INTRODUCCIÓN

NÚREMBERG: VOCES DEL PASADO

Por Robert Gellately

Cuando Estados Unidos entró en la II Guerra Mundial, el estadounidense Leon M. Goldensohn trabajaba como médico y psiquiatra. En 1943 ingresó en el Ejército estadounidense. No tardó en ser destinado a Francia y a Alemania, donde intervino en diversas batallas del teatro de operaciones europeo. Al poco de terminar la guerra, fue nombrado psiquiatra de la prisión de Núremberg, ciudad donde se juzgó a los criminales nazis de mayor relevancia. Goldensohn llegó a Núremberg a primeros de enero de 1946, esto es, a las seis semanas de haber comenzado el proceso, y allí permaneció hasta últimos de julio del mismo año. Como psiquiatra, su labor consistía en mantener la buena salud mental de los veintiún dirigentes nazis que, tras sobrevivir a la guerra, se debatían por sus vidas ante el Tribunal Militar Internacional. Además, cumpliendo con sus funciones como médico, visitaba a los prisioneros casi todos los días y mantenía una atenta vigilancia de sus problemas de salud. En los siete meses que pasó en la cárcel de Núremberg, conversó regularmente con muchos de los veintiún encausados que aún vivían cuando él llegó y llevó a cabo numerosas entrevistas oficiales y exhaustivas con la mayoría de ellos. Además, entrevistó a gran número de testigos de la defensa y de la acusación, algunos de los cuales también habían desempeñado un papel relevante en el régimen nazi.

Esta obra pone por primera vez al alcance del lector una amplia muestra de las entrevistas que Goldensohn realizó durante el tiempo que permaneció en Núremberg. Estas entrevistas suponen una aportación significativa a la historia del proceso y del Tercer Reich y son únicas en la medida en que fueron realizadas de manera sistemática y por un psiquiatra cualificado y porque ofrecen un nuevo testimonio de la idiosincrasia y motivos de los grandes perpetradores de los crímenes nazis.

TRASFONDO DEL PROCESO DE NÚREMBERG

El proceso de Núremberg vio la luz a pesar de un sinnúmero de trabas políticas y judiciales, pero hoy constituye, para muchos, un hito en la historia del derecho internacional. Sin embargo, aquel juicio no era en absoluto inevitable y pudo no llegar a realizarse. Durante la guerra, a medida que los dirigentes aliados iban conociendo la enormidad de las atrocidades nazis, el presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt, el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, y el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Josif Stalin, consideraron en uno u otro momento que la ejecución sumaria era la respuesta más apropiada a los crímenes nazis.

Al parecer, fue el ministro de Asuntos Exteriores soviético, Viacheslav Mólotov, quien, el 14 de octubre de 1942, sugirió la idea de los juicios. Ese día, Mólotov se dirigió por carta a varios gobiernos de Europa oriental en el exilio, que residían en Londres, para comentarles que Moscú se inclinaba por juzgar a los mandatarios más eminentes del «criminal Gobierno hitleriano» ante un «Tribunal internacional especial»[1]. Evidentemente, el Gobierno de Moscú estaba molesto con el hecho de que Gran Bretaña no quisiera juzgar a Rudolf Hess, el lugarteniente de Hitler que había aterrizado en Escocia en mayo de 1941, y temía que sus aliados pudieran cerrar algún tipo de trato con Alemania. Por su parte, los Aliados occidentales dedicaban poco tiempo a pensar en un lejano proceso judicial posbélico y continuaban inclinándose por algún tipo de ejecución sumaria. Ganar la guerra era su prioridad inmediata.

Finalmente, el 1 de noviembre de 1943, los tres aliados emitieron un comunicado conjunto sobre el posible destino de los criminales de guerra. El comunicado lleva el nombre de «Declaración de Moscú» y afirmaba varios principios generales. Estipulaba, por ejemplo, que aquellos que hubieran cometido crímenes de guerra serían trasladados a los mismos lugares donde los habían perpetrado, a fin de que fueran «juzgados en el lugar de los hechos». El juicio y la sentencia seguirían las leyes aplicables en cada territorio. Sin embargo, los criminales de guerra de mayor relevancia recibirían un trato distinto, ya que sus crímenes no se circunscribían a una región geográfica determinada. Pero la Declaración de Moscú dejaba en el aire el destino de esos hombres y no precisaba si habría juicios o ejecuciones sumarias[2].

La opinión de Churchill sobre los juicios distaba mucho de ser favorable. El primer ministro británico pensaba, como manifestó en la reunión previa a la Conferencia de Teherán que su gabinete celebró a puerta cerrada el 10 de noviembre de 1943, que lo más pertinente sería elaborar un breve listado de criminales de guerra. Parecía creer que ocuparse de los miembros de ese listado de manera sumarísima podría acortar el conflicto siempre y cuando esos individuos se convirtieran en figuras aisladas dentro de su propio país. Esta estrategia evitaba a los Aliados todo enredo innecesario en un procedimiento legal. El propio Churchill estaba a favor de reunir en ese listado a un número indeterminado de dirigentes nazis que podría estar entre las cincuenta y las cien personas. En cuanto un comité de juristas de varias nacionalidades revisase ese listado, los hombres que figurasen en él serían declarados «fugitivos» de la justicia y cualquiera que quisiera matarlos quedaría autorizado a hacerlo. Churchill opinaba que, si en verdad era necesario formar un Tribunal para los mayores criminales de guerra nazis, su labor debía limitarse a verificar la identidad de los «forajidos»[3].

Una de las charlas más reseñables sobre el tema de las ejecuciones sumarias tuvo lugar en la Conferencia de Teherán, que Roosevelt, Churchill y Stalin celebraron entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre de 1943. En la cena del día 29, Stalin dejó escapar la sugerencia de que, si hacia el final de la guerra conseguían rodear a cincuenta mil oficiales del Ejército nazi y los aniquilaban, acabarían con el poder militar de Alemania de una vez para siempre[4]. Churchill quedó atónito ante la cifra de las ejecuciones propuesta por Stalin y afirmó, sencillamente, que ni el Parlamento ni el pueblo británicos aceptarían jamás una ejecución en masa de esas dimensiones. Roosevelt, en cambio, recibió mejor la iniciativa de Stalin. Cuando Churchill manifestó su enfado (eso es al menos lo que, más tarde, el propio Churchill recordaría), el presidente estadounidense sugirió que los Aliados deberían ejecutar no a cincuenta mil oficiales, sino tan sólo a «49.000». Elliott Roosevelt, hijo del presidente, que se encontraba presente en la cena, añadió que estaba seguro de que el Ejército estadounidense «apoyaría» esta medida[5].

La deriva que tomaba la conversación le incomodó tanto, que Churchill optó por abandonar la cena. Stalin fue a buscarle y, sin perder el tono jovial de la noche, le aseguró que, por supuesto, su propuesta no era más que una broma. Sin embargo, si consideramos lo que posteriormente se dijo en algunos círculos y tenemos en cuenta que Stalin ya había instigado la aniquilación de miles de sus conciudadanos e, incluso, de muchos miembros del cuerpo de oficiales soviético, hay motivos para sospechar que, en el caso de que Churchill se hubiera mostrado de acuerdo, aquella noche se habría tomado una decisión definitiva. Que esta decisión hubiera culminado o no con un enorme número de ejecuciones queda abierto a la especulación y al debate. Ciertamente, Churchill nunca supo si, aquel día en Teherán, Stalin y Roosevelt le estaban tomando el pelo o no. Aunque aceptó las disculpas del dirigente soviético y volvió a la mesa, no quedó «completamente convencido de que aquello sólo fuera una broma, de que no hubiera una propuesta seria detrás»[6].

En el seno del Gobierno de Estados Unidos existía una profunda disensión acerca de qué debía hacerse con los crímenes de guerra nazis. Una de las voces más destacadas en favor de las ejecuciones sumarias y en contra de un proceso judicial de cualquier tipo era la de Henry Morgenthau, secretario del Tesoro, que el 5 de septiembre de 1944 propuso un plan que habría neutralizado a Alemania definitivamente. Morgenthau deseaba que, dentro de este plan, los dirigentes nazis fueran ejecutados sumariamente y en un número que estaba más próximo a la cifra mencionada por Stalin en Teherán que a la mucho más «modesta» que Churchill tenía en mente. Por fortuna, Henry L. Stimson, el secretario de Guerra, enarboló la voz de la razón en el bando estadounidense.

Stimson, que contaba a la sazón setenta y seis años, se negaba a apoyar la desindustrialización o destrucción de la economía alemana para, supuestamente, salvar al mundo de una nueva guerra y se oponía al trato que Morgenthau proponía dar a los criminales de guerra. Insistía, por el contrario, en la necesidad de un proceso judicial ortodoxo que tendría que cumplir con «los aspectos más básicos de la Declaración de Derechos». En un memorando del 9 de septiembre de 1944, advirtió con acierto que el dilema no consistía en saber si había que ser duro o blando con Alemania, sino en encontrar un método adecuado para ocuparse de los criminales nazis. Ese método debía ser consecuencia de «una planificación cuidadosa y de un procedimiento bien definido». En su opinión, Estados Unidos debía participar en algún tipo de tribunal internacional que procesase a los principales dirigentes nazis por violar «las estipulaciones que figuraban en las Normas de la Guerra» y por «haber cometido crueldades gratuitas e innecesarias durante el desarrollo del conflicto». Añadía que esas Normas habían sido refrendadas por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y, por tanto, debían constituir «la base de toda acción judicial contra los nazis»[7].

Sin embargo, y para consternación de Stimson, Roosevelt continuaba alineándose con Morgenthau —de quien, por lo demás, era amigo personal— y optaba por las ejecuciones sumarias —que, sin juicio previo, tendría que llevar a cabo el Ejército—. De hecho, y a raíz de la Conferencia de Quebec (11 de agosto de 1944), Roosevelt y Churchill hicieron una declaración pública que calificaba de inapropiado el procesamiento de «archicriminales como Hitler, Himmler, Göring y Göbbels». La declaración decía lo siguiente: «Aparte de las formidables dificultades que supone la constitución del Tribunal, la formulación de los cargos y la recopilación de pruebas, el destino [de los dirigentes nazis] es una cuestión política, no judicial. La decisión final sobre un asunto como éste, que es del mayor y más relevante carácter político y público, no puede residir en unos jueces, por eminentes que sean o por muy capacitados que estén. La resolución debe ser «decisión conjunta de los gobiernos aliados». Esto, en realidad, ya quedó expresado en la Declaración de Moscú»[8].

Roosevelt y Churchill llegaron a la conclusión de que, teniendo todas las circunstancias en cuenta, lo mejor sería ejecutar sin juicio previo a ciertos dirigentes nazis, punto de vista que, según les parecía, Stalin también compartía. Durante la visita que realizó a Moscú en octubre de 1944, sin embargo, Churchill se quedó muy sorprendido al saber que Stalin había cambiado de opinión. El líder soviético y otros mandatarios de Moscú apoyaban ahora la celebración de un juicio según las directrices marcadas por un tribunal internacional, que era lo que en un principio había sugerido Mólotov. Es también posible que en cuanto Stalin se percató de que Churchill jamás se avendría a la ejecución de decenas de miles de oficiales y mandatarios alemanes, cediera ante la idea de someter a juicio a los criminales de guerra nazis más relevantes, juicio que podría aprovechar a efectos propagandísticos. También es posible, además, que pensara que, si optaba por un proceso judicial, podía sacar brillo a la empañada imagen que de él se tenía en Occidente[9].

Entretanto, los soviéticos tomaban ya iniciativas para saldar cuentas con los invasores. En el verano de 1943, y mientras liberaban su tierra del yugo nazi, llevaron a cabo los primeros juicios, incluidos algunos en que resultaron inculpados, por participación en los crímenes nazis, algunos de sus conciudadanos. En el primero de tales procesos, celebrado en Krasnodar entre el 14 y el 17 de julio de 1943, los soviéticos dieron a conocer ante la opinión pública mundial uno de los primeros casos de asesinato en masa de judíos. Se dictaron ocho sentencias de muerte que se ejecutaron en la plaza mayor de la ciudad y ante una multitud de aproximadamente treinta mil personas[10]. En agosto y septiembre se produjeron nuevos juicios en suelo soviético, si bien fueron de menor calado, pero entre el 15 y el 18 de diciembre tuvo lugar en Járkov otro gran proceso público con un resultado similar: los culpables fueron ahorcados en la plaza del mercado ante unas cincuenta mil personas. El acontecimiento recibió amplia cobertura, con noticieros cinematográficos especiales y menciones y artículos en las radios y en la prensa. A algunos observadores occidentales, estos procedimientos les recordaban los juicios ejemplares de finales de los años treinta, que constituyeron uno de los rasgos definitorios del Gran Terror soviético. Los soviéticos utilizaron estos primeros juicios de simpatizantes nazis para apelar a la opinión pública mundial y reforzar la moral. Esta práctica, por lo demás, apoyaba más a aquellos que defendían algún tipo de proceso frente a los que optaban por la ejecución sumaria de los criminales nazis. La intención del Gobierno soviético, por supuesto, era aprovechar los procedimientos judiciales para demostrar la culpabilidad de los acusados.

Los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña mostraron su preocupación ante estos juicios celebrados a pocos kilómetros del frente. Les inquietaba sobre todo que provocaran las represalias nazis y dieran pie a la ejecución de los prisioneros de guerra británicos y estadounidenses que se encontraban en manos de los alemanes. De hecho, Hitler reaccionó con furia y, como respuesta, ordenó sus propios juicios ejemplares, aunque no de prisioneros de guerra soviéticos, sino de lo que llamó «criminales de guerra angloamericanos» y, más especialmente, «bombarderos terroristas anglosajones»[11]. Las órdenes de Hitler se obedecieron, pero acabaron en nada, como sucedió en el periodo final de la guerra con tantas de sus instrucciones más destructivas.

Alentado por Stimson, el Gobierno estadounidense fue aceptando poco a poco que un proceso judicial era preferible a las ejecuciones sumarias. Pero Stimson no podía limitarse a manifestar su oposición a Morgenthau, quien, al parecer, contaba con el apoyo del presidente Roosevelt, y tenía que presentar una alternativa. En septiembre de 1944, encargó la tarea de buscar esa alternativa al subsecretario John J. McCloy, que a su vez delegó la petición, siguiendo la cadena de mando. Finalmente, el coronel Murray C. Bernays elaboró lo que habría de ser un documento clave en la evolución de la política estadounidense.

Bernays, que había ejercido como abogado en la vida civil, redactó un documento que llamaba «proceso a los criminales de guerra europeos» y en el que aportaba argumentos muy sólidos a favor de un proceso judicial ortodoxo. Afirmaba que un juicio ofrecía enormes ventajas frente a la solución adoptada al terminar la guerra anterior, es decir, la mera condena política. Sostenía que a los nazis se les podía y se les debía acusar de conjura para cometer actos criminales. Además, argüía que podía acusarse a ciertas organizaciones (como el Partido Nazi, la Gestapo y la SS) y no sólo a unos cuantos dirigentes a título individual. Esas organizaciones también podrían ser acusadas del cargo de conjura criminal. No sería necesario inculpar a todos sus miembros, sino sólo a sus «individuos más representativos». En cuanto una organización fuera juzgada y condenada, podría juzgarse por criminal y participante en la conspiración a cualquiera de sus miembros, que pasaría a ser objeto de un proceso sumario que llevarían a cargo los Aliados. No obstante, es importante señalar que, al contrario de lo que algunos encausados manifestaron en sus entrevistas con Goldensohn, el Artículo 10 de lo que acabarían siendo los Estatutos del Tribunal Militar Internacional no declaraba criminal a ninguna organización nazi. La decisión se dejaba en manos del propio Tribunal. Asimismo, no todos los miembros de aquellas organizaciones declaradas finalmente culpables serían considerados criminales de forma automática. Por el contrario, todos ellos tenían derecho a un juicio[12].

La postura de la administración estadounidense en favor de los procesos, junto a la propuesta de culpar de conjura a diversas organizaciones nazis, fue refrendada, además de por Stimson, por Cordell Hull, secretario de Estado, y por James Forrestal, secretario de la Marina. El 11 de noviembre de 1944, los tres enviaron un memorando al presidente Roosevelt a fin de proporcionarle alguna orientación sobre la materia antes de que acudiera a la Conferencia de Yalta, que tendría lugar en fechas próximas[13].

Sorprendentemente, Roosevelt tardó en aceptar el cambio de opinión de sus subordinados. Según parece, en Yalta (7-12 de febrero de 1945), el presidente no mencionó la nueva postura de su Administración. Churchill y él seguían prefiriendo las ejecuciones sumarias, aunque no se tomó ninguna decisión al respecto.

Tal vez fueran Stalin y los soviéticos quienes más hicieron por convencer a los demás Aliados de que «había que proseguir con algún tipo de proceso judicial»[14]. Stimson y algunos otros se esforzaron por convencer al presidente en el mismo sentido. Insistieron en la necesidad de que había que evitar la impresión de que los Aliados buscaban venganza, punto de vista que aceptó el nuevo presidente, Harry S. Truman, poco después de su toma de posesión —Roosevelt había muerto de forma inesperada el 12 de abril de 1945[15]—.

Las demandas de ejecuciones sumarias quedaron en nada, porque Truman se sumó a la postura en favor de un proceso judicial que Stimson, Hull y otros altos cargos estadounidenses defendían desde finales de 1944 y principios de 1945[16]. A lo largo de 1945, los estadounidenses consiguieron convencer a los británicos, que seguían reacios. El 3 de mayo, en una reunión que tuvo lugar en San Francisco, los Aliados occidentales, a los que ya se sumaba la Francia recién liberada, y la Unión Soviética confirmaron el acuerdo de organizar un proceso judicial. Finalmente, el día 8 de agosto y tras varios meses de negociaciones en Londres, concluyeron los estatutos en el que se basaría tal proceso. Estos estatutos detallaban la constitución del Tribunal y los derechos de los acusados. Al mismo tiempo, los Aliados determinaron los cuatro cargos de la acusación: conjura, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad[17].

Aunque los Aliados habían acordado ya la celebración del proceso, aún les quedaban por superar los últimos escollos. Parte de la dificultad residía en el hecho de que las potencias liberales y demócratas angloamericanas y la Unión Soviética tenían una concepción muy distinta de los juicios. Los soviéticos habían soportado enormes sufrimientos bajo la dominación de sus invasores germanos. Según cálculos conservadores y sin duda fidedignos, la guerra en el frente oriental costó la vida a unos veinticinco millones de personas, en su mayoría civiles [18]. Los dirigentes soviéticos querían que los juicios fueran espectaculares y ejemplares, diseñados para demostrar la «magnitud de la culpa» de los acusados. Con los procesos, cada criminal tendría «su necesario castigo»[19]. Para Estados Unidos y Gran Bretaña, en cambio, del hecho de celebrar un proceso judicial se derivaba la necesidad de que los encausados tuvieran ciertos derechos. Debía garantizarse a todos ellos, por ejemplo, la presunción de inocencia y la posibilidad de ser declarados no culpables de algunos cargos y quedar libres tras la resolución del proceso.

A los Aliados también les resultó difícil llegar a un acuerdo en cuestiones de forma y procedimiento, porque las tradiciones judiciales de Gran Bretaña y Estados Unidos por un lado y del continente por otro son muy distintas. Los dos primeros países tienen un sistema procesal basado en un mecanismo «de contradicciones»: acuden a los tribunales casos relativamente abiertos, es necesario presentar las pruebas ante el juez, y el fiscal y los abogados de la defensa, que se enfrentan ante el Tribunal y debaten el caso, interrogan a los testigos, y a veces también a los acusados, estando, unos y otros, bajo juramento —este procedimiento de careo se conoce en inglés como «contrainterrogatorio»—. En el continente europeo, en cambio, el sistema procesal es más «inquisitorial»: es un magistrado quien lleva a cabo la instrucción del proceso, que consiste en investigar el caso y reunir un informe basado en las pruebas. Cuando los cargos están suficientemente sustanciados, el Tribunal y los encausados reciben sendas copias de ese informe. Durante el proceso, son los jueces quienes deciden si escuchar o no nuevos testimonios. Son ellos quienes hacen preguntas a los testigos, pero rara vez preguntan a los acusados, quienes pueden hacer o no una declaración a la conclusión del juicio. En una de las últimas reuniones previas al proceso de Núremberg, el juez soviético —cuya participación en los tristemente famosos juicios ejemplares celebrados en Moscú a finales de los años treinta era bien conocida en Occidente— preguntó con no poca congoja: «¿Qué quieren decir los ingleses con eso de “contrainterrogar”?»[20].

Los estadounidenses y los británicos consiguieron imponer su procedimiento y lograron lo que en alguna ocasión ha sido calificado de compromiso inteligente con los soviéticos y los franceses. Los acusados, por descontado, no tuvieron voz alguna en las conversaciones previas al proceso. También se les privó de muchos de los derechos más importantes consagrados por la Constitución de Estados Unidos. Se les negó, por ejemplo, el derecho a invocar la Quinta Enmienda, que les habría permitido negarse a responder a cualquier pregunta en el caso de que hacerlo pudiera inculparles. Se les podía interrogar por turnos, y así se hizo, y no podían negarse a testificar.

LOS CARGOS

Los inculpados de Núremberg fueron acusados de cuatro cargos. Los dos primeros fueron motivo de particular controversia entre los especialistas en derecho internacional.

El primer cargo alegaba que los acusados habían «participado como responsables, organizadores, inductores o cómplices en la formulación o ejecución de un plan conjunto o conjura para cometer, o facilitar la comisión de Crímenes contra la Paz, Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad» tal y como éstos aparecían definidos en los estatutos del Tribunal Militar Internacional[21].

El segundo cargo guardaba estrecha relación con el primero e inculpaba a los encausados y a todos aquellos que, a lo largo de los años, habían «intervenido en la planificación, preparación, iniciación y participación en guerras de agresión, guerras que también suponían la violación de diversos tratados, acuerdos y compromisos internacionales». Este cargo, por tanto, condenaba lo que se calificó como «Crímenes contra la Paz» y, evidentemente, debía incluir actos de agresión como la invasión alemana de Polonia del 1 de septiembre de 1939, incluso a pesar de que esta acción de guerra formaba parte, sin ningún género de dudas, de una conspiración llevada a cabo conjuntamente con la Unión Soviética —hecho que nadie mencionó—. El Pacto de No Agresión nazi-soviético del 23 de agosto de 1939 no sólo fue la antesala de la guerra, sino que contenía cláusulas secretas concernientes a la división de Polonia, que la Unión Soviética invadió desde el este poco después de que Alemania lo hiciera desde el oeste.

Los cargos primero y segundo, por tanto, pusieron al Tribunal ante una situación controvertida entre otras cosas porque no se acusaba a la Unión Soviética de «Crímenes contra la Paz» —lo que, en la época, habría sido muy difícil de digerir desde un punto de vista político—. El propio sentido de lo que significa hacer justicia se veía empañado por el hecho de que los soviéticos actuaran como jueces y fiscales. Visto con perspectiva, habría sido mejor no plantear los dos primeros cargos y centrarse en vez de ello en los crímenes de guerra y en los crímenes contra la humanidad.

El tercer cargo acusaba a los encausados de tener «un plan conjunto o conjura para cometer Crímenes de Guerra». La consecución de este plan, se decía, abocaba a la «guerra total», la cual excedía «las leyes y costumbres de la guerra». Más en particular, este cargo se refería a crímenes como el asesinato, la tortura y el maltrato de la población civil, las deportaciones y el uso de mano de obra esclava, el asesinato de rehenes, y el saqueo y la destrucción gratuita de ciudades, pueblos y aldeas.

El cuarto cargo afectaba a los «Crímenes contra la Humanidad», entre los que se encontraban «el asesinato, el exterminio, la esclavización, la deportación y otras acciones inhumanas cometidas contra la población civil antes y durante la guerra». El cuarto cargo se centraba en la «persecución por razones políticas, raciales y religiosas llevada a cabo en relación con la conjura mencionada en el cargo primero y en cumplimiento de ésta».

Ninguno de los acusados ante el Tribunal Militar Internacional lo fue por un cargo específico de persecución y asesinato de judíos. Términos como «genocidio» u «Holocausto» sólo se generalizaron tiempo después. El «Genocidio», término acuñado en 1944 por el jurista polaco Raphael Lemkin, fue calificado como crimen específico en 1948, tras una reunión especial de Naciones Unidas[22]. «Holocausto» ya existía —antes de 1939—, pero el término no se empleó durante el proceso[23]. Ahora bien, las atrocidades sin precedentes que se cometieron contra los judíos en toda Europa sí se mencionaron, aunque de pasada, al tratar los cargos tercero y, sobre todo, el cuarto, en el que se decía que el «asesinato en masa» de judíos había supuesto la muerte de «millones de personas».

Los cuatro cargos suponían acusaciones muy graves, pero casi ninguna de ellas tenía precedentes en la jurisprudencia internacional. Los dos primeros resultaban especialmente problemáticos. En realidad, sin su inclusión y sin el continuo y errado empeño por vincular todos los crímenes de la Alemania nazi a una conspiración general, los juicios habrían sido más fructíferos como base para futuros procesos sobre crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Además, y en un esfuerzo por dar solidez a los cuatro cargos del caso, y en particular al primero —el de conjura—, la acusación exageró la intencionalidad y coherencia de los nazis en la planificación y ejecución de su política. Los juristas estadounidenses se mostraron especialmente entusiastas con el cargo de conjura, el cual, desde cierto punto de vista, podía juzgarse a la luz de las leyes estadounidenses, aunque hasta entonces sólo se hubiera empleado de un modo mucho más limitado. La idea de incriminar a los acusados en una conjura a gran escala era motivo de preocupación para los británicos, pero desde la perspectiva estadounidense tenía la ventaja de unir los abusos de la ley y de los derechos humanos que se habían producido en Alemania antes de 1939 con los crímenes ciertamente más atroces cometidos en el curso de la guerra.

La idea de conjura —que, en realidad, sirvió para dar forma a los cuatro cargos de la acusación— dejaba una puerta abierta a la defensa. Los abogados defensores aprovecharon en efecto cuantas oportunidades se les brindaron para demostrar, no sin cierta plausibilidad, que en el Tercer Reich existía una enorme confusión de autoridad. Afirmaron que el régimen nazi tenía un sistema administrativo y gubernativo caprichoso, incoherente e ineficaz. Entre los acusados, declarar ignorancia se convirtió en moneda corriente, como también aludir a la gran compartimentación de la Administración nazi. Todos aseguraron que sólo tuvieron un conocimiento limitado de cuanto sucedía y negaron toda participación en una conjura de largo alcance.

La acusación, por otra parte, tenía que demostrar que existía un plan definido y que los encausados compartían los mismos objetivos ya desde los inicios del régimen. Su propósito, en efecto, era evidenciar que desde el principio existía intención de cometer crímenes concretos, lo que significaba no sólo planear a largo plazo una guerra de agresión, sino también medidas concretas como la matanza de los judíos. En consecuencia, de igual modo que la defensa se esforzó por disminuir la voluntad de delinquir y conjurar de los acusados, los fiscales acabaron por exagerarla. El propósito de los abogados defensores era describir una imagen de caos administrativo, interminables disputas por el poder y un sistema sin un líder real. Para ellos era lógico insistir en que nadie creía en la ideología nazi ni había leído el libro de Hitler y mucho menos los de Alfred Rosenberg.

Hasta la fecha continúa existiendo entre los especialistas una notoria controversia sobre la naturaleza y extensión del papel de Hitler y sobre sus relaciones con los dirigentes nazis. Hoy, muchos historiadores defienden una interpretación compleja que combina elementos de la acusación y de la defensa[24]. Por otro lado, la imagen de Alfred Rosenberg como el principal «teórico» o «filósofo» del nazismo carece de todo crédito.

El Tribunal Militar Internacional, que finalmente sería responsable de juzgar a los principales criminales de guerra, fue resultado de largos debates políticos y judiciales. Tras la sesión preliminar, que tuvo lugar en Berlín el 18 de octubre de 1945, el proceso se trasladó al Palacio de Justicia de Núremberg, donde las sesiones comenzaron el 14 de noviembre. El juicio principal, incluidas las declaraciones y alegaciones de la acusación y de la defensa, se prolongó durante más de nueve meses: desde el 22 de noviembre de 1945 hasta el 31 de agosto de 1946. El proceso de Núremberg fue una empresa de grandes dimensiones. Había cuatro jueces y cuatro fiscales (con sus respectivos sustitutos) y cada uno de ellos contaba con un equipo propio. Todos ellos pertenecían a las potencias vencedoras: Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética; y también a Francia. El Tribunal celebró 403 sesiones públicas, escuchó a un total de 166 testigos y se basó, literalmente, en miles de declaraciones escritas y cientos de miles de documentos[25]. El proceso fue lento y pesado porque se llevó a cabo en cuatro idiomas y requería un enorme trabajo de traducción para consignar por escrito los testimonios y los contrainterrogatorios, y traducir las declaraciones escritas y el ingente número de documentos. Para dar una idea de la escala de aquellos juicios, la publicación, también en cuatro lenguas, de las trascripciones de sólo una selección de los documentos aportados como prueba ocupó cuarenta y dos gruesos volúmenes[26].

En un principio, los encausados iban a ser veinticuatro, a quienes se tenía por los mayores criminales de guerra del Gobierno nazi en varios terrenos. Entre ellos se encontraban Robert Ley, principal dirigente del Frente del Trabajo, que se suicidó el 24 de octubre de 1945, es decir, poco antes del comienzo de los juicios, y el industrial Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, escogido por los Aliados como «representante» de la gran empresa, quien no se encontraba en unas condiciones de salud mínimas para asistir al proceso. Incluido, in absentia, entre las veintidós personas definitivamente imputadas se encontraba Martin Bormann, el secretario personal de Hitler. El Tribunal llevó a cabo sus deliberaciones los días 30 de septiembre y 1 de octubre de 1946. Doce de los acusados fueron condenados a morir en la horca (Bormann, in absentia, Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur SeyssInquart, y Julius Streicher). De los otros diez, tres fueron declarados no culpables (Hans Fritzsche, Franz von Papen y Hjalmar Schacht), tres fueron condenados a cadena perpetua (Rudolf Hess, Walther Funk y Erich Raeder), dos a veinte años de prisión (Baldur von Schirach y Albert Speer), uno a quince años (Constantin von Neurath) y otro a diez años (Karl Dönitz).

Inmediatamente después de escuchar la sentencia, los abogados de dos de los condenados a la horca (Jodl y Keitel) solicitaron que se concediera a sus clientes la dignidad de una ejecución militar por fusilamiento. El abogado de Raeder también solicitó el fusilamiento en lugar de la condena a cadena perpetua. Las tres peticiones fueron denegadas. El 16 de octubre de 1946, todos los condenados a muerte (con las excepciones de Bormann y Göring) fueron ahorcados. El mariscal del Reich Göring consiguió burlar al Tribunal y se suicidó en su celda poco antes de su ejecución prevista.

LAS ENTREVISTAS DE LEON GOLDENSOHN

Después de que, entre finales de 1944 y comienzos de 1945, el Gobierno de Estados Unidos decidiera que los juicios eran necesarios y preferibles a las ejecuciones sumarias, los estadounidenses adoptaron un papel protagonista. Casi de inmediato, y con el apoyo británico, insistieron en trasladar el lugar del proceso fuera del sector soviético de la Alemania ocupada. La decisión de que ese lugar fuera Núremberg se adoptó a finales de junio de 1945. La ciudad había sido prácticamente arrasada durante la guerra, pero todavía contaba con edificios e instalaciones apropiadas para el juicio[27]. Las potencias ocupantes casi se vieron obligadas a elegir Núremberg. Su nombre estaba asociado a las leyes racistas de septiembre de 1935 y, aparte de esto, la ciudad había sido escenario de las concentraciones anuales del Partido Nazi, en las que cientos de miles de personas se congregaban en la ciudad y la llenaban con su entusiasmo exacerbado por Hitler. Por tanto, que el proceso de los dirigentes nazis derrotados tuviera lugar en Núremberg tenía tanto un valor político como simbólico.

En septiembre de 1945, los fiscales estadounidenses Robert H. Jackson y Thomas J. Dodd eran ya las cabezas visibles de un equipo de doscientas personas. Formaban parte de este equipo funcionarios de justicia y especialistas en campos diversos, así como traductores y taquígrafos. Jackson fue, con mucho, el más activo de los fiscales, seguido del británico sir David Maxwell Fyfe. Los británicos, sin embargo, contaban con un personal no superior a treinta y cuatro personas, y con frecuencia no todas estaban presentes, mientras que los equipos soviético y francés eran aún más reducidos[28]. Los estadounidenses, por tanto, dominaron el proceso en casi todos sus aspectos, y no sólo porque se llevase a cabo en el sector estadounidense de Alemania.

Además del personal médico diverso, en Núremberg, los estadounidenses contaron en casi todo momento con un psicólogo y un psiquiatra. El primer psiquiatra de la prisión de Núremberg fue el mayor Douglas M. Kelley, quien ya había prestado sus servicios en el campo de prisioneros luxemburgués de Mondorf-les-Bains, lugar donde estuvieron internados muchos nazis prominentes y al que los vencedores, no sin ironía, llamaban «Vertedero». Dirigía este campo el estricto coronel Burton C. Andrus, hombre conocido por su férrea disciplina. Otros jerarcas nazis como Albert Speer y Hjalmar Schacht pasaron algún tiempo encarcelados, en condiciones menos rigurosas, en el castillo de Kransberg, cerca de Fráncfort. Este lugar recibía el apodo de «Basurero». Todos los dirigentes nazis fueron interrogados en el Vertedero o en el Basurero, y algunas de las informaciones que revelaron siguen sin conocerse hoy en día. Una selección de este material, la mayor parte del cual no se empleó en los juicios, se ha publicado recientemente[29]. El coronel Andrus y el mayor Kelley fueron trasladados del Vertedero a Núremberg. Kelley asistió al proceso tan sólo el primer mes. Cuando lo abandonó, fue Goldensohn quien ocupó su lugar.

Durante el periodo de encarcelación de los encausados, primero en Mondorf y luego en Núremberg, los centinelas estadounidenses apenas se comunicaron con los prisioneros y se limitaron a mantener una vigilancia permanente para impedir que se quitasen la vida. En un principio, se asignó un centinela para cada cuatro celdas, pero tras el suicidio de Robert Ley en octubre de 1945, el coronel Andrus situó a un soldado ante cada celda. El cometido de este soldado era vigilar a los prisioneros casi sin interrupción a través de los ventanucos que había en la puerta de cada una de las celdas. Antes de entrar en su celda —se encontraban muy separadas unas de otras—, los prisioneros tenían que quitarse el cinturón, los tirantes, los cordones de los zapatos… en definitiva todo aquello que pudiera valer para un suicidio. Los centinelas recibieron órdenes de obligar a los prisioneros a mantener bien visibles la cabeza y las manos, incluso cuando, llegada la noche, intentaban dormir (tenían que hacerlo boca arriba). Los prisioneros estaban aislados casi por completo del mundo exterior y no se les permitía leer la prensa. Todo el correo que recibían, incluso el de sus familiares, pasaba una censura previa y sólo se les permitía abandonar sus celdas a la hora de la comida, para sus ejercicios diarios o para entrevistarse con sus abogados. En estas ocasiones, y siempre que les era posible, los acusados trataban de planear una estrategia común para hacer frente a los fiscales. Por regla general, los centinelas no se comunicaban con los prisioneros, ni siquiera aunque el coronel Andrus hubiera apostado ante las celdas, sin que los acusados lo supieran, a soldados que hablaban alemán. Estos soldados debían informarle de todo aquello que les pareciese sospechoso o pudiera resultar útil en los juicios. Virtualmente, los prisioneros se vieron privados de todo contacto con otras personas y sólo se les permitía ver a sus abogados, así que no es de extrañar que estuvieran deseando hablar con los psicólogos y psiquiatras que trabajaban en la unidad médica del 685º Destacamento de Seguridad Interna (ISD), adscrito a la oficina del fiscal jefe de Estados Unidos en Núremberg. Los médicos tenían acceso a las celdas prácticamente a cualquier hora.

Cuando Leon Goldensohn fue destinado a Núremberg tenía treinta y cuatro años. Goldensohn había nacido el 19 de octubre de 1911 en Nueva York, en 1932 se había graduado en la Universidad del Estado de Ohio y en 1936 se había licenciado en la Facultad de Medicina de la Universidad George Washington. A continuación, estudió neurología en el hospital Montefiore de Nueva York y psiquiatría en el Instituto de Psiquiatría William Alanson White. Al terminar la guerra, el mayor Goldensohn fue destinado al 121º Hospital General de Núremberg y el 3 de enero de 1946 al 685º Destacamento de Seguridad Interna. Ejerció las funciones de psiquiatra de la prisión hasta el 26 de julio de 1946, es decir, hasta poco antes de la conclusión del proceso.

Cuando, en la primavera y el verano de 1945 y a la estela de la derrota de Alemania, se anunció la constitución del Tribunal Militar Internacional, se despertó una enorme expectación por saber qué había impulsado «a esos nazis»[30]. Douglas Kelley habló del «tesoro psicológico» que el psicólogo Gustave Gilbert y él tenían al alcance de la mano y, en principio, concibieron la idea de publicar un libro escrito por ambos[31]. El capitán Gilbert pertenecía a los servicios de inteligencia estadounidenses. Dominaba el alemán y consiguió que le destinaran como traductor al servicio del mayor Kelley. Era también un psicólogo cualificado y no tardó en convencer al coronel Andrus de que le designara psicólogo «oficial» de la prisión de Núremberg. Al parecer, Gilbert era de la misma opinión que Kelley: creía que podía disponer de los criminales nazis como si fueran «ratas de laboratorio»[32]. Además, un sinnúmero de periodistas, psiquiatras y psicólogos de todo el mundo intentaron tener acceso a los prisioneros. Es muy probable que, al igual que Kelley y Gilbert, Goldensohn se convirtiera en la envidia de sus compañeros de profesión y de los periodistas destacados en el proceso, ávidos de entrevistar a los inculpados[33].

El volumen que Kelley y Gilbert proyectaban nunca llegó a concretarse, si bien Kelley publicó su propio estudio en 1947. Continúa siendo una obra útil, aunque con limitaciones, pero lo cierto es que no ha resistido el paso del tiempo[34]. A los pocos meses de la publicación del libro de Kelley, Gilbert también publicó su propia versión del proceso. Estaba escrita en forma de diario, de modo que el lector pudiera seguir el transcurso del juicio a partir de las experiencias y el punto de vista del autor[35].

Goldensohn también tenía intención de escribir un libro. No llegó a hacerlo, pero sí a consignar algunas notas que conservó durante un tiempo. Mecanografió algunas de esas notas poco después de que se celebraran las entrevistas. Leon Goldensohn murió pronto, el 24 de octubre de 1961, a la edad de cincuenta años, de un ataque al corazón, lo que truncó todo proyecto de escritura que pudiera tener. Sin embargo, Eli Goldensohn reunió y organizó los materiales originales de su hermano y supervisó el mecanografiado de los pequeños cuadernos que recogían todas sus notas. El presente volumen supone la publicación de una selección abreviada y editada de algunas de las entrevistas que Goldensohn realizó a diecinueve acusados y a catorce testigos.

Sus notas son muy concienzudas. Estamos, por ello, en deuda con él. Si Gustave Gilbert, el psicólogo, consignaba sus impresiones al final del día y, en este sentido, confiaba sobre todo en su memoria para reconstruir conversaciones e impresiones, Leon Goldensohn, el psiquiatra, insistía en tomar notas muy detalladas durante el transcurso mismo de las entrevistas. Aunque sólo chapurreaba el alemán, algunos de sus entrevistados sabían inglés y pudo conversar con ellos con toda libertad. Sin embargo, y pese al carácter formal de las entrevistas, quería que los acusados y los testigos se expresasen con sus propias palabras, de modo que no dudó en recurrir a los servicios de un intérprete. Consignó con gran detalle tanto sus preguntas como las respuestas de los acusados, que anotaba en el preciso momento en que las escuchaba.

El dominio que Gilbert tenía del alemán tendría que haberle facilitado la conversación con los prisioneros, la mayoría de los cuales eran comunicativos y estaban ávidos de mantener algún contacto con otras personas. Y sin embargo, algunos acusados tenían la sensación de que el psicólogo los odiaba o de que, en todo caso, no les deseaba ningún bien. Uno de ellos afirmó que se burlaba mostrándoles, por ejemplo, fotografías publicadas en la revista Barras y Estrellas en las que aparecían criminales de guerra nazis ahorcados, asegurándoles que a ellos les sucedería lo mismo. Según parece, los prisioneros miraban con mayor simpatía a Goldensohn, a quien consideraban más distante y profesional. En algunas ocasiones, sin embargo, Goldensohn y Gilbert realizaron juntos algunas entrevistas. En estos casos, era el segundo quien hacía las veces de intérprete.

Goldensohn compartía la creencia, generalizada en la época, de que los dirigentes nazis sufrían alguna especie de «patología», y, pese a la amabilidad del trato, estaba especialmente interesado en encontrar una explicación a sus «depravaciones». Nunca pretendió mantener la relación confidencial propia del terapeuta con sus pacientes, algo que, por otra parte, los prisioneros tampoco esperaban. No todos ellos estaban satisfechos con su situación, pero la mayoría parecían resignados a admitir que constituían «material» para varios libros en proyecto. Hoy en día, con nuestra preocupación por la privacidad, habría resultado problemático que un médico, con toda franqueza y en repetidas ocasiones, preguntase a un prisionero lo que pensaba de otro. En ciertas ocasiones, algún entrevistado solicitaba a Goldensohn que mantuviera la confidencialidad de su respuesta, algo a lo que, sin embargo, el psiquiatra no accedía fácilmente. Como otros médicos del equipo estadounidense, Goldensohn consideraba a los prisioneros nazis en primer lugar como sujetos de estudio y sólo muy accesoriamente como pacientes —si es que en realidad esta segunda consideración se le pasaba por la cabeza—. En efecto, en sus notas se refiere específicamente a los «sujetos» de sus investigaciones. Los prisioneros, por otra parte, consideraban sus conversaciones con los doctores como una oportunidad para dar a conocer algunas afirmaciones o puntos de vista que pronto habrían de emplear en su defensa ante el Tribunal. Goldensohn era consciente de ello e incluso lo alentaba. En sus conversaciones con los estadounidenses, los acusados rara vez bajaban la guardia, especialmente a la hora de confesar los crímenes por los que se les juzgaba. Temían que el Tribunal pudiera emplear en su contra todo cuanto dijesen. Algunos prisioneros observaban con recelo a estos profesionales y les acusaban de estar más interesados en reunir material para los libros que deseaban escribir que en darles los cuidados pertinentes[36].

Goldensohn veía a los acusados casi todos los días, pero lo que diferencia su trabajo del de los demás psiquiatras y psicólogos es su contumaz esfuerzo por mantener entrevistas formales y a menudo prolongadas. Consignaba cuanto le parecía de interés humano o psiquiátrico. Gracias a ello, ahora podemos leer lo que los encausados y los testigos opinaban acerca del papel desempeñado por alguno de ellos en cierto acontecimiento concreto, y también todos los detalles relativos a su familia e historial médico. Goldensohn preguntó a los acusados qué juicio les merecían algunos dirigentes, qué pensaban de Hitler, e incluso lo que opinaban unos de otros y de sus crímenes, y qué les había parecido su comportamiento ante el Tribunal algún día en particular. Les sometió a muchas preguntas, a veces hasta que reaccionaban con furia, pese a lo cual, él continuaba insistiendo. Aseguraba que no quería confrontar el testimonio de unos con el de otros, pero, en realidad, durante sus encuentros cara a cara con los inculpados, algunas veces lo hizo. Con frecuencia, insistía en el testimonio de algunos de ellos ante el Tribunal, señalando, por ejemplo, aquellas partes que no le parecían creíbles o que le resultaban difíciles de comprender. En ocasiones, Goldensohn se mostraba menos complaciente de lo que el fiscal había estado durante el juicio.

Normalmente, Goldensohn no registraba en sus cuadernos las conversaciones coloquiales y se limitaba a tomar nota de las entrevistas formales en las que recurría a la ayuda de un intérprete. El hecho de que tomase notas y la presencia de un traductor impedían que los entrevistados se dejasen llevar. En vez de ello, tenían tiempo de sobra para meditar sus respuestas. Pero tal vez fuese precisamente esto lo que pretendía el doctor.

Es esencial no olvidar que todos los encausados sabían que, en aquel proceso, su vida estaba en juego. Como cualquier acusado por un crimen muy grave, aquellos hombres habían decidido exculparse (para al menos una importante tradición filosófica, toda persona, sin importar lo horrendo de sus crímenes, tiene derecho a defender su vida). Para la mayoría de los acusados, que, en esencia, estaban privados de la mayor parte de sus derechos legales (al menos tal como los entiende la Constitución de Estados Unidos), el hecho de que Goldensohn tomase notas durante sus entrevistas debió disparar todas las alarmas. Los encausados no estaban protegidos contra la autoinculpación, ni Goldensohn les entrevistaba en presencia de sus abogados, ni tenían por qué desechar la posibilidad de que podrían verse obligados a responder ante el Tribunal de las palabras que, según las iban pronunciando, el psiquiatra iba consignando en su cuaderno de notas. Esto no ocurrió, pero, como mínimo, no debemos olvidar que los acusados debieron albergar dudas acerca del propósito final de aquellas entrevistas, que, por otra parte, no estaban protegidas por el carácter confidencial de la relación médico paciente. Es posible que Goldensohn se considerase ante todo médico y científico, pero desde el punto de vista de cualquiera de los acusados era uno de los vencedores, mientras que ellos eran los vencidos. Por este motivo, es muy probable que le tratasen como si fuera un miembro más del equipo de la acusación. Él les aseguró que no tenían de qué preocuparse y que podían hablar con toda libertad, pero no pudo darles ninguna base real para que le creyeran.

En general, los acusados trataban de soslayar todas las acusaciones que recaían sobre ellos, y, como uno de ellos sugirió, a veces lo consiguieron. Esto fue, en efecto, lo que afirmó Albert Speer, el arquitecto de Hitler, a quien a menudo se considera el observador más sagaz de todos los acusados. No le agradó que, al término del proceso, Hans Fritzsche, Franz von Papen y Hjalmar Schacht quedaran libres mientras él era condenado a veinte años de cárcel. En su diario consignó: «al final, las mentiras, las ocultaciones y las declaraciones fingidas han dado resultado». Speer se sentía ofendido porque el Tribunal no le hubiera exonerado a él, lo que sin duda no se debió a su falta de habilidad para mentir o encubrir la verdad[37]. A Speer, como sin duda les sucedía a otros acusados, no le agradaban las personas como Goldensohn y Gilbert. Por lo que sabemos, el arquitecto de Hitler se limitó a hacer a Goldensohn poco más que una declaración breve y lacónica (incluida en el presente volumen). Además, acusó a Gilbert de estar «siempre ávido de añadir algo a sus saberes psicológicos». Respondiendo a Gilbert cuando éste le preguntó su parecer sobre la sentencia, Speer mintió: «me parece justa —dijo—. Considerando los hechos, no se podía dictar una sentencia menor. Así que no puedo quejarme»[38]. Sin embargo, a la luz de lo que admitió posteriormente, Speer no decía la verdad. Creía que el Tribunal había sido injusto con él.

Podríamos multiplicar los ejemplos de declaraciones que ocultaron la verdad, pero eso no significa que todo lo que dijeron acusados y testigos no fuera más que un cúmulo de mentiras. En realidad, lo más notable de las entrevistas de Goldensohn es con cuánta frecuencia los entrevistados se manifiestan abiertamente y, a veces, con asombrosa sinceridad. En varias ocasiones, algunos acusados y testigos admiten la comisión de crímenes abyectos, aunque traten de descargar su culpa en otra persona. Sus excusas, razonamientos e intentos por evitar las consecuencias penales de sus actos resultan interesantes por sí mismos. A veces también comprobamos cómo Goldensohn yerra, hasta qué punto no comprende la importancia de algunas informaciones sesgadas o pasa por alto pistas reveladoras. Pese a todo, los acusados dieron a conocer una gran parte de sí mismos y de lo que les atrajo de Hitler y del nazismo.

El editor del presente volumen se puso en contacto conmigo para pedirme que supervisara y preparase una edición de las entrevistas de Leon Goldensohn. Lo he hecho con el mayor cuidado. He enmendado obvios errores de fechas, lugares y cargos, que a veces se encontraban tergiversados, y también erratas en la ortografía de algunos nombres[39]. Goldensohn no llegó a la etapa de revisión de nombres, fechas y datos, de modo que he procurado verificar cuanto me ha sido posible. A veces, al tomar nota de los antecedentes sociales, educativos y militares de un entrevistado, comete errores banales. He corregido deslices siempre que he podido identificarlos, pero no me cabe duda de que el texto todavía mantiene algunas imprecisiones. Confío en que éstas no afecten en lo sustancial a los valiosos testimonios que suponen estas entrevistas.

Siempre que me ha sido posible, he intentado que el texto siga fielmente al original; no obstante, me he visto obligado a introducir numerosos cambios estilísticos a fin de que la lectura resulte más fluida. He suprimido algunas partes con el propósito de evitar repeticiones y redundancias evidentes, lo que solía suceder cuando una sesión se ocupaba de un tema tratado anteriormente. Con el fin de que el resultado final guardase un tamaño manejable, he eliminado entrevistas completas con algunos acusados y con muchos testigos, pero mi intención siempre ha sido la de incluir todo aquello que resultara relevante para la historia. En ocasiones he tenido que hacer cambios sustanciales a fin de mantenerme fiel a la sustancia de lo que los acusados contaban. Hay problemas derivados de las dificultades que entrañaba la traducción de lo que decían los entrevistados y otros debidos a que Goldensohn entendió mal lo que le estaban relatando, como, por ejemplo, en lo relativo al funcionamiento del Estado alemán. Como todo editor, cuando se trataba de resolver cuestiones de interpretación que no quedaban bien definidas, he tenido que confiar en mi discernimiento profesional, que se ha basado en los trabajos de documentación hechos por mí y por otros.

No he intentado corregir todos los errores e inexactitudes patentes que Goldensohn consignó sin darse cuenta. A veces, los entrevistados quitaron importancia a su propio papel o conocimiento de los hechos o, simplemente, trataron de racionalizar los crímenes. Algunos también intentaron minimizar sus delitos y sostuvieron que se limitaban a intervenir en una guerra defensiva o preventiva. Algunos recordaron a Goldensohn lo que los Aliados, y especialmente los rusos, hicieron a los alemanes en la parte final de la contienda. Es imposible ocuparse en detalle de cada uno de estos episodios, pero el lector debe tener presente el problema de las falsedades deliberadas y de las inexactitudes no conscientes.

En las notas proporciono al lector aclaraciones, orientación y referencias. Aporto, cuando lo considero necesario, información básica sobre figuras destacadas y acontecimientos importantes que se mencionan en el texto. Además, atajo las falsedades, negaciones e invenciones más obvias y relevantes o la repetición de mitos o rumores infundados. Las notas también añaden información más detallada sobre algunas cuestiones importantes como, por ejemplo, la toma del poder por los nazis o el número de judíos asesinados.

Algunos entrevistados y el propio Goldensohn mencionan la cifra de cinco millones de judíos asesinados por el Tercer Reich. ¿En qué se basan para dar ese número? En realidad, ésa era la cifra que manejaba la acusación. La siguiente cita, por ejemplo, pertenece a la declaración inicial de Robert Jackson ante el Tribunal: «Se calcula que, de los 9.600.000 judíos que vivían en la Europa dominada por los nazis, perecieron un sesenta por ciento. Faltan 5.700.000 de los países donde residían, pero teniendo en cuenta el índice de mortalidad normal, hay que excluir de la cuenta a más de 4.500.000»[40]. Durante el juicio, la acusación tendió a redondear la cifra de judíos asesinados y a dejarla en cinco millones.

En varios momentos del proceso, en las conclusiones del fiscal Jackson y en el veredicto del Tribunal, se mencionó también la cifra de seis millones de judíos asesinados. Uno de los testimonios más destacados fue el de Wilhelm Höttl. Según parece, en él se apoyó la acusación. Sin embargo, Höttl sólo podía conocer la cuestión a través de terceras personas. Höttl afirmó ante el Tribunal (y lo suscribió en una declaración por escrito adicional) que, a últimos de agosto de 1944, había preguntado a Adolf Eichmann la cifra de judíos asesinados[41]. Eichmann replicó que hacía poco había informado a Himmler de que en torno a cuatro millones de judíos habían sido asesinados ya en los campos y de que otros dos millones habían muerto de varias formas, sobre todo, fusilados. Según los recuerdos de Höttl, Eichmann le había dicho que Himmler suponía que la cifra de judíos asesinados era, en esas fechas, aún mayor. Hoy, muchos historiadores dirían que, para el periodo al que nos estamos refiriendo, es decir, finales de agosto de 1944, las cifras que al parecer dio Eichmann y Höttl repitió ante el Tribunal son sin duda demasiado elevadas.

Diversos historiadores, entre los cuales destaca Raul Hilberg, que ha escrito una obra definitiva sobre la aniquilación de los judíos europeos, sitúan la cifra de judíos asesinados en torno a los 5.300.000[42]. Hilberg sitúa el número de asesinados en Auschwitz en un millón, una cifra escalofriante, pero muy por debajo de la que, ante el Tribunal, manifestó el comandante del campo, Rudolf Höss. Pese a que no resulta fiable, esta cifra —entre dos millones y medio y tres— continúa citándose a menudo, incluso en estudios en apariencia concienzudos sobre Auschwitz[43]. Es necesario que seamos todo lo escrupulosamente exactos que podamos con las cifras a fin de acallar a los revisionistas o a aquellos que niegan el Holocausto.

También se pueden leer las entrevistas de Goldensohn desde el punto de vista de lo que nos revelan sobre la opinión que en aquel tiempo tenían los estadounidenses sobre el nazismo y el Tercer Reich. Goldensohn, por ejemplo, aceptaba sin asomo de dudas uno de los cargos fundamentales de la acusación, es decir, que los nazis se habían embarcado en una conjura de enormes proporciones con la intención de cometer diversos crímenes, incluidos crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad tal y como aparecían definidos en los estatutos del Tribunal. Aceptaba la idea de que con el comienzo del Tercer Reich se había iniciado también una vasta conspiración que se prolongó durante los años que duró la guerra. Hoy en día, pocos historiadores se mostrarían de acuerdo con una interpretación tan «intencionalista» del Tercer Reich y la mayoría suscribe la opinión de que muchas de sus políticas, incluida la de asesinar a todos los judíos de Europa, fueron improvisadas y sólo se decidieron bien entrada la II Guerra Mundial. Hemos tenido mucho más tiempo para investigar los procesos decisorios en el seno del Tercer Reich, pero, aparte de esto, lo cierto es que la mayoría de nosotros tenemos una idea distinta del régimen nazi de la que tenían Goldensohn y sus coetáneos.

Nuevas investigaciones nos han permitido revisar parte de la documentación más relevante presentada en Núremberg bajo una perspectiva generalmente más amplia y en algunos casos nueva. En algunos documentos es posible entender más hoy de lo que, durante el proceso, pudieron entender la acusación o los jueces, que a veces se vieron superados por las circunstancias. Una de las muchas y sagaces tácticas de la defensa fue la de ahogar al Tribunal bajo un mar de documentos, declaraciones y afirmaciones de testigos presenciales[44]. Sólo mucho después hemos podido comprender lo que algunas personas que testificaron ante el Tribunal —y otras repitieron en sus entrevistas con Goldensohn— querían decir cuando afirmaron que los nazis tenían planes para acabar con treinta millones de personas. No habría habido uno, sino varios genocidios[45]. Los documentos más reveladores relativos a estos planes fueron remitidos al Tribunal, pero las verdaderas dimensiones del asunto no se comprendieron.

Aunque Goldensohn mantuvo por regla general un comportamiento neutral durante las entrevistas, no vaciló en dejar muy claras sus opiniones, incluido su profundo escepticismo ante muchas de las explicaciones ofrecidas por los encausados. Como sabemos por otras fuentes, algunas de sus reacciones podían ser ciertamente bruscas[46]. Entrevistó, por ejemplo, a Otto Ohlendorf, que no se encontraba entre los criminales de guerra más relevantes, pero que sí declaró como testigo ante el Tribunal. (Meses más tarde fue juzgado y ejecutado). Ohlendorf había sido jefe del Einsatzgruppe D de la SS, que, según su propio testimonio, fue responsable del asesinato de al menos noventa mil personas, judíos en su mayoría[47]. Este grupo fue uno de los cuatro escuadrones de la muerte de este tipo que los nazis organizaron en Europa oriental, aunque en realidad había muchos más[48]. A Ohlendorf le gustaba considerarse uno de los líderes «intelectuales» del Servicio de Seguridad (SD) y se tenía por un «idealista» y no por un antisemita. Por tanto, se sintió particularmente molesto el día en que Goldensohn le acusó de ser un sádico y un pervertido o un lunático. ¿Qué otra cosa podía explicar, preguntó el médico, que Ohlendorf —un hombre que se jactaba de ser «íntegro e incorruptible»— hubiera ordenado el asesinato de tantos hombres, mujeres y niños inocentes[49]?

Como el lector comprobará a través de las entrevistas, Goldensohn no solía ser tan brusco, aunque, según parece, llegó a Núremberg convencido de que algunos o quizá muchos nazis eran unos sádicos, incluidos aquellos que no intervinieron directamente en ninguna atrocidad. Como entrevistador, Goldensohn, que buscaba respuesta a sus preguntas sobre la naturaleza del nazismo, podía aplicar a veces ciertas técnicas que rayaban en la intromisión. Ciertamente, no vacilaba a la hora de acorralar a los acusados cuando sus respuestas le parecían contradictorias o poco satisfactorias, si bien solía retroceder cuando entendía que se estaba enzarzando en una comprobación demasiado meticulosa.

Con la excepción de Rudolf Hess, y en las etapas finales del juicio probablemente de Hans Frank, podría decirse de los procesados en Núremberg cualquier cosa menos que padecían una enfermedad mental. Lamentablemente, la mayoría de ellos eran personas «normales», quizá demasiado normales, y, excluido Hess, a lo largo de su trayectoria demostraron gran competencia. Según pudo comprobarse, la mayoría eran «buenos padres de familia» y muchos de ellos habían recibido una educación superior o una buena formación profesional. El doctor Gilbert les realizó un examen para medir su coeficiente intelectual que demostró que todos menos uno (Streicher) «poseían una inteligencia superior a la media» —que corresponde a una puntuación de entre 90 y 110 de un examen de CI—. De los veintiún acusados a quienes se hizo el examen, siete dieron una puntuación superior a 130 y dos superaron los 140 puntos[50]. Los antaño todopoderosos «dirigentes del Reich» rechazaban la idea de que sus captores les sometieran a un examen, pero en cuanto éste dio inicio, todos ellos se esforzaron «por hacerlo lo mejor posible a fin de ver confirmada su capacidad»[51].

NÚREMBERG COMO PROYECTO INACABADO

Entre diciembre de 1946 y abril de 1949, se desarrollaron en Núremberg otros doce procesos que suponían la continuación y complemento del primero. Si en el gran juicio inicial los jueces y fiscales pertenecían a las tres potencias aliadas y a Francia, en los juicios que siguieron, Estados Unidos procedió en solitario contra individuos y grupos concretos a quienes se acusó de la ejecución material de los crímenes[52]. Estos procesos posteriores resultaron particularmente importantes para arrojar luz sobre la participación de la sociedad en las violaciones de los derechos humanos y su implicación en los crímenes de guerra y los asesinatos en masa. Luego, a lo largo de los años, en la propia Alemania se llevaron a cabo nuevos juicios en los que las diversas potencias ocupantes —Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Francia— juzgaron a los nazis acusándoles de cargos muy diversos[53]. Los propios alemanes condenaron varios crímenes cometidos durante el Tercer Reich, y aunque la política de los crímenes de guerra era y continúa siendo extremadamente compleja, han continuado haciéndolo de manera intermitente hasta nuestros días[54].

Pese a todo, fue el primer gran proceso de Núremberg contra los mayores criminales de guerra nazis el que conmovió verdaderamente a la opinión pública. Aunque en el transcurso de la II Guerra Mundial los gobiernos aliados habían hecho públicas algunas atrocidades cometidas por los nazis, incluido el asesinato en masa de judíos, existía la tendencia a tachar todo ejemplo de exageración similar a la propaganda desaforada que sobre los alemanes se había difundido durante la I Guerra Mundial. Como poco, por lo tanto, la ingente documentación presentada en Núremberg evidenció de manera patente la existencia de tales atrocidades.

Los ciudadanos, y entre ellos hay que incluir a muchos alemanes, no estaban preparados para lo que se iba a desvelar, pero en su mayoría estaban a favor de los juicios, y aprendieron mucho de ellos[55]. Aún nos resulta difícil creer que la violación de los derechos humanos alcanzara tales extremos, o la escala de los asesinatos, o la magnitud de crueldades indescriptibles.

En general, en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en todas partes, los positivistas del derecho han sostenido que los juicios de Núremberg no son válidos porque no se basaron en la legalidad internacional vigente. Los teóricos del derecho natural rechazan esta postura y, por el contrario, insisten en que fueron necesarios en el sentido de que la civilización tenía que protegerse a sí misma ante crímenes que no tenían precedentes. Ambas posturas continúan animando el debate académico y tienen gran importancia cuando se trata de entender cuestiones tan actuales como la polémica suscitada por la creación del nuevo Tribunal Penal Internacional de La Haya[56]. En 1945 se pasaron por alto todas las objeciones filosóficas y legales y los juicios continuaron, que era, más o menos, lo que los pragmáticos del derecho natural deseaban[57].