1. LUCHA CONTRA EL MIEDO
En su libro Vicios ordinarios, la politóloga Judith N. Shklar introdujo una fenomenología temporal del liberalismo a partir de sus prácticas y valores constitutivos. Identificó el surgimiento de este pensamiento a partir de la reacción intelectual que tuvo lugar en Europa frente a los extremos de crueldad y violencia generados por las guerras religiosas y el despotismo de los siglos XVI y XVII. Para Shklar, el liberalismo nació como una trinchera institucional frente al miedo. Una trinchera desde la que se desarrolló una estrategia inicialmente de resistencia frente al poder político y religioso. Con el tiempo fue más lejos: adquirió un fervor revolucionario al servicio del ideal radical que espoleó el calvinismo en su lucha por la supervivencia. Dio pie al establecimiento de un orden político nuevo, basado en la separación de poderes y la defensa de la conciencia, la libertad y la propiedad. Las raíces más profundas del liberalismo habrá que buscarlas, por tanto, en el deseo de proteger la conciencia y la libertad de la persona frente a la violencia de los absolutos propagados durante los inicios de la Modernidad. Una protección institucionalizada a través de la propiedad que transformó los ideales de virtud esgrimidos por el humanismo cívico utilizando la plataforma de una narración política revolucionaria basada en los derechos naturales y el gobierno limitado. Como sigue señalando Shklar, el miedo fue para los pensadores que hicieron surgir el liberalismo: «El mal, la amenaza que hay que evitar a toda costa. La justicia misma no es más que una red de disposiciones legales necesarias para mantener a raya la crueldad, especialmente por quienes tienen a mano los instrumentos de la intimidación. Por ello, el liberalismo se concentra tan obsesivamente en el gobierno limitado y predecible. La prevención del exceso físico y la arbitrariedad deberá lograrse mediante una serie de medidas legales e institucionales destinadas a aportar los frenos que no se puede esperar que ofrezcan ni la razón ni la tradición».1
Guiados por esta interpretación, podemos ofrecer el momento temporal y el lugar donde nació el liberalismo. Fue en Inglaterra durante la llamada Crisis de la Exclusión, en la década que va de 1678 a 1688. Fue entonces cuando este país vivió un escenario de confrontación abrupta en el que los whigs pusieron en marcha un movimiento partidista que trató de impedir que el absolutismo y la Contrarreforma se instalaran en el país alentados por un contexto internacional propiciado por el avance del catolicismo en el continente europeo.2 El detonante que impulsó el nacimiento del liberalismo fue el miedo que amplios sectores de la sociedad sintieron ante la hipótesis de que los Estuardo transformaran Inglaterra en una monarquía absoluta que revocara la tolerancia religiosa y aboliera los derechos parlamentarios que disfrutaban las clases medias puritanas de la época. La propiedad y, asociada a ella, la libertad política y religiosa fueron las líneas argumentales que aglutinaron el relato de resistencia y confrontación que los whigs emplearon políticamente.3 Sobre todo, después de que la tolerancia se mostrara fallida al respecto, pues no hay que olvidar que protagonizó el debate político durante los años que van de la Restauración de 1660 al inicio de la crisis que terminó con ella.
Se puede ser más preciso y afirmar que 1681 fue el año del nacimiento del liberalismo. Entonces el compromiso que sustentó la Restauración se rompió abiertamente y, con él, el antiguo equilibrio entre Parlamento y Corona teorizado dos décadas antes.4 Parafraseando el título de la famosa obra de John Pocock, Inglaterra vivió entonces un momento liberal en el que se afrontó colectivamente un esfuerzo parecido al que Maquiavelo desplegó durante la agonía cívica de la república florentina.5 Se trató de un instante en que el tiempo se detuvo también en la mente de un pensador —John Locke— que al servicio de un político relevante —Lord Shaftesbury—, ofreció una respuesta al cambio de cosmovisión al que se enfrentaba su país como consecuencia de la aceleración y la agitación que provocaba el ritmo impuesto por el Progreso en la definición conceptual del poder o, si se prefiere, del gobierno. Ese instante temporal tenía que ver también con un cambio de paradigma intelectual asociado a la consolidación de una revolución científica y comercial que Inglaterra abanderaba en Europa. Un cambio que se veía amenazado por una reacción monárquica que trataba de restaurar la tradición previa a la guerra civil y la Commonwealth de Cromwell para refundarla sobre los fundamentos de un absolutismo de inspiración francesa y criptocatólica. De ahí que este momento liberal se produjera en medio de un clima rebosante de conspiraciones y luchas partidistas. Tan imbuido estaba de esta atmósfera que el liberalismo llegó al mundo de la historia de las ideas con el perfil de una ideología radical y revolucionaria que centró su trabajo en redefinir sistemáticamente las aportaciones intelectuales gestadas a lo largo del siglo XVII durante la lucha del Parlamento por consolidar las libertades y los derechos del pueblo inglés. Concretamente, las aportaciones surgidas, primero, de la resistencia frente a los apetitos absolutistas de Jacobo I y Carlos I; después, de los debates desarrollados durante la guerra civil por los levellers y, finalmente, de autores como Milton y Harrington que, comprometidos con la causa republicana que lideró Cromwell, dejaron también una huella indeleble en el nacimiento teórico del liberalismo.
Los principales protagonistas de este parto fueron Lord Shaftesbury y John Locke. El primero lideró el movimiento whig a partir de los años setenta, y el segundo fue uno de sus hombres de confianza, asesorándole en la sombra y redactando sus discursos parlamentarios mientras escribía los Dos Tratados sobre el gobierno civil, obra en la que se concretan por primera vez las coordenadas precisas del pensamiento liberal.6 Uno y otro, moviéndose en planos distintos pero relacionados entre sí, contribuyeron decisivamente a que la confrontación partidista que vivieron los whigs y sus oponentes los tories cristalizara en un enfrentamiento ideológico. Por un lado, los que defendían un protestantismo asentado en el poder del Parlamento y en la vigencia de una serie de derechos vinculados a la libertad política y religiosa del pueblo inglés, y por otro, los que cuestionaban este entramado institucional y legal poniéndose del lado del rey y reclamando un aumento de su capacidad de decisión política y religiosa, admitiendo incluso la persecución y encarcelamiento de sus oponentes, así como el uso de prácticas corruptas mediante la compra de cargos y de apoyos políticos.7 Con todo, esta disputa, como se verá más adelante, no era nueva. Ya se dio con matices antes de la guerra civil, y también durante ella, agrupando así a los bandos que se enfrentaron con las armas. Sin embargo, fue a partir de la Restauración de 1660 cuando adquirió un carácter básicamente ideológico, ya que la política inglesa se organizó a través de una confrontación pacífica entre dos partidos. Primero fue velada y, después, explícita; especialmente después de que el enrarecimiento del clima político condujera a que ambos grupos cobraran plena conciencia de lo que cada uno de ellos representaba.8 Fruto de su pugna por el poder que protagonizaron a partir de la década de los setenta, fue el hecho de que se bautizaran unos a otros a partir de los insultos que se cruzaban. Así, tory tenía su origen en el gaélico irlandés y significaba «ladrón» (toiridhe). Se utilizaba desde la época de Cromwell para definir a los católicos irlandeses que se habían enfrentado al dominio inglés en Irlanda, pasando luego a ser el nombre que se dio —tras la Restauración— a los partidarios de la política conservadora de Carlos II y, concretamente, de Lord Danby, líder de la mayoría que respaldaba al rey en el Parlamento. Por su parte, whig venía del gaélico escocés y se traducía por «cuatrero» (wiggamor), siendo usado durante la guerra civil para insultar a los presbiterianos escoceses.9 Pero fue durante los años del liderazgo parlamentario de Danby cuando empezó a emplearse para calificar a sus oponentes en los Comunes, que no eran otros que los partidarios de Lord Shaftesbury.
El nivel de enfrentamiento entre tories y whigs se enquistó progresivamente según transcurría el reinado de Carlos II. Fue determinante, por un lado, la voluntad del rey de minar los fundamentos de la autonomía parlamentaria, y por otro, la decisión de los Comunes de resistirse a ello. Sin embargo, hubo que esperar unos años más para que ambos grupos llegaran a afilar sus cuchillos dispuestos a enfrentarse más allá de los escaños de los Comunes.10 Esta situación se produjo cuando la Crisis de la Exclusión alcanzó su apogeo debido a la ruptura del compromiso que fundamentó el Ordenamiento de la Restauración. Éste, que había sido impulsado por Lord Clarendon, el hombre de confianza de Carlos II hasta su caída en desgracia en 1667, se había sostenido en una relación de respeto mutuo entre la Corona y el Parlamento. Esta relación había girado alrededor de los términos del equilibrio consuetudinario que se había logrado entre ambos poderes en el momento de la primera sesión del Parlamento Largo de 1640.11
La ruptura definitiva de este Ordenamiento tuvo lugar como consecuencia de las continuas luchas en las que se enfrascaron el rey y la nueva mayoría de los Comunes controlada por Shaftesbury y los whigs desde 1679. Entonces las sombras de las tensiones vividas décadas atrás volvieron a aflorar. La creencia popular de que los Estuardo querían impulsar un gobierno arbitrario y restaurar el papismo, amenazó la paz y la estabilidad política del país, ya que fue aprovechada por los whigs mediante el desarrollo de una poderosa plataforma partidista que adquirió un marcado contenido ideológico. Como se verá más adelante, la evolución de su actividad estuvo condicionada por los avatares históricos del período. Combatieron el miedo que prendió entre sus seguidores y lo transformaron en una ola de crispación popular frente a los abusos del rey y sus aliados los tories. De este modo, recurrieron a la «apelación a los cielos» manejada durante la revolución puritana con el fin de movilizar al pueblo y recuperar la estrategia mantenida por el bando parlamentario en la guerra civil. Los primeros pasos de esta estrategia revolucionaria fueron fallidos y colocaron a la conspiración whig al borde de su completo fracaso, hasta que, finalmente, cuajó con el desembarco de Guillermo de Orange en noviembre de 1688 en Torbay, momento a partir del cual se iniciaría la Gloriosa Revolución que finalmente destronó a los Estuardo y dio pie al triunfo del liberalismo como soporte del nuevo orden político.12
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La puesta en marcha de una estrategia despótica propició el nacimiento del liberalismo. Éste surgió como un valladar político frente al miedo que provocaban los Estuardo. Una reacción popular que se transformó en ideología al sistematizar un cuerpo de experiencias e ideas dispersas, unificándolas de acuerdo con una estrategia revolucionaria. En ella se aglutinaban varias aportaciones. Por un lado, las experiencias antiabsolutistas y antipapistas vividas por la causa parlamentaria inglesa durante la primera mitad del siglo XVII. Por otro, el desarrollo teórico fraguado en el seno de la revolución puritana de la mano de los levellers y de pensadores como Milton y Harrington. La combinación de ambas aportaciones, sumada al precipitado político que fue la Inglaterra de la Restauración, hizo posible que el liberalismo viniese al mundo como la ideología de los whigs. Esto es, como el soporte teórico y propositivo de la causa que, heredera del parlamentarismo y el republicanismo de la guerra civil, abanderó la lucha contra el absolutismo y la política religiosa que promovieron Carlos II y Jacobo II. Esta oposición primero fue constitucional y parlamentaria, pero pronto evolucionó hacia la subversión y después hacia la revolución. El ideal revolucionario surgió entonces como una bandera política más dentro de la compleja identidad del liberalismo, teorizando sobre él y defendiéndolo como una vía de impugnación del orden político cuando éste era considerado inmoral y corrupto. Esto, que sucedió primero en Inglaterra en 1688 de la mano de la Gloriosa Revolución, pasó desde entonces a acompañar al liberalismo, tal y como tuvo lugar después con las revoluciones trasatlánticas de 1776 y 1789. Veamos ahora cómo se llegó hasta aquí.
2. UN PUEBLO DE PROPIETARIOS
Dentro de este esquema de confrontación partidista que acabamos de analizar, resulta oportuno estudiar por qué los whigs eligieron la propiedad y la libertad como los soportes de la causa parlamentaria y protestante que acaudillaron frente a Carlos II. La razón primordial hay que buscarla en el hecho de que a lo largo del siglo XVII ambos conceptos habían adquirido un soporte de identidad común. La libertad y la propiedad eran la cara y la cruz de una misma moneda. Constituían una identidad colectiva que permitía al pueblo inglés sentirse orgulloso de su independencia frente a la Corona y la nobleza. Pero no sólo eso. De puertas afuera, los ingleses se sabían poseedores de unos rasgos nacionales que los identificaban singularmente de los otros pueblos de Europa. De hecho, eran dueños de unas libertades que dependían de ellos mismos y a ellos les correspondía también la tarea de defenderlas, algo que muy pocos pueblos podían vanagloriarse de hacer. Así, buena parte de la idiosincrasia nacional estaba ligada a una vivencia generalizada de la propiedad. Tan generalizada que el propio Marx reconoció en El capital que en la Inglaterra de esos años, «la inmensa mayoría de la población se componía de campesinos libres, dueños de la tierra que trabajaban, cualquiera que fuese la etiqueta feudal bajo la que ocultasen su propiedad».13 Ser propietario y, por tanto, no depender de otro para vivir, era una experiencia ampliamente extendida en el conjunto de la sociedad.
La propiedad era vista como algo más que un derecho: era la expresión de la dignidad política del hombre común, de la gente corriente. Los ingleses se enorgullecían de ser libres frente a los poderosos, ya que disfrutaban de una autonomía que les permitía decidir el destino del país.14 La propiedad otorgaba al inglés la condición de hombre libre. Gracias a ella se le aplicaba el common law —el derecho de la tierra— y, vinculado a él, el derecho a ser juzgado por iguales, a elegir representantes municipales y parlamentarios, así como a defender su país mediante el uso de las armas. El pueblo inglés era un pueblo de propietarios que condicionaba el ejercicio del poder del rey y de la nobleza: una comunidad de hombres libres que trabajaba sus propias tierras y podía decidir por sí misma y hacer posible el ideal de un gobierno mixto en el que se equilibraban los poderes del reino al obligarles a entenderse entre ellos. Este ideal de gobierno se retrotraía en el tiempo hasta épocas inmemoriales, configurando, tal y como se verá más adelante, una idea de Antigua Constitución que incluso se tenía por anterior a la Carta Magna de 1215.15 No hay que olvidar que en la Inglaterra del siglo XVII el derecho de voto y, por tanto, el ejercicio de los otros atributos que identificaban la ciudadanía, estaban subordinados a la propiedad. Los disfrutaban los campesinos que tuvieran sus propias tierras y acreditaran al menos cuarenta chelines de renta al año; y en las ciudades, quienes pertenecieran a corporaciones gremiales o estuvieran en posesión de inmuebles, y todos aquellos que percibieran algún tipo de rentas urbanas. Esto, que venía siendo así desde la Edad Media, hizo que la propiedad, a diferencia del resto de Europa, adquiriese en Inglaterra una significación política y social de extraordinario calado. Primero, porque el sistema de common law que se basaba en ella se transformó en garante de la libertad del pequeño propietario frente a los abusos de los terratenientes feudales.16 Segundo, porque la rápida abolición de la servidumbre en 1381 estimuló la temprana aparición de una clase media campesina —los yeomen— y una pequeña nobleza —la gentry— que fueron consolidándose con la compra de bienes a los antiguos terratenientes empobrecidos, así como con la adquisición de tierras provenientes de los antiguos señoríos eclesiásticos desaparecidos con la disolución de la Iglesia católica después del Cisma.17 Y tercero, porque el aumento del peso político del Parlamento y la división de éste en las Cámaras de los Lores y los Comunes, estimuló el protagonismo de esta última al encontrar el rey en ella un aliado frente a la nobleza.
La concurrencia de estos factores contribuyó a que la propiedad, al hallarse ampliamente extendida entre las clases campesinas y urbanas, se proyectara socialmente como una expresión colectiva de la libertad del pueblo inglés. Una libertad que cobró vigencia institucional a través de una Cámara de los Comunes que, como se acaba de señalar más arriba, tejió durante la Edad Media una alianza con la Corona que fortaleció a ésta, pero a cambio de concesiones que vigorizaron igualmente al Parlamento y a las clases que se veían representadas en él, tal y como puso de manifiesto la costumbre de que fuera necesario el consentimiento parlamentario para la fijación de impuestos que gravaran directamente la propiedad. No cabe duda de que esta alianza institucional fue decisiva a la hora de sentar las bases de las que surgió más adelante el liberalismo. No hay que olvidar que gracias a ella se impulsó durante los reyes de la casa Tudor, y en particular con Enrique VIII e Isabel I, las reformas que iniciaron la modernización del Estado inglés, así como la introducción del protestantismo. Con gran habilidad, estos monarcas lograron atraer el apoyo de los grupos sociales que estaban representados en los Comunes. Lo hicieron beneficiándolos con la venta de las propiedades confiscadas a la nobleza después de la guerra de las Dos Rosas y, sobre todo, con la cesión de las tierras que habían sido propiedad de la Iglesia católica y que se desamortizaron tras el Cisma anglicano. Desde entonces, tanto la yeonmanry como la gentry respaldaron a la Corona en todos sus proyectos. Ambos grupos integraban la inmensa mayoría del pueblo de Inglaterra, confiriendo a éste una autonomía decisoria y una conciencia de su propia dignidad que no tenían parangón en el resto de Europa, dejando a salvo, claro está, las repúblicas italianas y, muy en particular, Venecia. Todas estas circunstancias contribuyeron extraordinariamente a la existencia de un pueblo que era consciente de serlo, y que se enorgullecía por ello. Un pueblo que se reconocía a sí mismo titular de unos derechos centenarios que le atribuían un estatus privilegiado con relación a sus vecinos.18 Aliados de la Corona, los yeomen y la gentry se convirtieron a partir del siglo XV en el soporte de una nueva mentalidad nacional: la de una sociedad política híbrida en la que la monarquía centralizada de los Tudor coexistía con una especie de comunidad de intereses políticos locales representados en los Comunes.19 Desde la conciencia plena de su independencia, los ingleses se tenían a ellos mismos como hombres libres: súbditos de una monarquía que no los trataba ni como vasallos ni dependientes. Esta circunstancia contribuyó de manera decisiva a la racionalización de la administración y la centralización de muchas de las instituciones inglesas, especialmente en el ámbito de la justicia y la administración. Así, los miembros de la gentry pasaron a engrosar las filas de los servidores públicos que ocuparon los puestos que impulsaron el advenimiento de la nueva monarquía, formándose en las escuelas, universidades y en los colegios de abogados (Inns of Court) e impregnándose en ellos de una educación que «puede ser calificada en sentido general de humanista y de búsqueda de una variante inglesa de humanismo políticamente activo».20
Por otro lado, la inmensa mayoría de los miembros de estas clases sociales respaldaron el desarrollo de una política religiosa que condujo a Inglaterra a abrazar la fe protestante y tenerla como un rasgo más de la identidad nacional. Primero, profundizando en el Cisma promovido por los Tudor y, después, asumiendo las creencias del calvinismo puritano, que fue, como reconoce Tawney, la verdadera Reforma inglesa, pues «de su lucha con el viejo orden de cosas surge una Inglaterra inconfundiblemente moderna».21 La conciencia de su propia dignidad y los hábitos individualistas de un pueblo que se veía a sí mismo como una comunidad de propietarios y hombres libres, contribuyó a que se propagara el protestantismo como una creencia que rechazaba los usos jerárquicos de la Iglesia católica, especialmente debido al énfasis que ponía ésta en el dogma y la autoridad. Estas circunstancias llevaron a que entre las filas de la yeonmanry y la gentry fueran muchos los que asumieron la fe de Calvino. Especialmente a partir del reinado de Isabel I, cuando la Corona favoreció su implantación dentro de un clima de tolerancia que tan sólo exigía el respeto de la preminencia del rey como cabeza de la Iglesia de Inglaterra y defensor de la Reforma en las islas británicas. Así, en el solar inglés caló la idea de una cultura tolerante entre las diversas manifestaciones en las que fue desgajándose el tronco común de la Reforma, siendo el anglicanismo el continente que aglutinaba políticamente el contenido cada vez más complejo y fragmentario del mundo de las creencias religiosas provenientes del Cisma. Familiarizados con la tolerancia, los ingleses vieron en ella una solución pacífica y necesaria a la hora de salvaguardar la estabilidad interior de un país cada vez más plural en términos religiosos. De este modo, la nueva monarquía renacentista fundada por los Tudor urdió una complicidad estratégica con las «fuerzas más vigorosas de la edad venidera: Londres, las clases medias, la población marinera, los predicadores protestantes, los terratenientes vigorizados por las tierras de las abadías; juntos demostraron ser más que una compensación a las fuerzas del mundo antiguo: los monjes y frailes, los restos de la nobleza y clases feudales del norte, y la piedad popular católica».22
3. LA UTOPÍA DE LOS ESTUARDO
Esta comunidad de intereses se rompió tras la muerte en 1603 de Isabel I y la llegada al trono de su sobrino, Jacobo I Estuardo, rey de Escocia. A partir de ese momento, la alianza que había marcado la política inglesa desde la Edad Media saltó por los aires, siendo la propiedad y, asociada a ella, la libertad política y religiosa los detonantes de la ruptura. La causa de este estallido hay que localizarla en el deseo del nuevo rey de fortalecer el poder de la monarquía mediante el establecimiento de un Estado absolutista. Jacobo I no veía con agrado la dependencia financiera que padecía. Tampoco le gustaba la estructura de gobierno mixto que moderaba el poder de la Corona al forzar un permanente entendimiento entre ella y el Parlamento. La costumbre de tener que obtener el consentimiento del Parlamento para sufragar sus gastos, era vista como una debilidad medieval que lastraba sus proyectos de reforma del Estado. Jacobo I miraba a Francia como el modelo a imitar, ya que al otro lado del canal de la Mancha cobraba forma un ideal de modernidad política en el que el poder se concentraba en unas solas manos siguiendo el diseño contenido en Los seis libros de la república de Bodin. A sus ojos, la autonomía legal y financiera de la Corona francesa era una ventaja. El rey podía dotarse de recursos propios con los que salvaguardar la paz interior y, de paso, fortalecer la posición del país en el exterior. Apoyándose en esta autonomía, Francia estaba siendo capaz de disputar a España la hegemonía europea y resolviendo —con la primacía absoluta del poder regio— los conflictos interiores provocados por la existencia de una comunidad religiosa fracturada entre hugonotes y católicos.
Pero si Inglaterra quería seguir la senda francesa, entonces, el rey tenía que asegurarse una fuente de ingresos propia, estable y permanente que aumentase su capacidad de maniobra a la hora de diseñar su política interior y exterior. Al mismo tiempo, tenía que explotar todas sus fortalezas, entre las que destacaba el control político que ejercía sobre la religión, pues la Iglesia anglicana dependía directamente del rey y éste era cabeza de la fe protestante debido al carácter político que tuvo el Cisma promovido por Enrique VIII. Esto suponía que la administración de los asuntos eclesiásticos era «un atributo de la soberanía del príncipe» y, por tanto, que «toda divergencia respecto a la Iglesia anglicana había de constituir un ataque directo a la soberanía del monarca y como tal era duramente reprimida apelando a la seguridad del Estado».23 Esta visión, que se había consolidado durante el reinado de Isabel I, fue lo que transformó un país mayoritariamente católico en otro protestante. A ello contribuyeron el Acta de Uniformidad de 1559, la identificación del Cisma con el sentir patriótico inglés después de los intentos de Felipe II de invadir la isla para forzar su conversión al catolicismo y, finalmente, la paulatina y progresiva penetración del calvinismo en amplios segmentos de la gentry y la yeonmanry debido a la tolerancia de la reina hacia las tesis puritanas moderadas. Esta situación condujo a que la Iglesia anglicana agrupara a todas las corrientes protestantes en su seno, distinguiéndose dos grupos bien diferenciados: por un lado, la high church, que aglutinaba a los sectores más ortodoxos del anglicanismo; por otro, la low church que integraba a los más heterodoxos, debido a la fuerte influencia que sobre ellos ejerció el calvinismo. Posteriormente de este segundo grupo se desgajaron los inconformistas, surgidos en el reinado de Isabel I al integrar a los puritanos que permanecían dentro de la Iglesia anglicana, pero que se negaban a aceptar algunas de las prácticas de culto previstas en el Acta de Uniformidad que dio pie al Prayer Book de 1559.
Consciente de esta situación y deseoso de no ver debilitado su poder sobre la Iglesia anglicana, Jacobo I quiso imponer pleno control sobre ella. Primero, porque, como católico encubierto, no descartaba devolver a Inglaterra a la fe de Roma si las circunstancias eran favorables para ello. Y segundo, porque para que eso fuera posible, la Iglesia de Inglaterra debía mantenerse unida bajo su autoridad; de manera que la creciente autonomía que dentro de ella habían adquirido las parroquias puritanas de la low church no podía consolidarse, ni tampoco ampliarse el proselitismo de las numerosas sectas inconformistas que proliferaban en la isla. Por eso se opuso a la Millenary Petition que los sectores puritanos le plantearon en la Conferencia de Hampton Court de enero de 1604. Con ello trató de evitar que mermase el control político que ejercía sobre la Iglesia anglicana, impidiendo que se rebajara la autoridad de los obispos al negarse a dotar de autonomía a las parroquias que estaban en manos de clérigos puritanos. Con esta decisión, Jacobo I provocó un desencuentro con el puritanismo calvinista que, hasta entonces, había sido uno de los aliados más firmes de la Corona. Este desencuentro se agrandó unos meses después, cuando los Comunes hicieron suya la Millenary Petition y el rey volvió a oponerse a ella. La declaración que Jacobo I hizo para justificar su decisión logró que el desencuentro se transformara finalmente en una feroz enemistad. Afirmó que el puritanismo era una peligrosa innovación sectaria. Añadió que era una herejía teológica que confundía la política con la igualdad, sosteniendo incluso que era incompatible con la antigua y milenaria autoridad que fundaba el gobierno del rey sobre su pueblo.24 Según G. M. Trevelyan, Jacobo I cometió el error de su vida con estas palabras. A partir de ese momento, el puritanismo vio al rey como un enemigo frente al que opuso aliados poderosos en las bancadas de los Comunes.25 Precisamente esta alianza entre el puritanismo y el Parlamento echó a andar con rapidez debido a la estrecha conexión de intereses entre los agraviados por la política del rey. Aquí fue determinante el hecho de que el Parlamento y, concretamente, la Cámara de los Comunes hubieran asumido desde finales del siglo XVI la conciencia institucional de que su principal tarea era preservar la libertad y la propiedad.26
Esta conciencia tenía que ver directamente con la educación humanista que recibió la gentry parlamentaria y, sobre todo, con la visión que asumió ésta al concebir el ejercicio de la política como una vocación eminentemente virtuosa debido a la presencia mayoritaria en los Comunes de parlamentarios con creencias puritanas. No hay que olvidar que los miembros de esa gentry puritana se veían a sí mismos como aquella parte de la sociedad en la que «se combinaba la independencia económica, la educación y un cierto orgullo decente por su condición, que se revelaba a un tiempo en el resuelto propósito de vivir su propia vida, sin someterse a seres superiores de este mundo, y en un desprecio algo arrogante por aquellos que, ya por debilidad, o por desvalimiento económico, eran menos resueltos, menos vigorosos y dominadores que ellos mismos».27 De ahí que, cuando Jacobo I decidió combatir abiertamente el poder del Parlamento socavando su capacidad para bloquear iniciativas presupuestarias y tributarias, la reacción de los Comunes fue ver en ello tanto una declaración de guerra política como un acto de impiedad religiosa, que además se interpretó como una impugnación del clima de tolerancia que había mostrado el rey hacia los grupos sectarios en los que se había fragmentado la Reforma en la isla.
La estrategia que Jacobo I desarrolló para doblegar al Parlamento localizó sus armas en impugnar los fundamentos mismos de la propiedad cuya defensa tan celosamente abanderaban sus oponentes. Urgido por la falta de recursos y por una lógica de economía de medios, quiso ir a la raíz del problema, sabedor de que si lograba vencer en este campo, toda la resistencia parlamentaria se vendría abajo de un solo golpe. Las tentativas del rey por fortalecer su poder localizaron su empeño en tratar de cambiar el estatus que protegía la propiedad. Conscientes de esta estrategia y de la mentalidad absolutista que la inspiraba, los Comunes se enfrentaron a ella esgrimiendo igualmente la propiedad como contraargumento. Esto fue lo que llevó a afirmar a William Camden, uno de los líderes parlamentarios en la lucha contra Jacobo I, que «la declaración de lo que es mío y tuyo es el fin primordial de las leyes de Inglaterra». Tesis que apostilló otro de los mártires de la lucha parlamentaria, Sir Walter Raleigh, al proclamar que esa misma ley que define lo mío y lo tuyo «marca la diferencia entre la condición de súbdito y esclavo».28 Para desactivar esta línea de resistencia parlamentaria, los juristas que asesoraban al rey no dudaron en reinterpretar la idea de propiedad empleada por los Comunes. Desmontaron su argumentación y elaboraron un discurso alternativo. Se hicieron eco de los modernos postulados subjetivos de la propiedad, pero los subordinaron a los intereses de la Corona. En esta línea, John Cowell, uno de los asesores más influyentes del rey, definió la propiedad como «el más alto derecho que tiene un hombre o puede tener sobre una cosa, de modo que no depende de otro para su ejercicio». Añadiendo a continuación que este «derecho nadie lo tiene en nuestro reino sobre la tierra salvo el rey», pues «todas las tierras que forman parte del reino están en arriendo feudal y pertenecen de forma directa o indirecta a la Corona». Es más, la propiedad —seguía diciendo— que se «utiliza en nuestro common law» define el derecho que tienen los «comunes» como «utile dominium pero no directum».29 De este modo, partiendo de una definición subjetiva de la propiedad, los juristas al servicio de la Corona quisieron mediatizarla resucitando la vieja distinción que hicieron los glosadores entre dominio útil y directo. Y así llegaron a decir que el derecho del propietario se basaba en el consentimiento del monarca, bastando que éste fuese revocado para que resurgiera el dominio originario que el rey mantenía latente sobre todas las tierras de su reino. La consecuencia de todo ello era evidente: el soberano podía fijar tributos sin necesidad de obtener el consentimiento parlamentario, ya que esta costumbre era una concesión regia que podía derogar a su antojo si había razones que lo justificaran.30
Al amparo de esta interpretación, Jacobo I trató de imponer su criterio al Parlamento. No obstante, fracasó. No logró hacer realidad su utopía y convencer a los Comunes. Tuvo que disolver el Parlamento en 1611. Desde entonces sufragó su presupuesto mediante empréstitos forzosos y resucitando y generalizando impuestos y subsidios especiales sobre las tasas de aduanas y bienes específicos. La reacción de la causa parlamentaria no se hizo esperar. La burguesía puritana y las clases agrarias que formaban la yeonmanry y buena parte de la gentry se negaron a admitir que la propiedad de los súbditos pudiera estar a disposición del rey y que éste tuviese una indiscutible autoridad para fijar impuestos. La defensa de la propiedad, del common law y de los Comunes se convirtió en un trípode virtuoso frente a la corrupción de la Corona. Hasta el punto de que los ataques que se hacían contra una de estas instituciones afectaban a las otras de forma inevitable.31 Fue entonces cuando se desarrolló con intensidad la teoría de la Antigua Constitución que, asentada sobre las instituciones que acabamos de mencionar, Jacobo I quería corromper y abolir. Espoleada esta interpretación por el jurista Sir Edward Coke, se introdujo en el debate un argumento historicista con el fin de sancionar la ligazón institucional que la causa parlamentaria establecía entre la defensa de la propiedad, el common law y los Comunes.
Con este argumento se quería apelar a la conciencia del orgullo histórico con el que el pueblo inglés invocaba sus centenarias libertades. Una conciencia que apelaba a la existencia de una mítica Constitución que, incluso en los tiempos previos a la invasión normanda de 1066, consagraba un gobierno mixto que equilibraba el poder entre el rey y las instituciones que representaban al pueblo. Según esta teoría, el pueblo inglés era centenariamente libre y propietario, hasta el punto de que cualquier afrenta o vulneración de la propiedad, el common law o los Comunes era una traición al espíritu de la Carta Magna de 1215 y a las libertades que consagraba, y que no eran otras que aquellas que habían sido proclamadas por el pueblo y sus reyes antes incluso de la invasión de Guillermo el Conquistador.32 Los opositores parlamentarios a la Corona sostuvieron que Jacobo I estaba sometido a la Antigua Constitución y que, por tanto, tenía la obligación de respetar la propiedad absoluta que los ingleses tenían sobre sus bienes. De hecho, los líderes de la causa parlamentaria mantuvieron que si se le reconocía al rey un poder extralegal para privar al pueblo de sus propiedades sin que mediara su consentimiento, entonces los ingleses estarían peor tratados que los villanos, ya que no podrían hacer suyo el producto legítimo de su trabajo. Como señala J. G. A. Pocock, el principio que Coke dedujo de la Carta Magna y que los Comunes hicieron suyo al proclamar que «ningún súbdito puede ser privado de su propiedad o restringido en su disfrute por una ley sin su consentimiento», se convirtió en la principal arma retórica empleada desde el Parlamento frente a los Estuardo.33 Para Coke y sus seguidores, el mencionado principio estaba implícito en la existencia misma del Parlamento que, como se había reconocido en la Cámara de los Comunes en 1610, «tiene su poder y autoridad en el common law, y no el common law en el Parlamento». Y como el primero consagraba el carácter absoluto de la propiedad, entonces era lógico que los Comunes dijeran que tan sólo el Parlamento podía restringir la propiedad de los ingleses, toda vez que ésta era la única instancia a través de la que podían expresar su consentimiento a las leyes y a los impuestos.
4. CIUDADANÍA PURITANA
Convertida la propiedad en uno de los argumentos constitucionales que aglutinaba a la oposición parlamentaria, la muerte de Jacobo I en 1625 no impidió que el relato de la Antigua Constitución siguiera en pie y, con él, el empleo de ese trípode institucionalmente virtuoso que hizo de la propiedad, el common law y el Parlamento un arma con el que se hostigó la utopía absolutista de los Estuardo. Lejos de aplacar el horizonte despótico de su padre, Carlos I se mantuvo fiel al objetivo de instaurar una monarquía absoluta. Si cabe, este propósito era aún más acusado en él. Por otra parte, tampoco descartó devolver a Inglaterra a la fe católica, aprovechando el impulso de la exitosa Contrarreforma. A diferencia de su antecesor, tenía una mentalidad mucho más pragmática y prefirió no dar batalla en este campo, limitándose a impulsar un proyecto de uniformidad religiosa bajo el manto de una Iglesia anglicana que debía disciplinar las tendencias centrífugas que sufría el protestantismo inglés de la mano de la proliferación, dentro del tronco puritano, de numerosas sectas independientes.
La primera convocatoria parlamentaria tras su llegada al trono reprodujo la confrontación vivida entre los Comunes y Jacobo I. En este caso, rehusaron apoyar los préstamos adicionales que el rey solicitó para sostener la participación de Inglaterra en la guerra de los Treinta Años. La solución que adoptó el rey fue forzar las cosas imponiendo nuevos préstamos sin cobertura parlamentaria. El tira y afloja entre el Parlamento y la Corona se mantuvo hasta que, agudizadas las necesidades del rey por la guerra, se convocó en 1628 un nuevo Parlamento que dio pie a que los Comunes planteasen la famosa Petition of Rights. De acuerdo con ella, se subordinaba la aprobación de los subsidios a que Carlos I asumiera públicamente que la «nación no debe ser obligada a soportar empréstitos forzosos y a pagar impuestos no votados en el Parlamento». Durante los debates parlamentarios que acompañaron la Petition se aprobó una resolución en la que señalaba que «existe en todo hombre libre un derecho antiguo e indiscutible sobre la plena y absoluta propiedad de sus bienes y haciendas», siendo así que «no puede haber ninguna tasa, tributo, préstamo, benevolencia o cualquier carga exigida por el rey y sus ministros, que no disponga del consentimiento del Parlamento», pues imponer préstamos forzosos infringe un principio incuestionable y fundamental, «tan antiguo como el common law, que es el que un súbdito tiene una plena propiedad sobre sus bienes y posesiones».34 En esta actitud de resistencia que empleó la propiedad como trinchera frente a la ofensiva monárquica, el puritanismo pasó a desempeñar definitivamente un protagonismo decisivo. De hecho, la conciencia cívica que marca el proceso que llevó a la guerra civil y a la instauración de la Commonwealth fue consecuencia de un mestizaje intelectual en el que se entrecruzaron la recepción del humanismo cívico y el puritanismo calvinista. Este mestizaje intelectual cuajó entre las clases medias que copaban el poder de las instituciones locales y los Comunes, unas clases medias que entre la yeonmanry y la gentry conformaban una «generación anhelante, celosa, endiosada, despreciativa de los placeres, puntual en el trabajo, constante en la oración, ahorrativa y progresista, saturada de un decente orgullo en sí misma y en su vocación, convencida de que el esfuerzo agotador es aceptable al cielo».35 La fortaleza piadosa de esta generación fue la que acabó doblando el brazo al poderoso empeño despótico de la monarquía. Y lo hizo porque en ella se combinaba la conciencia cívica y la militancia religiosa.
El avance de esta conciencia cívica y puritana se produjo porque, desde la segunda mitad del siglo XVI, existía —tal y como hemos visto— una clase social que había asumido prácticamente el control de los soportes institucionales que estaban al servicio de la monarquía. De este modo, «con sus tribunales, con su common law y con su Parlamento contaba con una organización» eficiente y sólida de «consulta nacional» a través del «country gentleman» que representaba a un «condado o burgo» y aconsejaba «a su príncipe en el Parlamento operando con un mandato que le faculta para tratar todos los asuntos que afectan al reino y para servir como representante del entero cuerpo político». Así, «a medida que durante el siglo XVI la gentry fue asumiendo de forma progresiva la representación de los burgos, empezó a acudir en tropel a escuelas, universidades y frecuentar los colegios de abogados». En ellos buscó «una educación que le facultara para servir al príncipe, aconsejarle y que lo hiciera apto para competir por el puesto local y la influencia en una estructura de gobierno y jurisdicción que era a la vez del príncipe y suya».36 Ya hemos señalado antes que la educación que recibieron los miembros de esta clase debe ser calificada como humanista en el sentido renacentista del término, pero sin olvidar que en su gestación jugaron un papel determinante los teólogos y pastores puritanos que, en su calidad de capellanes y tutores, formaron a los vástagos de la clase media emergente en las universidades y en los Inns of Court.37
Esta confluencia de aportaciones hizo del humanismo cívico o, si se prefiere, el republicanismo, surgido en Inglaterra, un producto propio y diferenciado dentro del panorama intelectual europeo. Para Skinner, la recepción del humanismo en las islas británicas había tenido lugar a mediados del siglo XV. Entonces, gran número de estudiantes provenientes de Oxford y Cambridge buscaron alojamiento en las universidades italianas «para beber la nueva cultura en su fuente misma».38 De allí se trajeron de vuelta a Inglaterra el Renacimiento incipiente que se vivía en Italia y, con él, numerosas obras clásicas de las que se convirtieron en traductores al inglés, favoreciendo así su difusión posterior entre las élites del siglo XVI. A partir de este substrato, el humanismo inglés adquirió una variante intensamente política de la mano de autores como Tomás Moro, Thomas Starkey o Sir Thomas Elyot que, preocupados por el reformismo social, canalizaron éste hacia el gobierno, acuñando entonces el concepto de Commonwealth para traducir al inglés el término latino de res publica, identificándolo con «una comunidad política próspera bajo un gobierno justo y munificente».39 En esta visión del gobierno, que trascendía la forma monárquica o republicana del mismo, la justicia descansaba en aquello que Starkey identificó como el «fin de toda regla política», y que no era otra que «inducir a la multitud a la vida virtuosa, de acuerdo con la naturaleza y dignidad del hombre», esto es, conducir a la república en pos de la «virtud y la honradez». Había que combatir la propensión al propio lucro, placer y comodidad que hacía que «pocos piensen en el bien de la comunidad».40 Tesis que se vio reforzada por la transformación del cultivo de la virtud en un compromiso religioso gracias al puritanismo y su devoción por el trabajo. Esta interpretación se agudizó con el regreso a Inglaterra de los exiliados calvinistas que abandonaron el país durante el reinado de la católica María Tudor. Gracias a ellos, la virtud republicana se hizo piadosa mediante la observancia rigurosa de la diligente y laboriosa vita activa defendida por el puritanismo. Defensor de una virtud recta, exigente y disciplinada que se fundaba en el trabajo como elemento primordial de la prosperidad económica y la clave del orden y la base de toda moralidad, el puritanismo sentó el fundamento de la crítica política que luego los Comunes dirigieron contra la vida cortesana de los Estuardo.41 No en balde, los hábitos cotidianos de los parlamentarios se contraponían a los de la vida cortesana que llevaban Carlos I y sus seguidores. De hecho, frente a la virtud de los primeros se oponía el vicio de los segundos, vicio que se asociaba a las corruptelas y a la actitud de vasallaje y dependencia promovida por el rey. Buenos lectores de los clásicos romanos, los Comunes no dudaron en relacionar la corrupción de la Corte con la tendencia tiránica que mostraban los Estuardo al tratar de desestabilizar el gobierno mixto. ¿Acaso no eran el rey y sus cortesanos los que con su propensión al vicio y la arbitrariedad estaban dañando las buenas costumbres en las que se inspiraba la Antigua Constitución de Inglaterra al poner a ésta al servicio de sus intereses particulares? Ociosos y sin apego a la virtud, Jacobo I, como después Carlos I, dañaban una Constitución que, según describió Thomas Smith en su De Republica Anglorum, era el producto de un difícil consenso entre el rey, los Lores y los Comunes, un consenso en el que los gobernantes respetaban las leyes y defendían el bien común al identificarlo con la protección legal de las libertades centenarias del pueblo inglés. De ahí que no extrañe que uno de los exiliados marianos, John Ponet, obispo de Winchester, condenase moralmente en Short Treatise of Politicke Power a los gobiernos que fracasaban en conservar «las libertades y la república de su país», pues el fin de un gobierno justo es proteger el bien público, de manera que siempre era legítimo deponer el poder de un tirano, ya que actuaba «a favor de su propio interés y no al servicio del bien de todos».42
La actitud de Jacobo I y Carlos I agitaron las aguas políticas y condujo a la clase parlamentaria a abrazar plenamente el puritanismo con el fin de santificar su causa y reforzar su capacidad de acción política bajo el impulso enérgico de un propósito moral. Como señala Harold Lasky, el puritanismo contribuyó de este modo a que «su odio al Estado como perseguidor» se mudase con «facilidad en la doctrina de que el hombre debe confiar en sí mismo, que su prosperidad es el resultado de su energía propia».43 De ahí que el uso político de la propiedad fuese revestido con una dimensión cada vez más acusadamente moral dentro del relato general de resistencia parlamentaria a la estrategia absolutista del rey. Una dimensión que se vinculó también a la defensa de una política de tolerancia que pronto empezó a derivar hacia la exigencia de que se reconociese —como empezaron a plantear las sectas más radicales del puritanismo— una libertad de conciencia que protegiese ésta como si fuera una especie de propiedad interior de la persona. Esto comenzó a cobrar forma con la Petition of Rights. Con su redacción, la propiedad pasó a resumir y condensar la razón de ser del ataque que el Parlamento propició contra el orden tradicional que representaba el poder del rey. Así, «las ideas políticas tradicionales de jerarquía, organismo y patriarcado ya no describían con precisión ni al gobierno ni a la sociedad inglesa» debido a que se había producido un «largo proceso de cambio social y económico —del cual el puritanismo mismo fue parte activa— que fue volviendo irrelevantes las ideas y los símbolos antiguos». Se necesitaba otro lenguaje y otros símbolos que reflejaran los síntomas del cambio que había impulsado la aparición de un «hombre sin amo» en el que la diligencia laboriosa «revelaba su santidad», tanto a los santos que se distinguían de la masa «por su industria y diligencia», como «a sus congéneres».44 Un tipo humano del que se esperaba que, como sucedía con el heredero en el common law, fuese capaz de recibir «de sus antepasados propiedad, libertades y costumbres» para transmitirlas «a su muerte convenientemente perfeccionadas». Por eso, «para los hombres de 1628, la reafirmación de la Carta Magna y la lucha contra el Anticristo en Inglaterra y en el extranjero iban a ser en buena medida lo mismo».45
5. PARLAMENTO DE LA VIRTUD
Convertida la defensa de la propiedad en el soporte teórico del desafío parlamentario al rey, no es de extrañar que las restantes solicitudes contenidas en la Petition de 1628 se subordinaran a la protección de aquélla. De ahí que se consideraran como ilegales la detención y confiscación de bienes bajo la acusación de traición, así como el establecimiento de la ley marcial en los condados y ciudades en los que no se hubiera generalizado el pago de tributos reclamados por el rey. Con esta actitud, la causa parlamentaria inició una lucha por la soberanía que situó a la propiedad como elemento nuclear del debate. Así, maniatado por las cláusulas de la Petition of Rights, Carlos I rehusó convocar nuevos parlamentos y se lanzó a gobernar apoyándose en la táctica que ya había desplegado su padre con anterioridad. Desde la Tesorería de la Corona, impulsó una actividad recaudatoria a lo largo del período que va de 1629 a 1640 que supuso un deterioro progresivo y constante del clima político debido a un intervencionismo monárquico desprovisto de cobertura parlamentaria. Los oficiales del rey resucitaron impuestos como el Ship Money, una tasa medieval que permitía exigir a los puertos y condados marítimos que sufragaran los gastos que ocasionaba la defensa naval. Carlos I la convirtió en un impuesto de alcance general, junto a otras tasas que gravaban la organización de gremios sobre artes y oficios que antes no los tenían. Asimismo, impuso monopolios que lesionaban los intereses de los comerciantes londinenses, multas a la gentry por no renovar sus títulos o por violar las leyes que prohibían los cercados en sus propiedades rurales; así como sanciones a los yeomen por vulnerar las leyes medievales que proscribían, por ejemplo, la roturación de los bosques sin consentimiento del rey. De este modo, el ambiente político fue enrareciéndose y propiciando un choque político cada vez más abrupto entre la Corona y el Parlamento. La confrontación desembocó finalmente en la guerra civil, debido al empeño del rey por desarrollar un intervencionismo abusivo que, de la mano de la febril interferencia de la burocracia, buscó la obtención arbitraria de ingresos mediante una multitud de reglamentaciones ad hoc que dañaban la legalidad inspirada en el centenario common law.
Crecido Carlos I con los ingresos obtenidos mediante coacción y al margen del Parlamento, su política se orientó hacia una reactivación de los viejos planes absolutistas que su padre había intentado desarrollar y que la oposición de los Comunes impidió durante su reinado. Retomó la política religiosa que fortalecía el poder episcopal de la Iglesia anglicana y asumió la máxima de su padre de que: «Si no hay obispo, no hay rey». Así, no sólo mantuvo su rechazo a la Millenary Petition, sino que dio el paso de perseguir a los inconformistas puritanos dentro de la Iglesia anglicana. A impulsos del arzobispo Laud, reforzó el ala criptocatólica del anglicanismo y comenzó una campaña de persecución de los grupos calvinistas que se oponían a sus designios de unificación religiosa, ordenando que se limitase por la vía de hecho la tolerancia hacia los disidentes tras los choques entre la Corona y el Parlamento. Sobre todo, tras constatar desde su propia experiencia que la disidencia política parlamentaria estaba estrechamente vinculada a la religiosa, pues ésta no ocultaba su pretensión de «despojar a la Iglesia oficial de toda reminiscencia católica y reformarla en un sentido calvinista», esto es, de sustituir «la organización episcopal por un régimen presbiteriano, de igualdad de todos los ministros».46 De ahí, el empeño de Carlos I por reforzar el poder de la high church y de embridar la autonomía teológica de los sectores puritanos más inconformistas a través de las iniciativas del arzobispo Laud que buscaban unificar el culto y las ceremonias, al tiempo que mostraban una novedosa tolerancia hacia los católicos con el fin de atraerlos hacia la causa del rey.
La suma de todas estas iniciativas fue agrandando el desencuentro entre Carlos I y las clases propietarias representadas en los Comunes. Se agudizó así el malestar que les provocaba el intervencionismo del rey. Vieron en su política una finalidad absolutista e impía. Una política que pretendía garantizar la supremacía de la Corona silenciando al Parlamento y unificando religiosamente al país. Como señala Trevor-Roper, «sus acciones —si logramos ver más allá de las múltiples formas simultáneas en que intentaba lograr todos sus objetivos— muestran con claridad que iba detrás de un ideal preciso que intentó concretar en su propio reinado: vislumbraba el establecimiento de una monarquía absoluta, autosuficiente en lo económico, que prescindiera de la necesidad de debatir políticas con sus súbditos».47 De este modo, no sólo se contrariaba la Carta Magna y el régimen de propiedad fundado en el common law, sino que se vulneraba la religión protestante al violentar la conciencia de los puritanos y, a partir de esta matriz inicial, de los grupos radicales. Éstos comenzaron a desgajarse de aquéllos y proliferar como reacción a la política de uniformidad del arzobispo Laud, defendiendo la libertad de conciencia como un sustituto de la tolerancia, la ruptura con la Iglesia anglicana y la interpretación del fenómeno religioso como una cuestión eminentemente privada en la que el creyente gozaba de soberanía ante la cual el Estado debía permanecer al margen.48 Estos grupos empezaron a invocar la libertad religiosa como un concepto predicable de todo individuo. Es más, como un derecho a profesar y expresar libremente y en pie de igualdad sus creencias. Alrededor de ellos surgió la corriente de los independientes que defendían, primero, su separación de la Iglesia anglicana y, después, su abolición, constituyendo, como se verá más adelante, uno de los principales soportes de la revolución puritana durante la guerra civil, ya que llegaron a controlar el ejército republicano. En cualquier caso, la colisión entre el rey y el Parlamento que se vivió con Carlos I adquirió un componente moral cada vez más acusado que hizo que, desde los Comunes, se proclamase una y otra vez la santidad virtuosa de las propiedades del pueblo frente al expolio de una Corona criptocatólica que trataba de privar a las clases puritanas de los bienes que habían adquirido con el esfuerzo de una laboriosidad que contaba con las bendiciones de Dios.49 Es cierto que las tesis más radicalmente fieles al humanismo cívico siguieron esgrimiéndose por algunos autores que, como Richard Beacon, no dudaron en recurrir a la tradición clásica para oponerse a los Estuardo. En su Solon his follie: or a politique discourse, touching the reformation of commonweales conquered, declined or corrupted, hizo una pública invocación del republicanismo de Maquiavelo para oponerse a las prácticas corruptas de una Corte que proscribía la virtud. Con todo, como explica M. Peltonen, terminó primando sobre esta visión la confluencia humanista-puritana que ya hemos descrito con anterioridad. A ello contribuyó decisivamente la persistente estrategia de Carlos I de impulsar su absolutismo combinando la suma de antiparlamentarismo y antipuritanismo. Al adoptar esta actitud, propició la confluencia reactiva de los grupos amenazados por ella, convirtiendo de este modo la defensa de la causa de la fe protestante en el común denominador de todos sus opositores.
La derrota de Carlos I en 1640 a manos de los rebeldes escoceses que se negaron a aceptar la política religiosa del arzobispo Laud, unido a la urgencia de recaudar nuevos ingresos para organizar un ejército con el que defender Inglaterra de la amenaza escocesa, forzaron la convocatoria del llamado Parlamento Largo y a que el rey finalmente se rindiera a las exigencias de la oposición parlamentaria. Fue en ese momento cuando los Comunes quisieron afianzar su victoria desmantelando la política del gobierno personal de Carlos I. En menos de un año, y coincidiendo con la rebelión irlandesa de 1641, los Comunes declararon ilegales el Ship Money y las otras tasas que se habían exigido desde 1629, e incluso se arrogaron el derecho a determinar su propia disolución. Por eso, cuando más adelante Carlos I se vio nuevamente a salvo en el trono y quiso desembarazarse de todas estas medidas, su iniciativa provocó el estallido revolucionario que trajo la llamada Gran Amonestación. Éste fue un documento aprobado por el Parlamento y presentado al rey el 1 de diciembre de 1641 en el que se relataban todos los agravios sufridos por las cámaras durante los años del gobierno personal de Carlos I. Ante el rechazo del rey a aceptar los términos del documento, los Comunes procedieron a publicarlo y distribuirlo por su cuenta entre el pueblo. Apelaron a él directamente, respaldando sus demandas bajo el lema parlamentario con el que dio comienzo la guerra civil: «Religión, libertad y propiedad». De este modo, la propiedad —ligada explícitamente a la libertad y a la religión— pasó a desempeñar el papel de un evangelio revolucionario que derrocó el orden establecido, pues como explicó a principios del siglo XVIII Richard Harley al estudiar en sus Sommer’s Tracts el período de la guerra civil, el poder de Carlos I se «demostró que era un poder artificial y precario, incapaz de prevalecer sobre el verdadero y natural poder de la propiedad, el cual estaba tan ampliamente extendido entre el pueblo que cuando encontraron sus miembros un método que sintieron más adecuado para regir sus propios asuntos, fueron capaces de derrotar completamente» al gobierno del rey.50 La santidad virtuosa de la propiedad —material y moral, ya que también la conciencia empezó a verse como un derecho absoluto de la persona sobre su alma— se convirtió en el ariete con el que los puritanos arremetieron contra una monarquía impía y corrupta que se oponía a sus designios de modelar Inglaterra de acuerdo con un gobierno mixto que estaba «destinado a conferir estabilidad al orden humano garantizando un equilibrio (balance) entre virtudes y poderes».51 Desde entonces la causa parlamentaria rompió amarras con el statu quo ante y se convirtió en una causa político-religiosa.52 Una causa que fue ganando adeptos y que abrió su relato justificador asumiendo plenamente la confluencia de todas las tendencias que, desde el humanismo cívico inglés, condujeron hacia el intento de establecer una Commonwealth virtuosa de propietarios cuyo gobierno debía competer a los santos, pues, parafraseando a uno de sus defensores, Alexander Leighton, trabajaban con una mano y con la otra sujetaban la espada.53
6. RAÍCES «LEVELLERS» DEL LIBERALISMO
No es este lugar para abordar con detalle lo sucedido durante la guerra civil inglesa. Baste señalar que Carlos I fue arrinconado a medida que progresaba la radicalidad de la revolución puritana, hasta que finalmente la causa monárquica fue vencida y el rey conducido al cadalso en 1649. En la victoria de la causa parlamentaria y la consiguiente derrota del rey fue fundamental el protagonismo que desempeñaron las numerosas sectas en las que se disgregó el movimiento puritano, especialmente desde que la Iglesia anglicana fue abolida debido a su oposición al reconocimiento de la libertad religiosa. Precisamente la importancia de estas sectas independientes radicó en que en su seno se gestó una forma de ciudadanía nueva. Una ciudadanía en la que el sentimiento tradicional del pueblo inglés de verse a sí mismo como una comunidad de hombres libres se revistió además con un ropaje religioso de santidad laica o, si se prefiere, de hallarse investido con la promesa de ser bendecido con la gracia divina. Los puritanos dieron así a la ciudadanía una impronta militante que hizo que se enfrentaran a las dificultades «buscando renacer, rechazando la ausencia del amo para encontrar un nuevo amo dentro de sí mismos».54 De este modo, la revolución inglesa favoreció un fenómeno político que confirma la tesis de Shklar acerca del liberalismo del miedo, pues en ningún sitio como «en Inglaterra aparecen tan ligadas disidencia religiosa y disidencia política». A lo que hay que añadir que en este «intento por limitar el poder político, una de las aportaciones más singulares del proceso inglés es la insistencia en la interdependencia de la libertad religiosa y el resto de las libertades civiles y políticas».55
Con todo, lo más trascendental de la guerra civil es que hizo realidad que emergiese la revolución como algo posible y legítimo. Algo que incluso podía ser santificado, pues era una apelación directa a los cielos cuando se entendía que ya no había instancias humanas que ofreciesen justicia. En realidad, la revolución era una búsqueda de la esquiva justicia, aunque desde fuera de los cauces normales, no sólo legitimando la resistencia al poder, sino transformándola en un derecho a defenderse en virtud de los fines de la sociedad política. Con la revolución puritana y su victoria sobre el rey, se introdujo en la cultura política inglesa un precedente que décadas después el partido whig retomó de forma deliberada y consciente. La palanca revolucionaria que accionó Shaftesbury durante su enfrentamiento con los Estuardo durante la Crisis de la Exclusión, no hubiera sido posible sin el antecedente de la revolución puritana y el argumentario teórico que la fundamentó. Lo que hicieron los whigs en los años setenta y ochenta del siglo XVII fue recuperar y hacer suyo el legado de aquella revolución triunfante que protagonizaron sus antepasados ideológicos, los llamados levellers: aquellos puritanos independientes que acabaron defendiendo que la «república era la mejor entre todas las formas posibles», no sólo porque se inspiraban en «precedentes clásicos o bíblicos», sino porque daban así una «respuesta a la iniquidad de reyes particulares» y porque «veían en las repúblicas el único sistema político capaz de construir un imperio comercial».56 Y es que, comprometidos con la revolución, los que fueron luego llamados los primeros whigs —los levellers, Milton y Harrington— contribuyeron con sus ideas a que durante la guerra civil se produjera el «triunfo del Parlamento frente al Monarca y a su configuración como el poder supremo del Estado a través de la función legislativa», aunque percatándose «ante la realidad de los hechos, de la necesidad de que la supremacía legislativa del Parlamento» fuese «controlable». Y aunque luego la Restauración de la monarquía en 1660 hizo olvidar aparentemente este legado, lo cierto es que cuando se repitió la historia de ver cómo el poder del rey se transformaba en un poder tiránico con Carlos II y Jacobo II, ese mismo legado fue «rescatado por los whigs radicales de finales del siglo XVII», fundamentando «la gran base intelectual que justificará —junto a las aportaciones de Locke— la Gloriosa Revolución de 1688».57
La guerra civil y la revolución puritana tienen, por tanto, una importancia capital en nuestro análisis. El período que va de 1640 a 1660 anticipó las líneas maestras y el relato que estuvo detrás de la Crisis de la Exclusión de la que nació el liberalismo. De hecho, fue el período en el que se gestó y decantó un maridaje más o menos eficaz entre la fe y la política, y en el que de nuevo destacó la relevancia que tuvo la propiedad a lo largo de las discusiones políticas que acompañaron tanto la revolución puritana que siguió a la victoria parlamentaria como, después, al establecimiento de la Commonwealth. En este sentido, los portavoces puritanos no dudaron en blandir la propiedad como una constante política asociada a su victoria. William Ball, uno de los cabecillas radicales dentro del partido parlamentario, defendió en su Tractatus de Iure Regnandi et Regni de 1645 que el Parlamento debía asumir la fundamental salvaguarda de las libertades y las propiedades de los ingleses, porque era algo que la ley natural establecía como una obligación moral, «a menos que los hombres decidieran convertirse en esclavos y perder así sus derechos naturales». En la misma línea, John Lilburne, uno de los líderes del movimiento leveller, afirmó en Englands Birth-Right Justified, también de ese año, que el Parlamento debía atenerse tan sólo a la ley porque, de obrar al margen de ella, «¿dónde quedaría el Meum et Tuum, y la libertad y la propiedad?».58 Pero fue fundamentalmente durante los debates mantenidos en Putney Church a finales de 1647 cuando se palpó de forma nítida la importancia política que revestía la propiedad a la hora de fundamentar institucionalmente el nuevo orden resultante de la victoria de la causa del Parlamento. Convertido el ejército parlamentario —el New Model Army— en el árbitro de la situación política debido al protagonismo que alcanzó con sus victorias durante la guerra civil, la tropa y los oficiales se reunieron en la iglesia de Saint Mary de Putney entre el 28 de octubre y el 11 de noviembre de 1647 para discutir la propuesta de una nueva constitución política que el movimiento leveller había formulado para después de terminada la guerra civil. Formado básicamente por disidentes radicales provenientes de las numerosas sectas independientes que vertebraron el puritanismo durante la guerra civil, este movimiento surgió del New Model Army que acaudillaba Cromwell. No en balde, como señala Pocock, sus miembros llegaron a creer que vivían un «momento apocalíptico en el que sus espadas y espíritus parecían a punto de remodelar el derecho y de restablecer las libertades».59 El choque que protagonizó el ejército con el Parlamento a partir de la primavera de 1647 fue fruto de esta especie de percepción mesiánica con la que se afrontó la lucha contra Carlos I. La causa de ello fue religiosa y política a la vez. Los miembros del New Model Army constituían una milicia piadosa de hombres libres que ejercitaban su ciudadanía con las armas, combinando patriotismo y virtud, una suma que les hizo creerse investidos de una superioridad moral que no dudaron en ejercitar frente al Parlamento cuando éste defraudó a sus ojos la lucha virtuosa a la que servían los ironsides de Cromwell. Por eso, cuando el Parlamento Largo abolió la Iglesia anglicana en la primavera de 1647 e instauró una Iglesia estatal presbiteriana que no reconocía expresamente la tolerancia a las sectas de las que formaban parte la mayoría de los soldados, el ejército se sintió traicionado. La tropa protestó y, cuando fue licenciada, se negó a acatar la desmovilización, porque no se les aseguraba su paga y no se les reconocía el derecho a la tolerancia por el que habían luchado.
Fue en medio de este escenario de tensión entre el ejército de Cromwell y el Parlamento cuando se produjo el debate de Putney Church. Concluyó poco antes de que se reanudara la guerra civil, tras conocerse un acuerdo secreto firmado el 26 de diciembre de 1647 entre Carlos I, la Iglesia presbiteriana y la mayoría de los parlamentarios que eran fieles a ella. En él se respaldaba al rey a cambio del compromiso de aceptar la nueva Iglesia y negar la tolerancia a las sectas disidentes.60 La importancia que reviste el desarrollo de la asamblea de Putney reside en la polémica que mantuvieron los portavoces de los levellers y los caudillos del ejército, Oliver Cromwell y Henry Ireton. Pero, sobre todo, en que buena parte del contenido de la ideología liberal emergió durante sus debates, poniéndose de relieve la conexión genealógica entre el republicanismo que blandían los levellers y el liberalismo que fundamentó el discurso whig. En este sentido, puede afirmarse que los levellers fueron el antecedente más nítido del liberalismo, pues no cabe duda de que se convirtieron en «el primer movimiento de masas prodemocrático y de protesta social en la historia moderna».61 Los levellers constituían un grupo político muy influyente en el que se aprecian muchos de los conceptos manejados posteriormente por el liberalismo de Locke. No sólo por la defensa encendida que hicieron de la libertad y la propiedad, sino porque insistieron en la reclamación de la libertad religiosa a modo de propiedad moral de la persona, así como en la existencia de un poder político revocable, limitado y dividido bajo una fórmula de gobierno mixto, tal y como quedó consignado en el documento del llamado Agreement of the People del 28 de octubre de 1647 que se sometió a debate en la asamblea de Putney.
Los levellers tenían un gran protagonismo dentro del ejército y el Parlamento. Su nombre proviene de la palabra level, que significa «nivelar» o «equilibrar». Por eso agrupaban a amplios sectores de las clases medias urbanas, especialmente artesanos radicados en Londres y a miembros de la yeonmanry. Fieles a una preocupación republicana, eran portavoces de los grupos que buscaban dar estabilidad y equilibrio al conjunto de la sociedad, nivelándola y evitando las tensiones que provocaba la dialéctica entre los extremos sociales. Constituido en 1642 por iniciativa de John Lilburne y Richard Overton, casi todos los miembros de este grupo compartían las creencias del puritanismo calvinista que alrededor de los llamados «independientes» se enfrentaban dentro del bando parlamentario a los presbiterianos. Esto era, como ya hemos visto, uno de los motivos de discordia dentro del ejército y el Parlamento, sobre todo porque los levellers reclamaban una profunda reforma política y religiosa de Inglaterra tras el fin de la guerra.62 Así, defendían una Constitución basada en la ley natural. Sostenían que los hombres nacían libres e iguales, disponiendo de los mismos derechos naturales. Estos derechos no podían ser vulnerados por el gobierno, ya que la finalidad de éste era su protección. Asimismo, proclamaban la primacía del Parlamento y subordinaban todas las instituciones a él. Reclamaban que el derecho de sufragio no estuviera vinculado a la propiedad material sino a una propiedad moral basada en la independencia de juicio de la persona; y creían que la libertad de conciencia y de expresión debía salvaguardarse frente a la autoridad tanto eclesiástica como política, ya que no podía aceptarse la autoridad cuando era contraria a lo que cada hombre podía conocer guiado por la razón. Y como el fin de las leyes era el bien público y no la destrucción de la salud y el bienestar del pueblo, los levellers creían que éste tenía derecho a rebelarse contra el poder si se dañaba la voluntad de los súbditos al exigirles sumisión a una ley injusta.
El punto de desencuentro entre ellos y Cromwell residía en la interpretación política que daban a la propiedad. Para Henry Ireton, yerno de Cromwell y su portavoz en la asamblea de Putney, la propiedad tenía un contenido básicamente material que estaba asociado a la posesión de bienes raíces. Sin embargo, los levellers iban mucho más lejos. Extendían el derecho de voto a todos los hombres, pues la ley natural reconocía a cada hombre una propiedad originaria sobre su persona y su libertad. No hay que olvidar que Richard Overton afirmó un año antes en su An Arrow against all Tyrants que: «A todo individuo moral le es dada una propiedad individual por naturaleza, que no ha de ser atacada ni usurpada por nadie: pues cada uno se tiene a sí mismo como suyo, de modo que tiene una propiedad suya, pues de otro modo no podría ser él mismo; y por ello ninguna segunda persona puede pretender privar a nadie de esto, sin manifiesta violación y afrenta a los principios mismos de la naturaleza, y a las reglas de la equidad y de la justicia entre los hombres; lo mío y lo tuyo no pueden existir salvo por esto; nadie tiene poder sobre mis derechos y libertades, ni yo lo tengo sobre ningún hombre; yo puedo ser un individuo, y disfrutar de mi propio yo, y de mi propiedad... Pues por el nacimiento natural, todos los hombres se hallan igual e idénticamente destinados a igual libertad y propiedad».63
Como reconocía otro de los líderes levellers, el coronel Rainborough, la propiedad natural que tiene cada hombre era su propia razón. Le fue entregada por Dios para que hiciese uso de ella y, ejercitándola, fuese libre y pudiera gobernar su existencia y atender su necesidad de supervivencia. El hombre era, de acuerdo con la ley natural, dueño de su libertad y de los derechos naturales que se asociaban a su persona. Esta circunstancia era consecuencia del ejercicio de esa propiedad natural que se le había otorgado sobre la razón y que le hacía libre para disponer de las cosas de este mundo y atender así su necesidad de supervivencia. Para los levellers, la propiedad que cada hombre tenía sobre sí se asociaba indisolublemente a su libertad. Concretamente era vista como un derecho natural a gobernar su persona de acuerdo con la razón. Por eso todos los hombres, en tanto propietarios de ellos mismos, tenían un interés concreto y definido a la hora de determinar la ley del reino y elegir sus representantes en el Parlamento. Como decía Lilburne en Legal Fundamental Liberties: «La propiedad no puede ser mantenida si la libertad es destruida, porque la libertad de mi persona está más cerca de mí mismo que la propiedad sobre mis bienes, y el que violando la ley la justicia me roba o despoja de la libertad de mi persona» podría «por esa misma razón» robarme «y despojarme con más motivo de mis bienes y haciendas».64 Cuando Cromwell propuso como solución a los debates de Putney el reconocimiento del sufragio universal, aunque con exclusión de los sirvientes y mendigos, los levellers no se opusieron, ya que lo vieron coherente con sus ideas, tal y como recoge la resolución aprobada por el Consejo General del New Model Army el 5 de noviembre de 1647 al reconocer que: «Todos los soldados y los que no lo son, mientras no sean sirvientes o mendigos, deben tener voz en la elección de aquellos que les representen en el Parlamento, aunque no dispongan de los cuarenta chelines por año en tierra libre».
La evolución posterior de los acontecimientos políticos bajo el gobierno de Cromwell y la represión que éste llevó a cabo sobre los levellers durante el Protectorado, hicieron que sus planteamientos quedaran enterrados en el subsuelo inconsciente de la historia de las ideas, a la espera de que fuesen rescatados de este depósito sombrío algunas décadas después. Con todo, su insistencia en la definición de la libertad como una propiedad moral asociada al ejercicio de una razón que liberaba al hombre de sus pasiones, suponía el reconocimiento de una idea de independencia cívica y de autonomía religiosa que se extendía a la mayoría del pueblo y que se fundaba en el ejercicio virtuoso de una racionalidad victoriosa. Precisamente esta victoria era consecuencia de un esfuerzo laborioso de disciplina interior que santificaba a la persona mediante el cultivo de aquellas virtudes republicanas a las que, según Tito Livio o Salustio, debía Roma su grandeza: religiosidad, piedad, justicia, clemencia, libertad, concordia, moderación, modestia y disciplina. Este esfuerzo consciente en pos de la santificación era lo que hacía que la persona fuese independiente en su juicio y en su conducta frente a otros. De ahí que al disponer de las bendiciones de una divinidad que lo reconocía como depositario de la santidad, el paso siguiente fuese atribuir a la persona la condición de ciudadano de una república que estaba al servicio de la virtud. Pero la fortaleza de su argumentación se vio oscurecida por la tendencia involucionista que experimentó la revolución puritana de la mano del cesarismo de Cromwell. Éste, no hay que olvidarlo, tras concluir la asamblea de Putney, reanudó a las pocas semanas la guerra civil. Derrotado nuevamente Carlos I, Cromwell consideró que había que condenarlo a muerte por alta traición. Al negarse la mayoría parlamentaria al regicidio, Cromwell ordenó la purga de sus opositores en diciembre de 1648. Mediante un golpe militar, depuso por la fuerza a los noventa y seis diputados presbiterianos que rechazaban la ejecución del rey. Reducido a sesenta miembros, el nuevo Parlamento —llamado desde entonces Rump Parliament (Parlamento Rabadilla)— aceptó el autoritarismo de Cromwell y asumió el papel de Corte Suprema. En enero de 1649, el rey fue condenado por alta traición y ajusticiado. A partir de ese momento los acontecimientos se aceleraron. El 6 de febrero se abolió la Cámara de los Lores y un día después la monarquía, proclamándose la república el 19 de mayo. La estabilidad del nuevo régimen quedó en manos del propio Cromwell, que fue consolidando su poder de forma autoritaria, hasta que finalmente ordenó la disolución del Rump Parliament en abril de 1653 y convocó un nuevo Parlamento. A finales de ese mismo año fue aprobado el Instrument Government que atribuía a Cromwell el título de Lord Protector de la República y establecía una forma de gobierno mixto en el que se reconocía de manera expresa la libertad religiosa.65 Con ello se plasmaba el viejo ideal de la república romana que fundó el poder en un gobierno en el que se mezclaban y equilibraban las formas monárquica, aristocrática y democrática.
7. AUGE Y CAÍDA DEL REPUBLICANISMO
Durante este período que acabamos de relatar y que se prolonga hasta la Restauración monárquica en 1660, lo más relevante es que se «incubó un importante proceso de reflexión política del que surgió el republicanismo inglés». A la sombra de la figura de Cromwell fueron varios los pensadores que retomaron de forma explícita el legado del republicanismo clásico y del humanismo cívico, destacando dos autores de entre todos ellos: John Milton y James Harrington. Ambos consideraron la propiedad como el engarce teórico de su reflexión política acerca de la instauración de una república que «respetase escrupulosamente las leyes y que tuviera por objetivo el bien común y la libertad de los ciudadanos».66 Y ambos anudaron también este respeto a la observancia de una virtud que no dudaron en vincular a los valores de una clase media que, como apuntaba Milton, estaba formada por los «más responsables y hábiles» de la república, pues «el lujo y la opulencia, por un lado, y la pobreza y la necesidad, por otro, alejan por lo general de la virtud».67 Las tesis republicanas que esgrimían no diferían excesivamente de la argumentación clásica y renacentista. Lectores ambos de Maquiavelo, que fue traducido al inglés en los años treinta del siglo XVII —los Discursos en 1636 y El príncipe en 1640—, querían promover una república de ciudadanos buenos y virtuosos que emulase las conquistas y hazañas de Grecia y Roma. Para ello denunciaban los males de las tiranías que había mostrado Tácito, elogiaban la concepción del buen gobierno de Cicerón o las virtudes de los primeros romanos descritas por Tito Livio. Y, finalmente, asumían el ideal de vida buena de Aristóteles, aunque, eso sí, perfilándolo más intensamente gracias a los tintes piadosos con los que pintaban aquélla a través de la santidad calvinista. La importancia de Milton y de Harrington es decisiva en el desarrollo de un modelo de Estado en el que el poder fuese limitado y temporal, objetivo que luego asumió el partido whig. Las obras de estos autores salieron a la luz durante la década en la que Inglaterra discutía sobre una teoría política que presentaba «al inglés bajo la figura de ciudadano y a la república inglesa como una forma política más cercana a Dios que cualquier otro gobierno oligárquico de santos autoproclamados», y en esto Harrington fue decisivo, pues trató de ofrecer el ideal de una República de Propietarios que fuese un puente que superara, como vimos antes al analizar los debates de Putney Church, «la distancia entre la convicción de Ireton de la necesidad de la propiedad y la certeza de Rainborough respecto a las ventajas de la libertad».68
Pero antes de ver las tesis harringtonianas, sería oportuno detenernos en John Milton. Defendió un republicanismo aristocrático y moral que, como veremos más adelante, influyó de manera profunda en Locke.69 En The Tenure of Kings and Magistrates, Milton justificó la ejecución de Carlos I dos semanas después de que ésta se produjera, minimizando la forma de gobierno. Destacó que lo relevante en un Estado es que el gobierno sea justo al cumplir la función a la que sirve, y que no es otra que defender la libertad de los ciudadanos y promover el bien común. De manera que si no atiende esta finalidad, el pueblo tiene el derecho a deponer a sus gobernantes, pues un tirano es aquel que «no respeta el derecho ni el bien común, que reina sólo para él o una facción», pudiendo en ese caso ser apartado del gobierno por la fuerza tal y como sucedería «contra una peste destructora de la humanidad».70 Los hombres nacieron libres por naturaleza y lo hicieron a imagen y semejanza de Dios. De ahí que vinieran al mundo con capacidad de mando sobre las demás criaturas. Esta situación se vio alterada tras la caída en el pecado original. El mal trastocó la acción humana y propició la violencia, situación de la que logró salir la humanidad mediante un pacto por el que los hombres se obligaron a no dañarse unos a otros y a defenderse conjuntamente si alguien rompía ese acuerdo. El origen del gobierno vino después, cuando los hombres dieron un paso más y establecieron contractualmente una autoridad por encima de ellos a la que se encargó la misión de asegurar la paz y la recta razón. Por eso, si el pueblo consideraba que esta misión no era cumplida, podía deponer al gobernante debido a su libertad natural. Así, en caso de que el rey o el magistrado no fuesen fieles a esta responsabilidad, entonces el pueblo no estaría sujeto a ellos ya que éstos le debían a él su autoridad. Por ser un poder derivado, se seguía que «ya que el rey o el magistrado debe su autoridad al pueblo de forma original y natural para el bien de éste y no para el suyo propio, el pueblo puede tan a menudo como estime oportuno, escogerlo o rechazarlo, conservarlo o deponerlo, incluso aunque no sea tirano, meramente por el ejercicio de la libertad y del derecho que tienen los hombres al haber nacido libres para gobernarse como mejor les parezca».71
Al haber traicionado esa libertad natural haciendo tiránico su gobierno y propiciando una corrupción que vulneró los derechos naturales y las libertades de los ingleses, Milton consideró que Carlos I había merecido justamente el castigo de ser depuesto y ejecutado. Entre las libertades, Milton confería especial valor a la libertad religiosa, tal y como ya había expresado años atrás en su ensayo Aeropagítica, pues si no todos pueden «ser de igual parecer —¿y quién aspirará a tanto?— será sin duda más saludable, más prudente y más cristiano que sean muchos los tolerados antes que todos constreñidos».72 Una libertad religiosa que era interpretada por Milton desde su filiación puritana independiente y que hacía que su republicanismo estuviera teñido por un carácter aristocrático y religioso muy intenso. Tanto que, cuando defendía que el pueblo tenía derecho a resistirse a sus gobernantes y deponerlos, «no se refiere a todo el pueblo». El concepto que manejaba era «un concepto aristocrático unido a su concepción religiosa: el pueblo son sólo los individuos dotados de virtudes especiales —las relativas a nuestros deberes respecto de Dios y de otros hombres—. Dentro de las del entendimiento están “la sabiduría y la prudencia”, y entre las de la voluntad están “la sinceridad, la premeditación y la constancia”. Por lo que respecta a las virtudes especiales, dentro de las relativas a nuestros deberes respecto a Dios están la fe, el amor, la confianza, la gratitud, la esperanza, la reverencia, la humildad, la paciencia y la obediencia. Y en cuanto a las relativas a nuestros deberes con otros hombres, Milton afirma que éstas consisten en la religiosidad, lo que supone la garantía de la libertad religiosa y la aceptación de la libertad de conciencia y la tolerancia religiosa».73
Esta conexión entre moral puritana y virtud fue lo que hizo que, a sus ojos, el pueblo tan sólo abarcase a los ciudadanos virtuosos. Esto sucedía porque sólo los hombres buenos eran capaces de amar la libertad y ejercerla, ya que, por lo general, aquellos otros que amaban el libertinaje preferían la tiranía, puesto que bajo ella encontraban más indulgencia para sus vicios, vistiendo esta servidumbre con los falsos nombres de lealtad y obediencia.74 Por eso asumió en A Defence of the People of England que la intervención del New Model Army que condujo a la purga del Parlamento Largo en 1649 era legítima, pues los soldados que protagonizaron la acción eran ciudadanos que representaban a la mayoría: «¿Por qué no debería afirmar que la acción de los mejores, que es la parte más sana del gobierno, en la que descansa el verdadero poder del pueblo, no fue la acción del conjunto del pueblo? ¿Por qué si la mayoría del Parlamento quería ser esclava y vender el gobierno no podía la minoría, si tenía poder para ello, evitarlo y mantener así la libertad?».75 Para Milton, Cromwell y el New Model Army impidieron la tiranía al deponer a un rey que era esclavo de sus propias pasiones y que pretendía importar el absolutismo y vulnerar los derechos naturales de los ingleses, privándoles de su libertad civil y religiosa. Frente a Carlos I, Cromwell había asumido el gobierno en interés del pueblo porque «nada es más natural, justo, útil y provechoso para la humanidad que los que son menos obedezcan a los que son más, los menos virtuosos a los que son más, los menos sabios a los que son más. Aquellos cuyo poder descansa en la sabiduría, la experiencia, la industriosidad y la virtud, en mi opinión, e independientemente de lo pequeño que sean en número, serán siempre la mayoría y los más poderosos».76 Por tanto, el fin del republicanismo de Milton no era otro que regenerar el estado corrupto del gobierno de Carlos I mediante una acción purificadora que estableciese un gobierno de hombres que, acreditada su virtud al ser dueños de ellos mismos tras vencer la tentación del vicio y las pasiones, pudiese conducir al pueblo al cultivo general de la prosperidad, la virtud, la nobleza y la elevación del espíritu.
Pero este gobierno virtuoso sustentado en las armas del New Model Army devino en una idealizada república de propietarios gracias al trabajo intelectual de James Harrington. En Oceana, libro publicado en 1656, atribuyó a la propiedad el ejercicio de la plena virtud cívica, de modo que a partir de ese momento «el Inglés de Dios era ahora un zòon politikon en razón a su espada y su libre propiedad».77 Harrington, que estuvo ausente de Inglaterra durante la mayor parte de la guerra civil, regresó a su país en 1647 para entrar al servicio de Carlos I cuando éste permanecía encarcelado por traición. Después de la ejecución del rey en 1649, sirvió al gobierno de Cromwell, aunque poco a poco fue cayendo del lado de los críticos debido al creciente personalismo con el que ejerció el poder. Ofreció al nuevo régimen un modelo ideal de República que se inspiraba en las reflexiones que, como seguidor de Maquiavelo, había dado forma durante el tiempo que vivió en Venecia, incorporando así la tradición italiana a su republicanismo.78 El objetivo de su diseño institucional era claro. Inglaterra no necesitaba restaurar la Antigua Constitución ni tampoco el absolutismo que se desprendía del diseño propuesto en el Leviatán de Hobbes, a quien por otra parte admiraba y consideraba como el mejor escritor de su tiempo. Como explica Shklar, Harrington defendía una república basada en la propiedad y en la prudencia descritas por Maquiavelo. Una república como la que disfrutaban los ciudadanos de Lucca que, a diferencia de los súbditos del sultán de Constantinopla, no estaban a merced de la voluntad arbitraria de su señor. Así, decía Harrington, hasta el más insignificante de los ciudadanos de Lucca tenía garantizadas su propiedad y su vida, pues sólo estaba sometido a la ley y ésta era lo que hacía posible la vigencia misma de la libertad.
La propuesta constitucional de Harrington trataba de demoler el viejo diseño constitucional heredado de la Edad Media e impedir el establecimiento de un moderno absolutismo inspirado en Hobbes.79 Ofreció en Oceana una revisión del paradigma constitucional inglés. Defendió una república que se adaptase a las circunstancias de las islas británicas. Por eso no dudó en utilizar la propiedad como el asidero sobre el que hizo discurrir la coherencia del relato que propuso. Primero, porque sabía la importancia que tenía este derecho en la percepción cotidiana del sentimiento de ciudadanía que estaba extendido entre el pueblo inglés. Y segundo, porque estaba familiarizado con el lenguaje del common law al ser jurista y saber la importancia que se daba a la relación libertad-propiedad. El eje de la reflexión harringtoniana se basaba en un principio: la corrupción de un gobierno no era consecuencia de que los ciudadanos dejasen de ser virtuosos, sino del hecho de que la distribución de la autoridad política no tuviera una correspondencia con el reparto de la propiedad que debía fundar. Abogó por una ley agraria que repartiese equitativamente la tierra y diera lugar a una gran mayoría de propietarios independientes. Harrington creyó que «sólo una democracia de propietarios de tierra —es decir, una sociedad en la que un demos o un gran número de propietarios libres, poseyeran la tierra en condiciones de relativa igualdad— contaría con los recursos humanos (Maquiavelo habría llamado de materia) necesarios para poder efectuar un reparto de autoridad política según los resultados de diversificación y equilibrio que permiten a una politeia alcanzar la autoestabilidad; y una república de ese género podía ser teóricamente inmortal».80
Para Harrington, el secreto de la estabilidad residía en un gobierno mixto que tuviese un equilibrio de poder en el que se reflejara un reparto equitativo de la propiedad. La sedición y la revolución estaban causadas por la desigualdad. Pero defender esto no significaba igualación de propiedades ni tampoco absoluta igualdad jurídica. En Oceana insistió en que la participación política estaba subordinada a la ciudadanía, asumiendo que ésta sólo se daba entre quienes tuviesen propiedades y fueran independientes, excluyendo a los dependientes de otros para sobrevivir. Los ciudadanos a su vez se dividían en dos, el pueblo llano y la aristocracia. La participación política se extendía a todos, aunque permitiendo tan sólo a los aristócratas el ejercicio de los más altos cargos. Dentro de una igualdad plena ante la ley, las altas magistraturas quedaban en manos de estos últimos, aunque teniendo todos acceso a la asamblea y pudiendo ejercer el sufragio. En cuanto al reparto de la propiedad, la equidad del mismo no suponía que todos tuvieran que tener la misma porción, sino que se garantizase que hubiese una inmensa mayoría de propietarios que pudiesen vivir con «plenitud y de un modo conveniente, así como libres de la condición de dependientes».81
Pero de poco servía este reparto de la propiedad si la república no vivía instalada en el respeto virtuoso del imperio de la ley. Para Harrington, de la misma manera que la libertad del hombre se fundaba en el imperio de su razón sobre las pasiones, «la libertad de una República consiste en el imperio de sus leyes, cuya ausencia le arrastraría hacia la codicia de los tiranos».82 De ahí que el imperio de la ley sólo existía si ésta era hecha de acuerdo con los intereses de todos y no sólo de uno o unos pocos. La forma de lograrlo era que la naturaleza de la ley no fuese la arbitrariedad, sino la justicia. Algo que se alcanzaba bajo un gobierno popular cuando los ciudadanos no defendían aquello que más desean, sino «que se comportan cortésmente en la mesa pública y dan lo mejor de ellos al servicio de la decencia y el interés común».83 El mecanismo que preveía Harrington para promover un gobierno así consistía en que los menos necios condujeran a la mayoría, integrando aquéllos el senado y discutiendo los proyectos de ley que luego se debatían en la asamblea popular, siendo esta institución la que finalmente aprobaba las leyes, pues «el saber de los pocos puede ser la luz de la humanidad, pero el interés de los pocos nunca es provecho de la humanidad ni de la república».84 El senado lo formaban los mejores, vinculando la capacidad intelectual a la posesión del mayor número de propiedades, mientras que la asamblea quedaba en manos del resto de los ciudadanos, reafirmando así las viejas tesis de Maquiavelo que insistían que el pueblo encarnaba la voz de Dios, en tanto que toda buena política deja al pueblo el resultado final de las decisiones. Sólo institucionalizando el predominio final de la mayoría sobre las propuestas de la minoría se conseguía que se preservase la libertad del conjunto del pueblo. Así, se impedían las imposiciones de los mejores, pero se salvaguardaba también su juicio. Se les impelía a que, siendo conscientes de que no podían perjudicar el interés común, no les quedase más remedio que tratar de mejorarlo con el manejo más idóneo de su inteligencia y su virtud.85
De la colaboración de ambas instituciones representativas surgía para Harrington la ley. Una ley que debía ser cumplida por un ejecutivo formado por magistrados y que estaban sometidos a ella como los demás ciudadanos. Tanto el senado, como la asamblea y el ejecutivo eran elegidos por el pueblo y respondían ante él, asegurándose un equilibrio entre ellos que limitase la soberanía y fundase la naturaleza misma de la república, de modo que «no pueda haber un número de ciudadanos que, teniendo el interés, puedan tener el poder, ni ningún número de ciudadanos que, teniendo el poder, puedan tener el interés de invadir o entorpecer el gobierno».86 Para Harrington, el pueblo era libre e independiente, como lo era igualmente la representación del mismo. De hecho, la independencia modelaba el ejercicio y la vivencia de la libertad, pues ésta se afirmaba sobre la autoridad de una razón que doblegaba la codiciosa arbitrariedad de las pasiones y conducía la acción hacia la virtud. Pero si la libertad del pueblo y de sus representantes fundaba su independencia, entonces de ello se deducía «que esa libertad y esa independencia consistían en la propiedad».87 Gracias al reparto equitativo de la propiedad y al diseño institucional derivado de ella, Harrington pensaba que Inglaterra podía edificar una república modélica y alcanzar así su estabilidad mediante el cultivo de la prudencia. Primero, porque el pueblo podría estar generalmente satisfecho al existir un clima general de libertad. Segundo, porque se respetaría la propiedad, promoviéndose, además, aquella que estuviera basada en «la industriosidad y no la codicia y la ambición».88 Y tercero, porque siempre se tratarían de proteger los intereses privados de los ciudadanos, incluyendo de forma destacada sus creencias, pues «el gobierno que no tiene en cuenta la religión no es adecuado ni satisfactorio para la naturaleza humana».89 En este sentido, la libertad de conciencia sería otro de los fundamentos de la estabilidad de la república. No hay que olvidar que en sus Aphorisms Political reconoce expresamente que «donde la libertad civil es plena, se incluye la libertad de conciencia» y «donde la libertad de conciencia es plena, se incluye la libertad civil».90 Aquí se palpa cómo en Harrington, al igual que en la práctica totalidad de los republicanos ingleses, lo divino subyace en los fundamentos de su reflexión, viendo la libertad de conciencia como una parte de la libertad natural que debía ser salvaguardada indefectiblemente desde el gobierno si quería impedirse la arbitrariedad y la tiranía. De hecho, definía esa libertad como aquella situación en la que un hombre, «siguiendo los dictados de su propia conciencia, puede ejercer libremente la religión». Y aunque pensaba que podía darse en el seno de una Iglesia presbiteriana estatal, sin embargo consideraba también que la democracia, al no pretender la infalibilidad en materia religiosa, se limitaba en este ámbito a garantizar que el pueblo fuese educado «en el conocimiento de las cosas divinas para que pueda hacer el mejor uso posible de su libertad de conciencia».91
Harrington creyó que era posible constituir una república que emulase a las repúblicas de la Antigüedad. De hecho, pensaba que tras la victoria puritana en la guerra civil y asentado el Protectorado de Cromwell, Inglaterra tenía ante sí una oportunidad única desde la desaparición de la república romana. No dudó en que Oceana podía ser una nueva Roma por su «expansión ilimitada, y una Venecia por su estabilidad, su libertad y su virtud perpetuas».92 La materialización de este ideal dependía del vigor virtuoso del pueblo inglés y de la valentía de quien ejercía su liderazgo: Oliver Cromwell. Hobbes había manifestado en el Leviatán que las hazañas de las repúblicas de la Antigüedad dependieron de grandes hombres a los que trataron de seguir los pueblos a los que gobernaban. Harrington también lo pensaba. Por eso ofreció a Cromwell que liderara el programa constitucional que había pensado en su libro. Lo creía porque a sus ojos la situación a la que se enfrentaba el país en 1656 era una «opción entre la política de la virtud y la del pecado».93 Una opción que dependía de la elección final del pueblo, pero también de Cromwell, el Olphaus Megaletor descrito en Oceana, que a pesar de sus errores durante el Protectorado, podía «ser un gran héroe para el pueblo inglés si acepta la propuesta constitucional de Harrington y, convirtiéndose en el Lord Archon —el legislador único de la Constitución de Oceana—, pone los medios para que ésta sea establecida en Inglaterra con el consentimiento del pueblo soberano».94 Sin embargo, la alianza propuesta por Harrington no funcionó. El Protectorado de Cromwell desembocó en el cesarismo y se enajenó el soporte social que lo había sustentado: por un lado, los hombres que habían protagonizado la revolución, esto es, «el estrato más bajo de los pequeños terratenientes y propietarios, apoyados por algunos comerciantes locales», y que «conformaban el núcleo sólido del puritanismo independiente y dominaban el ejército»; y por otro lado, «los miembros de la oposición aristocrática original de 1640» que se habían alejado del radicalismo revolucionario pero que, a partir de 1653, se unieron a Cromwell «a quien consideraron salvador de la sociedad cuando asumió el título de Protector».95
En realidad, Cromwell acabó siendo un problema para la gentry y la yeonmanry que habían soportado el esfuerzo de la guerra civil y la revolución. Su Protectorado desembocó en la tiranía, y por eso el régimen republicano no sobrevivió. Dos años después de su muerte en 1658 se produjo la Restauración de los Estuardo, aunque el cambio se incubó el mismo año en el que Harrington había publicado Oceana. Por entonces, los antiguos «adversarios aristocráticos de Carlos I regresaban a la política y, en tanto que aceptaban el hecho consumado del gobierno de Cromwell, exigían, no que se traicionara la revolución», sino que «ésta retornara a su cauce original: en otras palabras, que se afianzaran la libertad y la propiedad sobre la base de las reformas de 1641».96 Con todo, la revolución cromwelliana no fue un fracaso absoluto. Evitó, aunque a un coste muy alto, el absolutismo de los Estuardo. Las ideas y las tesis humanistas que se adueñaron del panorama político inglés de los años de la revolución y la república quedaron en pie, afincadas en la mentalidad de las clases que habían liderado el cambio político, social y religioso vivido. En este sentido, Harrington, Milton y los levellers contribuyeron a generar un soporte teórico que demuestra que las tradiciones republicana y liberal no eran incompatibles.97 Es más, la confrontación manejada por Pocock entre ambas corrientes de pensamiento se diluye con un análisis detallado de los protagonistas políticos que vivieron los cambios ideológicos que tuvieron lugar antes y después de la Restauración de 1660. El partido whig fue la plataforma en la que se produjo la transmisión del testigo político entre ambas corrientes. Una plataforma que inició su andadura con los autores estudiados en este apartado y que fue retomada, como veremos a continuación, cuando la Crisis de la Exclusión vivida entre 1678 y 1683 hizo resurgir nuevamente su legado. La diferencia entre ambos escenarios temporales y teóricos fue que la ideología propiamente whig adquirió unos registros tan singulares que la identificaban de forma indiscutible.