sorprendente, hasta que uno cae en la cuenta de que gran parte de los más de 2.000 millones de dólares que se gastaron en la campaña habían sido recaudados (por parte de ambos partidos) entre los integrantes de ese 1 por ciento, y no era cuestión de ofenderles. Pero la herida de la creciente desigualdad de Estados Unidos supuraba no muy por debajo de la superficie. Cuando los demócratas hablaban de proteger a la clase media, en realidad estaban diciendo que la economía estadounidense no ha estado favoreciendo a la mayoría de la población y que tan solo los de arriba se han beneficiado del aumento del PIB. Cualquier agenda económica que se centre en la clase media es, por naturaleza propia, una agenda centrada en compartir la prosperidad; y eso implica detener e invertir la tendencia al aumento de la desigualdad.
Puede que el momento en que la desigualdad estuvo más cerca de pasar al primer plano de la campaña fuera cuando Mitt Romney insinuó que el 47 por ciento de los estadounidenses no pagaban impuesto sobre la renta y que vivían de las dádivas del Estado(36). Esa afirmación, realizada en una cena para recaudar fondos, a razón de 50.000 dólares el cubierto, en un lujoso escenario de Boca Ratón, Florida, desató su propio huracán. La ironía, por supuesto, es que los verdaderos gorrones son las personas como Romney: los impuestos que él ha dicho que paga (como porcentaje de sus ingresos declarados) son (calculando un 14 por ciento en 2011) mucho más bajos que los de personas con unos ingresos sustancialmente menores.
Lo que dijo Romney refleja unas ideas que comparten muchos estadounidenses, y no solo los que pertenecen al 1 por ciento. Muchos ciudadanos que trabajan duramente tienen la sensación de que se están aprovechando de ellos; de que sus impuestos se están utilizando, o bien para rescatar a los banqueros ricos, o bien para abonar ayudas económicas a personas que se niegan a trabajar. Esos ciudadanos se ven a sí mismos como «víctimas», y esa percepción ha desempeñado un importante papel en el ascenso del Tea Party, que aspira a reducir el tamaño del gobierno. Puede que nada haya dado un mayor impulso a ese movimiento que los enormes regalos que se hicieron a los bancos y a los banqueros; el gobierno intervino para ayudar a quienes habían provocado la crisis, e hizo poco por ayudar a quienes padecieron sus consecuencias. El Tea Party y otros sectores que simpatizaban con él tenían motivos para estar indignados, pero su diagnóstico era erróneo: sin el gobierno, las consecuencias que habrían tenido que sufrir hubieran sido aún más graves; sin el gobierno, los bancos habrían abusado todavía más de ellos. El gobierno no había hecho lo que debía para evitar la crisis ni el comportamiento abusivo de los bancos —ni para resucitar la economía o ayudar a quienes estaban sufriendo las consecuencias de la crisis económica—, pero, teniendo en cuenta los desequilibrios que existen en la política estadounidense, acaso sea más digno de destacar lo que sí se hizo.
Con sus comentarios, Romney articulaba un conjunto de malentendidos muy generalizados. En primer lugar, incluso quienes no pagan impuesto sobre la renta pagan toda una serie de impuestos de otro tipo, como las retenciones en la nómina, impuestos sobre el consumo, impuestos especiales o el impuesto sobre bienes inmuebles(37). En segundo lugar, muchos de los que reciben «prestaciones» han pagado por ellas a través de sus aportaciones a la Seguridad Social y a Medicare, que se financian con las retenciones de las nóminas. Esas personas no son gorrones. No debemos olvidar por qué se pusieron en marcha esos programas: antes de la aparición de Medicare y de la Seguridad Social, el sector privado dejaba a la mayoría de los ancianos sin ayudas de ningún tipo, el mercado de planes de pensiones básicamente no existía y los mayores no eran capaces de encontrar un seguro médico. El sector privado no proporciona, ni siquiera hoy en día, el tipo de cobertura que presta la Seguridad Social —incluyendo la protección contra la volatilidad de los mercados y contra la inflación—. Y los costes de gestión de la Administración de la Seguridad Social son sensiblemente más bajos que los del sector privado. Por añadidura, muchas de las personas que reciben prestaciones del Estado sin tener que pagarlas son nuestros jóvenes, que obviamente no pueden costearse, por ejemplo, su propia educación. Pero dedicar recursos a los jóvenes es invertir en el futuro del país.
Un sistema de protección social eficiente es un elemento importante de cualquier sociedad moderna. El mercado no lograba proporcionar un seguro adecuado, por ejemplo, contra el desempleo o la discapacidad. De modo que intervino el Estado. Pero, normalmente, las personas que reciben esas prestaciones las han pagado, directa o indirectamente, a través de las aportaciones realizadas a esos fondos de previsión por ellas mismas, o por sus empleadores en su nombre. Aparte de que una persona tiene derecho a recibir prestaciones de los programas que ha contribuido a financiar, la protección social puede contribuir a que la sociedad sea más productiva. Los individuos pueden emprender actividades de más rentabilidad y mayor riesgo si saben que existe una red de seguridad que los protegerá si las cosas no salen bien. Esa es una de las razones por las que algunas economías que disponen de una mejor protección social han estado creciendo mucho más deprisa que la de Estados Unidos, incluso durante la reciente recesión.
Muchas de las personas que pertenecen a las clases más desfavorecidas —y que han pasado a depender en gran medida de las prestaciones del Estado— están ahí en parte porque el gobierno ha fracasado en un sentido o en otro. No ha logrado darles una cualificación para que puedan llegar a ser personas productivas, y por consiguiente para que puedan ganarse la vida adecuadamente. No ha logrado evitar que los bancos se aprovecharan de ellos a través de los créditos usurarios y las prácticas abusivas con las tarjetas de crédito. No ha logrado impedir que las universidades con ánimo de lucro se aprovechen de las aspiraciones que tienen esas personas de ascender en este mundo a través de la educación. Y no ha conseguido gestionar la economía en su conjunto para que mantenga el pleno empleo.
Por último, los de arriba han intentado vendernos la idea de que las discusiones sobre desigualdad tan solo hablan de «redistribución», de quitarle a unos para dárselo a otros —o, en palabras de Romney, de quitar a los creadores de puestos de trabajo para dar a los gorrones—. Pero no es así. Una parte del problema que tiene hoy en día Estados Unidos es que en lo más alto hay demasiada gente que no está dispuesta a aportar la parte que le corresponde de los «bienes públicos» que resultan imprescindibles si lo que pretendemos es que nuestra sociedad, y nuestra economía, funcionen. Pese a que puede haber discrepancias sobre el significado de «lo que le corresponde», cuando los de arriba pagan un porcentaje menor de sus ingresos que quienes perciben una renta mucho más baja, estamos ante una situación claramente injusta(38).
Aunque unos pocos representantes de la derecha han intentado refutar la idea, ya generalmente aceptada, de que la desigualdad es mala para la economía, por otra parte he recibido críticas en el sentido de que este libro pone demasiado énfasis en una perspectiva económica sobre la desigualdad (lo que tal vez no es de extrañar, teniendo en cuenta mi currículo). Yo había sugerido no solo que a la economía en su conjunto le iría mucho mejor si hubiera menos desigualdad, sino que ello beneficiaría incluso a los integrantes del 1 por ciento. Que hubiera menos desigualdad favorecería su propio interés «ilustrado»(39). Sin embargo, y en especial durante el coloquio posterior a una charla que di en el Union Theological Seminary, los asistentes me argumentaron de una forma convincente que se trataba de una perspectiva demasiado restringida. Después de mi intervención uno de los asistentes, Cornel West, se levantó para decir lo siguiente:
Los grandes movimientos que ha habido en Estados Unidos —el abolicionismo, el movimiento por los derechos civiles, el movimiento feminista, el antihomófobo— no argumentaban que lo que necesitábamos era un interés propio bien entendido. Si ese fuera el eslogan, los negros todavía estarían sujetos a la antigua legislación discriminatoria. Había algo más. Unas sólidas fuerzas morales, unas sólidas fuerzas espirituales, que tenían que ver con unas historias, que hablaban de una nación, en términos de identidad nacional, en términos de lo que significa el ser humano, nuestra relación con los demás países. [...] Ni siquiera se va a plantear que sea una cuestión de «interés bien entendido» si no es a través de un relato enriquecedor sobre el arte de vivir, de amar y de prestar servicio a los demás.
A mi juicio, West aludía a que la verdadera solución a la crisis de desigualdad consiste en centrarse en la comunidad, más que simplemente en el interés propio —la comunidad como medio para la prosperidad y al mismo tiempo como una meta por derecho propio—. Y yo estoy de acuerdo. De hecho, somos una comunidad, y todas las comunidades ayudan a sus miembros más desfavorecidos. Si nuestro sistema económico provoca que haya una tal cantidad de personas sin empleo, o con empleos que no aportan un salario decente, que haya personas que dependen del Estado para conseguir comida, significa que nuestro sistema económico no ha funcionado como debería, y por consiguiente, que el Estado tiene que intervenir.
Efectivamente, tenemos una sociedad dividida. Pero la división no es, como ha sugerido Romney, entre los gorrones y los demás. Más bien la división es entre quienes (incluyendo muchos miembros del 1 por ciento) ven a Estados Unidos como una comunidad y se dan cuenta de que la única forma de lograr una prosperidad sostenida es que esa prosperidad sea compartida, y quienes no lo ven así; entre quienes sienten alguna empatía por los que no son tan afortunados como ellos y los que no.
Incluso si fuera cierto que el 47 por ciento de la población son gorrones, eso significaría que algo no funciona en nuestra sociedad. Toda sociedad tiene sus manzanas podridas, pero la mayoría de personas, por naturaleza, quiere aportar algo a sus comunidades, tener un trabajo que valga la pena; quieren «trabajo decente»(40). Pero si un país no proporciona a la mayor parte de la población la educación que necesita para ganarse la vida decentemente, si los empleadores no pagan a sus trabajadores un salario decente, si una sociedad ofrece tan poca igualdad de oportunidades que mucha gente acaba quedándose al margen y desmotivada, esa sociedad y su economía no pueden funcionar bien.
Por supuesto, a nadie debería extrañarle que algunos de los estadounidenses más ricos estén promoviendo una fantasía económica en la que su mayor enriquecimiento beneficia a todo el mundo. Lo que acaso sí resulta sorprendente es que los ricos hayan conseguido venderle ese tipo de fantasías a tantos estadounidenses.
La campaña presidencial vino a reforzar las preocupaciones que yo había expresado acerca del nexo que hay entre la desigualdad económica y la desigualdad política, ya que las consecuencias de los últimos fallos del Tribunal Supremo, que concedían una mayor libertad de movimientos al dinero en la política, quedaron en evidencia con el gasto sin trabas de los supercomités de acción política (PAC) —el 80 por ciento del dinero que recaudaron procedía de 200 donantes muy ricos—(41). Durante la campaña también asistimos a algunos esfuerzos coordinados para la privación del derecho al voto en un gran número de estados(42). Pero el resultado de las elecciones reforzó el destello de esperanza que yo había expresado al final de este libro: hubo una reacción adversa, y aquellos a los que se pretendía privar del derecho al voto se alzaron y acudieron a votar por el presidente Obama y los demócratas con unos índices de participación sin precedentes. El fracaso del dinero en su intento de comprar las elecciones fue una ulterior inyección de esperanza en que algún día logremos deshacer el nexo político-económico entre el dinero y la desigualdad.
PERSPECTIVAS GLOBALES
Durante el breve plazo transcurrido desde el lanzamiento del libro en Estados Unidos, también se ha publicado en el Reino Unido y se ha traducido al francés, al alemán, al castellano, al japonés y al griego. Casi en todas partes existe una preocupación por el aumento de la desigualdad, especialmente en la parte más alta. Casi por doquier la crisis económica ha empeorado las cosas, sobre todo para las clases medias y bajas. Pero en cada país el debate se ha centrado en asuntos ligeramente diferentes. El Reino Unido, por ejemplo, tenía el dudoso honor de ser el mejor «imitador» del modelo estadounidense. Hace treinta años, la desigualdad en el Reino Unido estaba en la media de los países industriales avanzados. Pero ahora solo le supera Estados Unidos. Es posible que el sector financiero haya desempeñado un papel todavía más importante en la desigualdad británica que en Estados Unidos.
De hecho, los escándalos a nivel mundial que han rodeado a los mercados financieros desde el comienzo de este siglo no han hecho más que crecer, y en ciertos aspectos Londres está en el ojo del huracán. El LIBOR (London Interbank Offered Rate) es un número que desempeña un papel crucial en infinidad de contratos —entre 300 y 350 billones de dólares en derivados financieros y cientos de miles de millones de dólares en hipotecas—. Al vincular el importe de los intereses al índice LIBOR, se permitía que se produjeran ajustes automáticos a medida que los tipos de interés subían y bajaban. Ese tipo de ajustes automáticos, a juicio de muchos, daba lugar a unos mercados financieros más eficientes. Y así podría haber sucedido si el LIBOR hubiera sido, como pensaba la gente, un número objetivo, real, que reflejaba los tipos de interés al que los bancos se prestaban dinero unos a otros en el mundo real. Pero no era así. Tendría que haber resultado evidente cuando, en 2007, los bancos dejaron de prestarse dinero entre ellos. Todos sabían que estaban en apuros; sabían que no eran realmente capaces de determinar el estado de sus propias cuentas, y mucho menos el estado de las cuentas de cualquier otro banco. Pero, si ningún banco le estaba prestando dinero a otro, ¿qué diantres podía significar la expresión «tipo de interés interbancario de Londres»? Se trataba, hablando en plata, de una ficción —de un número inventado— de la que dependía gran parte de los mercados financieros de Occidente.
A medida que los investigadores fueron examinando el LIBOR con más detalle, se dieron cuenta de que había sido un chanchullo desde mucho antes de que el mercado desapareciera oficialmente. Los bancos habían estado manipulando el índice, unas veces para lograr más beneficios a costa de operadores incautos, otras veces para convencer al mercado de que dichos bancos eran más solventes de lo que eran en realidad, tan solventes que no tenían problemas para pedir dinero prestado de terceros a unos tipos de interés muy bajos. Y lo que resulta aún más sorprendente es que incluso después de que se hiciera público el escándalo, el LIBOR siga usándose y manipulándose. Aunque el «mercado» indique que el riesgo de quiebra de un banco se ha disparado, ese banco puede alegar que sigue pudiendo pedir préstamos de otros bancos a un tipo de interés que básicamente no ha cambiado, una afirmación que casi con toda seguridad es ficticia.
Si Londres se ha convertido en la capital de los buscadores de rentas financieras de todo el mundo, en España la atención está en el otro extremo. Durante la década anterior a la crisis, España había sido uno de los países que habían ido en contra de las tendencias globales; de hecho, la desigualdad de salarios disminuyó. Pero España se ha visto golpeada con especial dureza por la recesión mundial. A decir verdad, con un índice de desempleo general que llega al 25 por ciento, y un desempleo juvenil que supera el 50 por ciento, puede decirse sin lugar a dudas que, en este momento, España está sufriendo una depresión.
España viene a ilustrar dos cuestiones. La primera es el nexo entre la desigualdad y la recesión/depresión. Como la crisis en España ha persistido, el desempleo ha aumentado. Pero como el desempleo está aumentando, los salarios (descontando la inflación) están disminuyendo, lo que debilita la demanda —el círculo vicioso que se describe en el capítulo 3—. Pero a ese combinado tóxico hay que añadir otro ingrediente más. Inevitablemente, a medida que disminuye el PIB (al momento del cierre de este texto el PIB de España seguía estando por debajo del nivel de 2007) y que aumenta el desempleo, caen los ingresos por impuestos y crecen los gastos en programas sociales. El déficit aumenta. En condiciones normales, los países podrían devaluar su divisa y reducir los tipos de interés para hacer que su economía fuera más competitiva; el consiguiente aumento de las exportaciones contribuiría a impulsar la economía. España renunció a esos importantes instrumentos cuando se incorporó a la eurozona, pero lo extraño es que esta no ofrezca nuevos instrumentos de política económica para sustituir a esos tradicionales mecanismos de ajuste.
Aunque los problemas de la eurozona quedaron de manifiesto por primera vez en Grecia, otros países como Irlanda, Portugal, España, Chipre e Italia se sumaron rápidamente a la lista de países en apuros. Una lista tan poblada debería haber puesto de manifiesto que el problema no consistía en que un país se hubiera «descarriado». Había algún problema sistémico grave. Pero el diagnóstico de los líderes europeos estaba viciado en sus fundamentos, las recetas que se adoptaron de acuerdo con ese diagnóstico estaban desencaminadas y, al final, de hecho, no hicieron más que empeorar las cosas. Todo esto viene a ilustrar el tema central de los capítulos 3 y 9: que las políticas macroeconómicas —como las monetarias— se han visto excesivamente limitadas por la ideología, y la ideología fundamentalista de mercado es la que defiende los intereses de los de arriba, a menudo a expensas del resto de la sociedad.
El diagnóstico de los líderes europeos se centraba en el derroche fiscal, pasando por alto el hecho de que dos de los países en crisis, España e Irlanda, habían tenido superávits presupuestarios antes de la crisis. La recesión provocó los déficits, y no al revés. Pero la receta que vino como resultado del diagnóstico de irresponsabilidad fiscal fue la austeridad —daba igual que casi no existan ejemplos de países que se hayan recuperado de una crisis gracias a la austeridad—. A menos que el crecimiento de las exportaciones pueda compensar la contracción de los gastos del Estado, la austeridad provoca un aumento del desempleo. Pero los países en crisis no podían ajustar su tipo de cambio, y en medio de una ralentización global de la economía, el crecimiento de las exportaciones habría sido difícil en cualquier caso. El resultado fue el que se había predicho: los países que adoptaron la austeridad —ya fuera de forma voluntaria, como en el caso del Reino Unido, o involuntaria, como en el caso de la mayoría de los países de la eurozona— cayeron en una recesión aún mayor, y al agravarse la crisis, las ansiadas mejoras en la situación fiscal fueron decepcionantes.
Los banqueros, y los líderes políticos que aparentemente les habían prestado tan buen servicio, se las habían ingeniado para diseñar un sistema financiero que pudiera dedicarse a asumir riesgos excesivos, a manipular los mercados y a las prácticas abusivas. Pero ya no eran tan ingeniosos a la hora de crear un sistema financiero que realmente hiciera lo que se espera que haga un sistema financiero. Los principios del «libre mercado» habían conducido a una Europa donde se facilitaban los movimientos de capital a través de las fronteras. Se argumentaba que con ello mejoraría el rendimiento económico; pero los banqueros y los líderes políticos no habían caído en la cuenta de que los detalles son muy importantes. Los bancos siempre han recibido subvenciones implícitas de los gobiernos —como quedó claramente en evidencia durante la crisis de 2008, cuando los gobiernos fueron decretando sucesivos rescates masivos en los distintos países—. La confianza en el sistema bancario de un país depende de la confianza en la capacidad y la disposición de los gobiernos de rescatar a los bancos de dicho país. Pero cuando un Estado se ve debilitado por una crisis económica, su capacidad de acudir al rescate de sus bancos también se debilita, precisamente en el momento en que más necesaria es la ayuda. Inevitablemente, la confianza en el sistema bancario del país disminuye; pero entonces, el marco institucional de Europa facilitó que el dinero saliera del país —exacerbando la crisis, mermando aún más la confianza en su sistema bancario y acelerando el declive de la economía—. España aporta un ejemplo perfecto: tras el estallido de su burbuja inmobiliaria y la adopción de los programas de austeridad, solo era cuestión de tiempo que empezara a erosionarse la confianza en el sistema bancario del país. Los problemas fueron en aumento a medida que proliferaban los rumores sobre una posible salida de España del euro. Para muchos, una buena gestión del riesgo significaba traspasar el dinero de los bancos españoles a los bancos alemanes; la gente tenía más confianza en la posibilidad de recuperar su dinero, y recuperarlo en euros, no en alguna nueva divisa devaluada. La pregunta era más bien cuánto iba a tardar el dinero en empezar a salir de España, no si iba a hacerlo. Pero a medida que el dinero iba saliendo del sistema bancario, los bancos se iban debilitando cada vez más, prestaban cada vez menos, la escasez del crédito se agravaba y los efectos combinados de la austeridad y la contracción del crédito amplificaron la crisis, en otro círculo vicioso. Los fundadores del euro habían creado un sistema dinámicamente inestable, pero sus sucesores no fueron capaces de comprender la gravedad de la situación. Hablaban de la necesidad de un sistema bancario común, pero se centraban en un marco normativo común, y no, por ejemplo, en un sistema común de garantía de depósitos que pusiera freno a la salida de dinero.
Al cierre de esta edición, el desconcierto en la eurozona continúa, más de tres años después de que los problemas pasaran al primer plano. Europa ha celebrado docenas de reuniones y ha adoptado todo tipo de iniciativas, algunas drásticas, otras modestas. Una o dos de ellas han logrado tranquilizar a los mercados y hacer que bajen los tipos de interés durante unas pocas semanas; otras han funcionado durante un plazo más breve todavía. El argumento de este libro no es lo que Europa habría podido o debido hacer para afrontar las crisis de España y de otros países. El libro trata de la desigualdad y de cómo las políticas económicas defectuosas —basadas en teorías e ideologías económicas viciadas— han acabado exacerbando la desigualdad a ambos lados del Atlántico. Anteriormente veíamos cómo se ha manifestado ese fenómeno en Estados Unidos. Pero las cosas están todavía peor en muchas partes de Europa, donde la austeridad ha provocado no solo un aumento vertiginoso del desempleo y una disminución de los salarios(43), sino también recortes masivos de los servicios públicos, en un momento en que son más necesarios que nunca. En Grecia, por ejemplo, hay escasez de medicamentos esenciales para salvar vidas, una circunstancia que tan solo se da en los países en vías de desarrollo más pobres. Quienes consiguen trabajo, aceptan cualquier empleo que se les ofrezca, aunque no sea la actividad para la que se formaron y a la que aspiraban. Muchos de los que no encuentran trabajo, sobre todo entre los jóvenes, están emigrando; las familias se están desmembrando. Los países se están vaciando de gente con talento.
Gran parte del 1 por ciento ha salido indemne, por lo menos hasta ahora. Y el marco político de Europa está planteando un reto, que quedó en evidencia a finales de 2012, cuando Francia estudiaba la posibilidad de subir los impuestos a sus residentes con mayores ingresos. Bernard Arnault, el hombre más rico de Francia, decidió pedir la nacionalidad belga, en lo que casi todo el mundo interpretó como un intento de reducir sus obligaciones fiscales. Con tanta facilidad de movimientos dentro de Europa, y sin una armonización tributaria, a las personas adineradas les resulta relativamente fácil trasladarse a las jurisdicciones de baja fiscalidad. Por consiguiente, la libertad de movimientos de la mano de obra sin una armonización tributaria es una invitación a una carrera a la baja, a que las jurisdicciones compitan para atraer a los individuos de elevados ingresos y a las grandes compañías rentables a base de ofrecerles impuestos más bajos. Así pues, la competencia tributaria merma la capacidad de emprender políticas fiscales progresivas y limita la capacidad de «corregir» una distribución del mercado cada vez más desigual.
Mientras que las fuerzas del mercado entran en juego en todos los países, la forma en que se manifiestan varía sustancialmente. Japón supone un ejemplo de un país que consiguió crecer rápidamente durante mucho tiempo con un alto grado de igualdad. Desde que estalló su burbuja de 1989, el crecimiento del país ha sido muy lento (el «malestar» japonés), pero a pesar de todo ha logrado evitar el elevado nivel de desempleo y limitar el aumento de la desigualdad que han caracterizado a otros países desarrollados.
Aunque otros países avanzados pueden manifestar cierta satisfacción por haber mostrado un mejor comportamiento que Estados Unidos —por lo menos en esa dimensión—, existe el riesgo de una cierta petulancia. El éxito en un momento determinado no garantiza el éxito en fechas posteriores. Aunque la desigualdad en Japón todavía es acusadamente menor que en Estados Unidos, y también es algo más reducida en Europa, ha ido aumentando tanto en Japón como en la mayoría de naciones europeas, igual que ha ocurrido en Estados Unidos. ¿Es posible que esos países acaben siendo sociedades divididas, con el mismo tipo de divisiones que los caracterizó durante los años previos a la II Guerra Mundial? Así pues, este libro ofrece una serie de importantes advertencias y lecciones incluso para los países menos desiguales, como Japón: no debería dar por descontados sus éxitos en el pasado a la hora de crear una sociedad y una economía más equitativas y justas. Debería preocuparle el aumento de la desigualdad y sus consecuencias sociales, políticas y económicas.
En aún mayor medida que Estados Unidos, Japón y muchos de los países europeos tienen que hacer frente a una gran deuda pública y al envejecimiento de la población. Pueden sentirse tentados a reducir las inversiones en el bien común, o a socavar los sistemas de protección social existentes. Sin embargo, ese tipo de políticas pondría en riesgo unos valores básicos y las perspectivas económicas para el futuro.
Los países tienen a su disposición políticas que incrementarían simultáneamente el crecimiento y la igualdad —y que crearían una prosperidad para todos—. En el caso de Japón y Europa, igual que en el de Estados Unidos, se trata más de una cuestión política que económica. ¿Serán capaces de poner coto a los buscadores de rentas y a sus actividades en defensa de sus propios y estrechos intereses, que inevitablemente perjudican a la economía en su conjunto? ¿Serán capaces de forjar un contrato social para el siglo XXI, que garantice que los beneficios de cualquier crecimiento que se produzca se repartan equitativamente?
Las respuestas a estas preguntas son cruciales para el futuro de Japón y de Europa.
Los desafíos que tienen que afrontar los países en vías de desarrollo son, como mínimo, todavía mayores. Históricamente, las primeras etapas del crecimiento a menudo se caracterizan por grandes aumentos de la desigualdad, ya que algunas partes del país crecen más deprisa que otras y algunos individuos están mejor equipados para afrontar la modernización que otros(44). Este crecimiento de la desigualdad desde luego salta a la vista en China, pero dista mucho de ser inevitable: Brasil ha visto cómo se reducía la desigualdad gracias a sus inversiones en educación y sus programas para proteger a los pobres, sobre todo a los niños pobres.
En esos y en otros países en vías de desarrollo, los cambios en la desigualdad tienen que ver con las reglas internacionales del juego, que están más allá del control de los países individuales. Y ahí también lo que cuenta es la política, no solo la economía; lo que gobierna la globalización son las normas internacionales. Cuando esas normas consienten que los países ricos subvencionen a sus empresas agrícolas más acaudaladas, los precios agrícolas mundiales tienden a la baja, y eso lo padece una gran parte de la gente más pobre de los países pobres, los que trabajan en la agricultura. Cuando los gobiernos de los países industrializados avanzados no consiguen regular adecuadamente sus bancos, ni gestionar bien su macroeconomía, los países en vías de desarrollo y los mercados emergentes a menudo sufren los daños colaterales. Y normalmente quienes más lo padecen son las clases más pobres de esos países. Al cierre de este texto, da la impresión de que eso está volviendo a ocurrir, en un momento en que la ralentización global, que comenzó con la crisis financiera de Estados Unidos en 2008, ahora se está viendo agravada por la crisis del euro.
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES
¿EN QUÉ MOMENTO NOS APARTAMOS DEL BUEN CAMINO?
Una de las preguntas que me han hecho de forma reiterada es: ¿En qué momento nos apartamos del buen camino? Si me pidieran que identificara un momento en el que embocamos el camino que conduce a una desigualdad cada vez mayor, ¿cuál sería?
No existe una respuesta fácil a esa pregunta, pero claramente la elección del presidente Ronald Reagan constituyó un punto de inflexión en Estados Unidos. Entre los hechos que precipitaron el cambio están el comienzo de la desregulación del sector financiero y la reducción de la progresividad del sistema impositivo. La desregulación condujo a una excesiva «financiarización» de la economía —hasta el punto de que antes de la crisis de 2008, el 40 por ciento de todos los beneficios de las grandes empresas iban a parar al sector financiero—. La senda de desregulación por la que Reagan llevó al país también fue seguida, lamentablemente, por sus sucesores. Y lo mismo ocurrió con la política de bajar los impuestos a los más ricos. Al principio el tipo máximo se redujo del 70 por ciento al 28 por ciento (en tiempos de Reagan), y más tarde (después de que Bill Clinton elevara el tipo máximo hasta el 39,6 por ciento en 1993) volvieron a bajar, en tiempos de George W. Bush, hasta el 35 por ciento. Pero además, los impuestos sobre las modalidades de ingresos que en su inmensa mayoría perciben los ricos (las plusvalías de capital, de las que más de la mitad se las lleva el 0,1 por ciento más alto de la población) se redujeron aún más: con Clinton hasta el 20 por ciento, en 1997, y sucesivamente, en tiempos de Bush, hasta el 15 por ciento(45). Los intereses de los bonos municipales, otro de los ingresos favoritos de los ricos, ni siquiera es objeto de gravamen. La consecuencia es que los 400 mayores perceptores de ingresos de Estados Unidos pagaron un tipo impositivo medio de tan solo el 19,9 por ciento en 2009(46). En total, el 1 por ciento más rico de la población estadounidense paga un tipo impositivo real por sus ingresos de poco más del 20 por ciento, menos de lo que pagan los contribuyentes con ingresos más moderados.
A menudo se cita la victoria de Reagan en su pulso contra la huelga de controladores aéreos de 1981 como un momento crucial para el debilitamiento de los sindicatos, que es uno de los factores que explican por qué a los trabajadores les han ido tan mal las cosas en las últimas décadas. Pero también existen otros factores. Reagan promovió la liberalización del comercio, pero aunque ni él ni sus sucesores hubieran presionado explícitamente en favor de la apertura de los mercados, la disminución de los costes de transporte y de comunicación habría dado lugar a una mayor competencia extranjera. Una parte del crecimiento de la desigualdad puede atribuirse a la globalización y a la sustitución de los trabajadores semicualificados por nuevas tecnologías y mano de obra externalizada.
No obstante, lo peculiar de Estados Unidos es el increíble aumento de los ingresos de los de más arriba —el 1 por ciento, y el 0,1 por ciento más alto— y el incremento de la pobreza de los de más abajo. Esa tendencia es mucho más acusada en Estados Unidos que en la mayor parte de Europa, y se deriva de las políticas inequívocamente estadounidenses, que van desde unos sistemas impositivos menos progresivos, unas redes de seguridad y unos sistemas de protección social que son cada vez más débiles, un sistema educativo donde, más que en cualquier otro país, las conquistas a nivel educativo, económico y social de un niño tienen más que ver con las de sus padres, hasta una menor presencia de los sindicatos y un mayor papel de los bancos, sobre todo después del fervor desregulador de Reagan.
A lo largo de su historia, Estados Unidos siempre ha tenido problemas de desigualdad. Pero gracias a las políticas tributarias y a la normativa que existían en el periodo posterior a la II Guerra Mundial —y a las cuantiosas inversiones en educación, como la G. I. Bill— las cosas estaban mejorando. Las bajadas de impuestos para los más ricos y la desregulación iniciadas en los años de la presidencia de Reagan invirtieron esa tendencia.
Existe, como señalaba un participante de uno de mis seminarios, una correspondencia biunívoca entre la desigualdad antes de impuestos y la desigualdad después de impuestos. Es posible que el hecho de que Estados Unidos tenga el sistema tributario menos progresivo y la máxima desigualdad en los ingresos «de mercado» no sea fruto de la casualidad. Aparece sistemáticamente en los datos: como media, los países con una fiscalidad menos progresiva tienen más desigualdad. Eso podría deberse en parte a que las sociedades con más desigualdad económica suelen tener más desigualdad política, sobre todo cuando alcanza los niveles desmesurados que se aprecian en Estados Unidos y en unos cuantos países. Y con un sistema político que consiente que los ricos ejerzan tanta influencia, tal vez no sea de extrañar que los impuestos que pagan los ricos sean tan bajos. Pero hay otra explicación: en el capítulo 2 explico qué parte de la desigualdad, sobre todo en lo más alto, es achacable a la búsqueda de rentas. En general, esta es destructiva, porque quienes las buscan ganan menos de lo que le quitan a los demás, algo que resulta evidente en la destrucción causada por los buscadores de rentas en el sector financiero. Cuantos más impuestos haya que pagar por esas ganancias, menores serán los recursos que se dedicarán a la búsqueda de rentas y mayores serán los esfuerzos que se destinen a actividades que tal vez no resulten tan rentables, pero que incrementan el volumen de ingresos del país y que son satisfactorias por derecho propio.
¿HAY ALGUNA ESPERANZA?
Quisiera concluir con un comentario sobre una pregunta que planteaba de pasada en el último capítulo de este libro, pero que ha vuelto a surgir una y otra vez: ¿Hay alguna esperanza? Los estadounidenses son un pueblo optimista, y quieren creer que existe una salida. Como soy un economista ambivalente, he de admitir que hay unos pocos rayos de esperanza, aunque los motivos para la desesperación son evidentes: los bajos niveles de igualdad de oportunidades sugieren que probablemente, en un futuro, la desigualdad sea todavía peor que hoy en día. Está claro que existen políticas económicas que podrían reducir los elevados niveles de desigualdad; pero el nexo entre la desigualdad económica y política plantea la pregunta siguiente: ¿Qué perspectivas hay de que lleguen a adoptarse esas políticas?
Por otra parte, en el texto cuento que otros países incluso han logrado reducir la desigualdad. No es inevitable ni que esta siga siendo tan grande ni que siga aumentando. Uno de los principales mensajes de este libro es que nuestra economía, nuestra democracia y nuestra sociedad se beneficiarían de una reducción de la desigualdad y de un aumento de la igualdad de oportunidades. Parece que algunos países ya lo han entendido. La pregunta es: ¿Lo comprenderá Estados Unidos?
A lo largo de la historia de Estados Unidos hubo dos periodos caracterizados por unos elevados niveles de desigualdad de ingresos y de riqueza: la Edad Dorada de finales del siglo XIX y la época del boom de los felices años veinte. Ambos se caracterizaron por unos altos niveles de desigualdad y de corrupción, incluso en el ámbito político. De hecho, hasta mediados de la década pasada, la desigualdad de ingresos nunca había llegado a los niveles de la década de 1920. Por supuesto, algunos de los que amasaron sus fortunas en ambos periodos realizaron grandes contribuciones a nuestra sociedad —los capitalistas sin escrúpulos construyeron los ferrocarriles que transformaron el país—. Pero ambos periodos también se caracterizaron por la especulación, la inestabilidad y los excesos. Aunque a algunos les iba muy bien, no era una prosperidad compartida.
En ambos casos el país dio un paso atrás al llegar al borde del precipicio. Nuestros procesos democráticos funcionaron. A la Edad Dorada le sucedió la era progresista, que puso coto al poder de los monopolios. Después de los felices años veinte vino la importante legislación social y económica del New Deal, que reforzó los derechos de los trabajadores, aportó una mayor protección social para todos los ciudadanos e introdujo la Seguridad Social, que eliminó casi completamente la pobreza entre los ancianos.
La pregunta es: ¿Las desigualdades políticas del siglo XXI van a permitir que ocurra ahora lo mismo que ocurrió en aquellos casos de épocas pasadas? El rechazo de los votantes a Romney supone un destello de esperanza: con la excepción de la reelección de Franklin Delano Roosevelt en 1936, ningún presidente en ejercicio había sido reelegido con un nivel de desempleo ni remotamente parecido al que había en noviembre de 2012. Como he apuntado anteriormente, la postura de Romney y de muchos republicanos ante la desigualdad, y las políticas que afectarían a la cuestión, desempeñaron un importante papel en el resultado de esas elecciones. Pero afrontar de lleno un problema de la magnitud, el calado y la duración que tiene la desigualdad en Estados Unidos requerirá unas medidas de conjunto, el tipo de medidas que exigen el apoyo de ambos partidos. Tradicionalmente, en los dos partidos hay personas que comprenden que un país dividido no puede sostenerse. Y hoy en día las divisiones son mayores de lo que lo han sido a lo largo de muchas generaciones y amenazan valores básicos, como el concepto que tenemos de nosotros mismos como una tierra de oportunidades.
¿Volveremos a dar un paso atrás ante el abismo? Este libro está escrito con la esperanza de que podamos y logremos hacerlo. Siempre y cuando seamos capaces de entender lo que ha venido ocurriendo con nuestra economía y con nuestra sociedad.